Recibido : 30/06/2017  Aceptado 07/11/2017

Resumen

El artículo analiza las implicaciones del proceso de conflicto socioterrritorial ocurrido por la instalación, en la región de Atacama, de la Termoeléctrica Castilla, considerando para ello una revisión cronológica de los principales hechos y el análisis de los actores involucrados en el conflicto. Para tales fines se realizó una investigación de carácter cualitativo, en la cual se entrevistó a actores claves y observó activamente la última fase del conflicto que afectó a la Comunidad de Totoral.

El acercamiento al conflicto socioterritorial permite establecer desafíos y aprendizajes en torno a las formas en que se gestan las acciones colectivas, elementos que permiten repensar las formas en que el Trabajo Social enfrenta la intervención en contextos mediados por el extractivismo, la desigualdad y el embate del sistema neoliberal.

 

Abstract

This paper analyzes the implications about socioterritorial conflict process occurred by the installation, in the region of Atacama, of the Thermoelectric Castilla, considering for that purpuse a chronological review of the essential facts and analysis of the actors involved in that conflict. A qualitative research, with key players interviewed and an active observation on the last phase of the conflict, which involves the Community of Totoral.

The approach to this socioterritorial conflict allows to learn and establish challenges about how collective action, elements that allows to rethink how social work faces intervention in a mediated contexts by extractivism, inequality and the onslaught of the neoliberal system.

 

 

Presentación

Uno de los principales desafíos en Trabajo Social es recuperar lo comunitario y territorial como ámbito de intervención e investigación. En este sentido, quienes suscriben este trabajo consideran relevante comprender las situaciones y conflictos que se producen en los contextos locales, generando lecturas que indaguen en las formas de acción colectiva con tal de potenciar las intervenciones realizadas por los y las profesionales del Trabajo Social en estas temáticas.

Entre 2013 y 2016 se investigó el conflicto entre la empresa brasileña MPX y los habitantes de Totoral, poblado rural distante a 80 kilómetros de la ciudad de Copiapó. La pugna entre ambos actores se generó por la construcción de una central termoeléctrica, la cual solucionaría, en parte, las necesidades energéticas de la región de Atacama. La instalación de la central no solo implicaba una alta demanda de agua y energía, sino también constituía una fuente importante de contaminación, afectando tanto a las tradiciones y vida comunitaria como a todo el ecosistema situado entre la Península de Punta Cachos y la Caleta Totoral.

La instalación de grandes proyectos mineros, agroindustriales y energéticos refuerza la idea de que la región de Atacama se ha configurado como una zona de sacrificio en la cual se ejecutan estrategias extractivistas financiadas por capitales transnacionales, dando paso a la ejecución de proyectos de alto impacto, contaminantes y de graves consecuencias tanto para la salud de la población como para el medio ambiente (INDH, 2012; García, 2013; Duarte y García, 2013). Simultáneamente, se produce una desvalorización de la zona por su carácter desértico significándole como un “territorio vacío”, al cual se le atribuye un valor de uso inferior (Svampa, Bottaro y Sola, 2009).

Este tipo de situaciones genera la emergencia y articulación de actores colectivos, quienes resisten dichas visiones, gestando luchas y confrontaciones respecto de las diversas lógicas e intereses manifiestos sobre el territorio. Se trata de pugnas por proyectos territoriales diferentes, entre distintos actores y sus múltiples visiones de desarrollo. Así, lo que está en conflicto no es solamente el espacio físico, sino los diversos proyectos que cada uno de los actores pone como expectativa en el territorio.

Es por esto que el objetivo de este artículo es incluir al Trabajo Social en estos debates, centrando la discusión en los conflictos socioterritoriales como el caso que aquí se analiza, pero también en la acción colectiva, elementos a considerar en las intervenciones situadas que realiza nuestra profesión.

El territorio como elemento en disputa

En las últimas décadas se observa una gran cantidad de estudios que posicionan al territorio como categoría de análisis en el estudio de las comunidades y sus acciones colectivas; es así como la idea de territorio permite situar las dinámicas, diferencias de poder y estrategias desplegadas por los actores sociales. El territorio permite comprender las relaciones sociales en un determinado espacio, en el que se encuentran contenidas prácticas sociales y sentidos simbólicos (Llanos-Hernández, 2010).

El estudio de los territorios implica la investigación del espacio, el cual se conceptualiza como “un conjunto indisoluble, solidario, y también contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia” (Llanos-Hernández, 2010, p. 217). La noción de espacio en la dialéctica de sus sistemas encuentra dinamismo y cotidianeidad, representando el contexto en el que se desarrollan las relaciones sociales, como sistema de acciones. La abstracción del espacio es tangible en la idea de territorio, donde se desarrollan las distintas acciones humanas; en la convivencia de diversos actores sociales, afectados por las posiciones y estructuras de poder, de tal manera que, “las prácticas espaciales y temporales nunca son neutrales en las cuestiones sociales” (Gonçalvez, 2001, p. 265). Así mismo, territorio y espacio están estrechamente imbricados: “el territorio está vinculado siempre con el poder y con el control de procesos sociales mediante el control del espacio” (Haesbaert, 2013, p. 13)

La noción de territorio presenta tres vertientes básicas, esto es: una línea política asociada a las relaciones entre espacio y poder, en la cual el territorio es un espacio delimitado y controlado; una segunda vertiente se relaciona con lo cultural, en la que se prioriza la dimensión simbólica y subjetiva; finalmente, la noción de territorio está asociada a una vertiente económica/economicista, en la que se visualiza el territorio como fuente de recursos, y generador de disputas en consideración a la dimensión capital-trabajo (Haesbaert, 2011). Asimismo, los territorios son lugares de implementación de la gobernanza, las políticas públicas, los programas privados y los proyectos de las grandes trasnacionales; en ellos confluyen intereses diversos y se configuran territorialidades múltiples, según los usos y abusos que se hagan del mismo, y las relaciones de poder inmiscuidas en su control (Foucault, 1979).

En relación con lo mencionado queremos relevar dos ideas para la comprensión del tema que desarrollamos en este trabajo. Por un lado, afirmar que el territorio es fruto de un proceso social que está en constante construcción y reconstrucción, constituyéndolo como un “espacio social construido” (Marín, 1995). Por otro, y derivado de lo anterior, el territorio es un ámbito en el cual se producen condiciones sociales y materiales de existencia las que son cruzadas por el poder (Haesbaert, 2011). En tal sentido, los territorios no pueden considerarse ni estrictamente naturales, ni solamente políticos, económicos o culturales, sino más bien conviven en ellos múltiples dimensiones, generando conflictos y tensiones entre los actores que interactúan, lo cual se asocia al interés y control que cada actor pretende sobre el territorio.

En los últimos años hemos presenciado a lo largo de Chile una serie de conflictos en los que existen disputas de carácter geopolítico por el uso y control de los bienes y recursos naturales. Lo anterior tiene relación con las lógicas neoliberales, como expresión actual del capitalismo, que agudizan las relaciones entre los actores inmiscuidos y generan una serie de conflictos de gran connotación. Los conflictos refieren a oposiciones en las prácticas de uso y explotación de los recursos naturales que afectan a los ecosistemas y que conducen a alteraciones en la estructura de las relaciones entre diversos actores, lo cual genera enfrentamientos y tensiones entre actores endógenos y exógenos. En este sentido, un rasgo común en los conflictos socioambientales de los últimos años es que estos han sido liderados por las comunidades afectadas, las que potencian sus repertorios de movilización a partir de la gestación de alianzas con otros actores (Rojas, Sabatini y Sepúlveda, 2003), elemento que ha permitido un posicionamiento mediático a nivel nacional y, por ende, un mayor impacto en la opinión pública, logrando fortalecer la adhesión hacia las demandas de las comunidades afectadas.

El análisis de los conflictos socio ambientales da cuenta que son mucho más que pugnas por la tenencia de un determinado recurso; en ellos se ven involucradas otras expresiones relacionadas con la protección del territorio en sus aspectos materiales y simbólicos. Lo anterior hace que en algunos casos los conflictos socioambientales deriven o desemboquen en conflictos socioterritoriales. Estos, están relacionados con las dimensiones de poder, control e intereses en el marco del espacio geográfico en el cual se presentan. En este tipo de conflictos, pueden generarse acciones colectivas y/o movimientos sociales que generan prácticas políticas, culturales y sociales, dando sentido a su actuar, en función de la defensa del territorio, al generar espacios de articulación y participación.

Los conflictos socioterritoriales pueden no ser socioambientales y pueden desarrollarse en torno a demandas locales relacionadas con la exigibilidad de derechos, la participación social o por la ausencia o carencia de los servicios prestados por las instituciones estatales (Delamaza, Thayer Correa y Gaete, 2015, p. 20). Así, el conflicto socioterritorial tiene como principal característica diferenciadora su referencia a las discusiones y visiones que los distintos actores tienen sobre el territorio y el control de sus recursos (Boisier, 2006). Los elementos que se tensionan en este tipo de conflictos tienen relación con las formas en que se vivencia, valora y determinan los territorios puesto que, dada su configuración dinámica y variable, poseen significaciones que están en permanente disputa. Los territorios congregan tensiones en torno a relaciones de poder que se gestan entre los actores, quienes atribuyen distintos significados y usos al espacio, dando cuenta de “que los grupos sociales locales producen valores de uso y de cambio, y al mismo tiempo, significados de uso que reflejan la compleja relación del orden simbólico-natural con las relaciones de producción económico-políticas” (Romero Toledo, Romero Aravena, y Toledo Olivares, 2009, p. 89). La territorialidad es un proceso que implica dominio y apropiación de los espacios, es decir la confluencia entre los aspectos económicos-políticos y simbólicos-culturales (Haesbaert, 2011).

Los problemas territoriales locales aumentan en la medida en que el crecimiento económico se basa principalmente en la explotación de recursos naturales, con el desarrollo de problemas derivados del descenso en la calidad de vida en las grandes ciudades y el paulatino degradamiento del medio ambiente urbano y rural (Sabatini, 2011). En virtud de este contexto, se agudizan los conflictos de carácter socioterritorial dado que los impactos o las externalidades afectan a territorios específicos. En el caso del sector rural, la realidad se torna aún más compleja, dado que los actores rurales han sido fuertemente impactados por el capitalismo y la acumulación que deriva de los ajustes estructurales necesarios para su fortalecimiento y mantención (Piñeiro, 2004).

Lo anterior es un punto central en el análisis de los conflictos socioterritoriales. El capital en su fase neoliberal genera modificaciones en las lógicas territoriales y de acumulación, generando reconfiguraciones espaciales, en las cuales los territorios adquieren otros valores acordes a las necesidades que tiene el capital de expandirse e intensificarse (Harvey, 2001). De esta forma, las territorialidades se replantean en torno a las relaciones que se establecen entre el poder, la historia, lo político y económico, modificando el orden social. A su vez, la lógica socioterritorial del capital destruye “instituciones sociales y formas de organización del trabajo de las formaciones sociales (..); al mismo tiempo que modifica las estructuras espaciales de cada territorio al imponer la territorialidad capitalista del patrón de reproducción de ese contexto histórico geográfico específico” (Díaz Carnero, 2014, p. 5). Considerando lo anterior, es relevante observar las resistencias comunitarias al despojo de los territorios y las formas en que se articulan estos procesos.

 

La acción colectiva en el conflicto socioterritorial

Totoral es una comunidad rural, una comunidad con historia y memoria cuya esencia es su propia resistencia y como tal, se resiste a su desaparición. El conflicto socioterritorial que aquí se revisa alude a la forma en que esta comunidad articula acciones colectivas que luego, a través de alianzas estratégicas y una apropiada lectura de las oportunidades políticas, permiten una articulación de sus repertorios y manifestaciones de protesta.

En este sentido, en el conflicto socioterritorial expuesto se identifica una comunidad territorializada que articula una acción colectiva dirigida a la recuperación y revalorización del espacio territorial que les es propio, y en el cual se organizan desde lo afectivo, cognoscitivo y relacional, dando sentido al estar juntos. (Melucci, 1991). En la investigación observamos que las personas se agrupan para la articulación de esfuerzos, herramientas y saberes tendientes a enfrentar los riesgos, generando estrategias y repertorios que les permiten accionar de forma organizada. La acción colectiva estudiada surge en respuesta a los cambios en la estructura de oportunidades políticas, lo que hace que se reaccione a una serie de incentivos de carácter material, ideológicos y grupales, dando un carácter episódico a las luchas entabladas desde estas formas de acción (Tarrow, 2004).

La acción colectiva desemboca en la constitución de un “nosotros” colectivo (Melucci, 1991), el que a su vez, desencadena la alteridad, la identificación de un otro a quien confrontar, pero también la necesidad de alianza con actores diferentes, con tal de potenciar “la convicción de que los participantes no se encuentran solos y otorgan un mayor significado a sus reivindicaciones” (Tarrow, 2004, p.50). Así, y tal como lo evidencia Melucci en 1991, los actores colectivos producen una acción colectiva organizada, en la que “son capaces de definirse a sí mismos y al campo de su acción (relaciones con otros actores, disponibilidad de recursos, oportunidades, limitaciones)” (p. 358). Esta definición de los actores colectivos les permite entablar las negociaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines determinados en función de la acción. En este orden de cosas, las comunidades forjan resistencias que se expresan en acciones colectivas, puesto que quienes conforman las comunidades son conscientes de la peligrosidad de mantenerse en la acción individual. Así, las organizaciones comunitarias como actores colectivos cuestionan no solo la forma en que se toman las decisiones, sino también generan una apertura en el debate sobre el modelo de desarrollo territorial pertinente y sustentable para el desarrollo de su actoría y territorialidad.

 

Metodología de investigación

La investigación sobre la cual se basa este artículo realizó a través de una metodología de carácter cualitativo, orientada a la captación y reconstrucción de significados (Ruiz Olabuenaga, 1999); en un proceso en el cual la selección de la muestra, la recolección de los datos y el análisis de la información se fueron generando en forma paralela, en un diálogo permanente entre estos elementos en cada una de las fases de la investigación (Ibáñez, 1990; Krause, 1995). La metodología utilizada propició un acercamiento a las interpretaciones que los actores sociales realizaron de su propia “realidad”, enfatizando la relación sujeto-sujeto (Krause, 1996).

En este sentido, las fases identificadas por Rodríguez, Gil y García (1999), se dieron de forma simultánea, no lineal. La etapa preparatoria permitió delimitar la investigación e identificar los énfasis del estudio, diseñar los instrumentos y aplicar pilotos; así también, durante este período se revisaron una serie de fuentes documentales que permitieron una mejor contextualización del conflicto. La fase de trabajo de campo, la cual se extendió por 18 meses, estuvo caracterizada por el acercamiento y permanente reflexión en torno al tema investigado. En este período se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores claves del conflicto, al mismo tiempo el grupo de investigación asistió a consejos municipales ampliados realizados tanto en Copiapó como en el sector de Pajonales, además de establecer acercamientos a autoridades políticas y actores económicos claves, sobre todo a aquellos que no se logró contactar para las entrevistas (por negativa o falta de respuesta), elementos que fueron complementados con observación participante en el territorio. La investigación coincidió con el último período del conflicto, por lo que se pudo observar en forma directa el desarrollo y desenlace de la disputa.

La etapa de análisis se realizó en tres momentos, primero en el transcurso de la fase de campo a medida que iban ocurriendo los hechos y se iba recolectando la información, permitiendo tomar decisiones metodológicas en virtud de la forma en que se establecían los sucesos. En esta fase fueron realizadas las codificaciones y análisis de contenido semántico. Una segunda instancia de análisis se produjo al finalizar el proyecto de investigación, lo que permitió generar algunas conclusiones y aproximaciones analíticas. La etapa finalizó en un tercer momento, con varios meses de distancia, en la cual se retomaron los resultados y volvió a generar análisis sobre el proceso investigativo.

La última fase, llamada informativa, es realizada a través de dos rutas: por un lado, la difusión de algunos elementos en congresos y seminarios locales, y por otro, la retroalimentación/entrega de los resultados a los actores locales y la comunidad involucrada.

 

Contexto del conflicto

Totoral es un pequeño poblado perteneciente a la comuna de Copiapó en la región de Atacama, distante a 80 kilómetros de la capital regional. Según el CENSO del año 2002, el poblado tenía una población de 69 personas, sin embargo, por diversas razones en los últimos años la población ha experimentado un descenso, registrándose actualmente 40 habitantes en su mayoría adultos y adultas. Totoral es un oasis en el desierto, cuya principal actividad es la agricultura y la ganadería a pequeña escala, sustentada gracias a la disponibilidad de aguas subterráneas en abundancia. La neblina costera establece una humedad relativa del aire promedio de un 70% (Dirección Meteorológica de Chile, 2014), constituyendo un ecosistema único. Como características del sector, y de allí su nombre, se produce en abundancia la totora, una planta silvestre, utilizada por los lugareños en la artesanía y construcción de viviendas (Infante, 2015). En materia agrícola, en la localidad se observan olivares, utilizados para la producción de aceite y aceitunas.

En 2008, la empresa de capitales brasileños MPX, postuló la construcción de una central termoeléctrica, presentada como la más grande de Sudamérica, la cual proveería energía a la actividad minera de la región y potenciaría el Sistema Interconectado Central (SIC). La empresa señalaba en su momento que la termoeléctrica generaría más de dos mil puestos de trabajos, contribuyendo con esto al desarrollo regional al entregar la energía que los proyectos mineros requerían para seguir funcionando en el desierto; todo esto en el marco de una política de responsabilidad social empresarial (Uribe, 2014).

Territorialmente el proyecto se instalaría en 600 hectáreas de la Hacienda Castilla, en el sector de Punta Cachos, aledaño al poblado de Totoral (Observatorio de Conflictos Ambientales-OLCA, 2013). Cabe destacar que, el proyecto no solo consideraba la instalación de la termoeléctrica, sino también el establecimiento de una desalinizadora y un depósito de cenizas, el cual estaba diseñado para ser implementado a tan solo 8 kilómetros del pueblo de Totoral (Uribe, 2014).

Como hemos señalado anteriormente, el sector en el que se emplazaría la termoeléctrica está en una zona en la que existen ecosistemas ricos en flora y fauna endógena, por tanto, el daño al medio ambiente y a la salud de los habitantes de Totoral era un riesgo inminente. Los perjuicios incluían la contaminación de napas subterráneas, contaminación de las tierras de cultivo y pastoreo, así como la afectación del borde costero cercano a los terrenos en los que se instalaría la termoeléctrica, afectando al turismo y la conservación de la flora y fauna nativa (Instituto Nacional de Derechos Humanos-INDH, 2012; Uribe, 2014; Infante, 2015). Sin embargo, la instalación de la termoeléctrica no solo implicaba la afectación al medio ambiente, sino también a elementos culturales y tradicionales propios de un poblado con un legado ancestral, elementos que son altamente valorados por la población y que son importantes para explicar el elevado rechazo comunitario al proyecto. Asimismo, las organizaciones comunitarias de Atacama conocían los efectos negativos de la instalación de la termoeléctrica Guacolda en Huasco (Uribe, 2014) y de los impactos altamente negativos para las comunidades, derivados de la implementación de otros proyectos extractivistas situados en la región (INDH, 2012; Duarte y García, 2013).

 

La historia del conflicto

Uno de los elementos relevantes en la investigación fue identificar los momentos importantes del conflicto, aquellos que son reconocidos como tales por las personas entrevistadas. Los relatos señalan como hito fundante y gatillante la decisión política del Concejo Municipal de Copiapó de cambiar el uso de suelo, decisión que se hace sin participación de la comunidad. Es este el elemento que facilita la instalación del proyecto en la región, pero el que escasamente ha sido recogido como tal.

Tabla 1. Cronología del conflicto

FECHA	MOMENTO/HITO
Noviembre 2008	Concejo municipal de la comuna de Copiapó cambia el plan regulador de la comuna de Copiapó (Decreto Alcaldicio N° 2.810) posibilitando con ello, la instalación de industrias de tipo molesta en el sector de Punta Cachos. La modificación se realiza sin participación ciudadana y sin antecedentes técnicos.
Diciembre 2008	Ingreso del Proyecto Termoeléctrica Castilla al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Febrero-junio 2009	Evacuación de informes y aclaraciones (ICSARA) al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Central Termoeléctrica Castilla”, recogiendo las observaciones ciudadanas y de la institucionalidad pública involucrada.
Octubre 2009	Comunidad articula una estrategia de impacto regional al convocar a diversos actores a la firma de un compromiso social y medio ambiental, que finalmente es la concreción de apoyos en contra de la instalación de la termoeléctrica. A partir de esta instancia se comienza con la difusión mediática del conflicto.
Diciembre 2009	Primeras manifestaciones de la comunidad, frente a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).
Diciembre 2009	Presentación de un nuevo ICSARA en el cual la Seremi de Salud señala que el proyecto corresponde a “industria contaminante”, y no “molesta”. Esta decisión impide a la empresa contar con un permiso sectorial necesario para su avance.
Enero 2010	Secretaria Ministerial de Salud de la época, Dra. Pilar Merino negó los permisos ambientales solicitados por la empresa y calificó el proyecto como contaminante, debido a las emisiones atmosféricas de partículas y gases, particularmente NOx.
Febrero 2010	Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) rechazó un Recurso de Reposición presentado por MPX para retrasar el proceso.
Febrero 2010	Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) decidió suspender la votación de Calificación Ambiental, coincidentemente visita Chile el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil quien se entrevista con las autoridades ambientales de la época.
Marzo 2010	Cambio de gobierno. Asume Sebastián Piñera como Presidente de la República
Abril 2010	Fortalecimiento de la movilización social y establecimiento de las primeras marchas que difunden la postura de la comunidad de no negociar. Campaña Atacama Sin Carbón, impulsada por la Familia Domínguez, dueña de buena parte de los terrenos en los que se pensaba instalar la termoeléctrica.
Junio 2010	La Secretaría Regional Ministerial de Salud, a cargo de Raúl Martínez, recalifica el proyecto de “contaminante” a “molesto”.
Julio 2010	Pobladores de la zona de Totoral, la comunidad agrícola y la familia Domínguez presentan un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, producto del cual se dio orden de no innovar en el caso Castilla, suspendiendo temporalmente la tramitación y votación del proyecto para la construcción de la termoeléctrica.
Septiembre 2010	La Corte de Apelaciones de Copiapó acoge el recurso de Protección que presenta la Comunidad de Totoral, ratificándose el carácter “contaminante” de la empresa. Tanto el gobierno como la empresa apelan al fallo, por lo que el conflicto se traslada a la Corte Suprema.
Octubre 2010	Cambio en la plana ejecutiva de la empresa, aumento estrategias de coptación de los actores comunitarios, mediante el establecimiento de ofertas económicas lo que produce divisiones internas en la organización. No obstante los anterior, la puesta en marcha de esa estrategia genera una reafirmación del rechazo comunitario a la instalación de la termoeléctrica. Marcha contra la Termoeléctrica Castilla realizada en la comuna de Copiapó, en la que participan, aproximadamente, dos mil personas. Conflicto traspasa barrera nacional, se producen articulaciones con agrupaciones internacionales, principalmente con movimientos sociales brasileños que tenían conflictos similares con empresas del mismo holding. Al mismo tiempo la Comunidad Agrícola, la Junta de Vecinos de Totoral, la Mesa Social y OLCA dirigen carta al presidente de Brasil exponiendo antecedentes del conflicto. Corte suprema ratifica fallo de la corte de apelaciones de Copiapó.
Noviembre 2010	MPX solicita a la SEREMI de Salud de Atacama revisar la legalidad de la calificación de contaminante al proyecto.
Diciembre 2010	Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica declara en un informe solicitado por MPX que el proyecto es solo molesto y no contaminante.
Febrero 2011	Acuerdo entre la familia Domínguez y MPX. Seremi de Salud de Atacama recalifica el proyecto como “industria molesta” lo que genera la reactivación del proceso de calificación ambiental. La Junta de Vecinos asume el protagonismo y junto a OLCA y la Mesa Social en Defensa de Atacama, presenta dos recursos de protección, acusando al Estado de Chile de vulneración de derechos fundamentales. Se retoma la movilización social, la que adquiere cobertura nacional.
Marzo 2011	Recurso de protección interpuesto por pescadores artesanales. Corte de apelaciones de Copiapó se inhabilita por haber conocido y elaborado un pronunciamiento sobre la materia con anterioridad, por lo que es la corte de Antofagasta la que conoce el recurso.
2011	Contraloría General de la República se pronuncia respecto de irregularidades en el proceso de cambio del Plan regulador de la comuna de Copiapó
Marzo 2012	Corte de Apelaciones de Antofagasta, acoge un recurso de protección, contra la recalificación del proyecto señalando la vulneración de derechos. Consejo de Defensa del Estado apela al fallo de la Corte, lo que deriva el asunto a la Corte Suprema en Santiago. MPX acude a un importante holding de abogados, del cual eran socios dos ministros de Gobierno. La comunidad es representada por los abogados de OLCA.
Abril 2012	Ministros de Gobierno hacen declaraciones públicas en apoyo al proyecto Castilla. Pescadores artesanales se han parte del recurso.
Junio 2012	Se convoca a audiencias de conciliación. MPX ofrece un millonario plan de mitigaciones. Fracasa la conciliación.
Julio 2012	Concejo municipal de Copiapó realiza un cambio en el uso de suelo, admitiendo solo actividades inofensivas para el medio ambiente
Agosto 2012	Se ofrece acuerdo extrajudicial a pescadores, el que es aceptado por algunos de ellos. Tercera Sala de la Corte Suprema ratifica la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en relación a la ilegalidad del proyecto Central Termoeléctrica, además el mismo fallo revoca los permisos a Puerto Castilla.

Fuente: Elaboración propia con base en OLCA, 2012; INDH, 2012; Uribe, 2014; Infante, 2015 y entrevistas realizadas a actores claves.

 

Los actores en el conflicto

En el marco de la investigación y según se iba desarrollando el conflicto, el equipo investigador consideró pertinente la identificación de las partes involucradas, visibilizando los intereses que cada actor tiene en los aspectos materiales y simbólicos del territorio. En este sentido, el análisis que aquí se expone intenta dar cuenta de las interacciones y polarizaciones que los diferentes actores tienen en virtud del conflicto. Se distinguen en esta interacción a los actores primarios, es decir, unidades decisionales que se encuentran directamente involucradas en una situación conflictiva; y actores secundarios, aquellos que tienen un interés indirecto en el resultado de la disputa, pero que no están directamente involucrados en ella.

En virtud de esta clasificación, podemos identificar como actores primarios a la Junta de Vecinos de Totoral, la Comunidad Agrícola de Totoral y el Sindicato de Pescadores de Pajonales, actores que poseen un dominio económico y geográfico sobre el territorio en disputa. Destaca en este proceso la participación de la Comunidad Agrícola, creada en 2001, conformada por 138 comuneros, quienes se configuran como actores claves en torno a la defensa de la propiedad colectiva del territorio (Infante, 2015). Algunas de las personas que integran la comunidad agrícola llegaron a acuerdo con la empresa en octubre de 2010, sin embargo, la organización como tal siempre mantuvo su postura de rechazo, manifestándola públicamente. En esta misma posición destaca el Sindicato de Pescadores de Pajonales quienes como actor primario y en contra del proyecto en sus inicios, se manifestaron a favor de la construcción de la Termoeléctrica en la etapa de conciliación con la empresa. Así también, resulta clave el papel jugado por la Familia Domínguez, dueños del terreno en el que se instalaría la termoeléctrica, quienes manifestaron su rechazo al proyecto hasta 2010, fecha en que sellaron la venta de los terrenos.

Otro actor primario es la empresa MPX, como titular del proyecto, quien desarrolló durante todo el conflicto un conjunto de estrategias tendientes al establecer contacto con los actores primarios, sin embargo, y como se verá más adelante, las relaciones que establece la empresa con otro tipo de actorías están orientadas por el interés económico y político que tiene por el territorio.

En relación con los actores secundarios, podemos inferir desde las entrevistas realizadas, la importancia que adquieren las autoridades de carácter nacional, regional y local siendo crucial su protagonismo, en determinados momentos del conflicto debido al gran nivel de injerencia en el resultado del mismo. Dentro de esta misma categoría adquieren especial relevancia los medios de comunicación, los que representan un actor influyente en el proceso. Algunos medios regionales hicieron una campaña externa para promover la Termoeléctrica Castilla y difundir los beneficios que tendría para las comunidades de la región.

A ellos se suman actorías a nivel macrocomunitario, entre las que encontramos a la Red Ambiental Copayapu y la Mesa Social en Defensa de Atacama. La Mesa Social tiene su origen en la defensa del recurso hídrico de la cuenca del río Copiapó, acción que congregó a varias organizaciones de la región, (Unión Comunal de Juntas de Vecinos, gremios de artesanos, agricultores y pescadores, grupos ecologistas, etc.) las cuales se fortalecieron al emprender acciones contra el proyecto Termoeléctrica Castilla. La macro organización convocó a la opinión pública en las diversas movilizaciones que se desarrollaron, agrupando a actores en el nivel local y regional. De igual manera la Red Ambiental Copayapu jugó un rol decisivo en este proceso, haciéndose parte de las movilizaciones y realizando el seguimiento al proceso judicial, tal y como lo ha realizado en otros conflictos socioambientales que afectan a la región.

Por último, cabe mencionar la importancia que adquiere el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) quienes asesoraron jurídicamente a la comunidad de Totoral representada en la Junta de Vecinos y la Comunidad Agrícola, lo que se tradujo en el conjunto de acciones legales emprendidas durante el proceso de conflicto, el que finalmente concluyó, en sus aspectos jurídicos, con el pronunciamiento de la Corte Suprema en el año 2012.

En este sentido, es importante destacar que en el análisis de actores se pueden trazar ciertas pautas relacionales asociadas al interés de cada una de las partes en los aspectos simbólicos y materiales del territorio, elemento que conjuga el grado de involucramiento y participación en el conflicto en sí.

Tal como lo grafica la figura, la multiplicidad de actores manifiesta variados intereses y lógicas de poder sobre el territorio. En este sentido, se identifica una comunidad empoderada, articulada en la acción colectiva y en la resistencia frente al riesgo, con bajo nivel de influencia política y social en sus primeros momentos que, pero en la medida en que se desarrolla el proceso, toma mayor protagonismo en virtud de las alianzas estratégicas que logra sostener, transformándose en un actor importante y decisivo en la resolución del conflicto.

Por otro lado, la empresa desplegó estrategias políticas, jurídicas y económicas para intencionar la concreción del proyecto, sin concretar los resultados esperados. De acuerdo con lo anterior, las personas entrevistadas concuerdan en la identificación de grandes asimetrías de poder entre los actores involucrados en el conflicto. La polarización de las posiciones a favor y en contra, y la influencia de actores externos para lograr sacar el conflicto del radio de influencia comunitaria y trasladarlo a una situación de carácter nacional, hicieron que el conflicto socioterritorial fuera visibilizado como conflicto ambiental. Este cambio, permitió conseguir las adhesiones necesarias con tal de movilizar a la opinión pública, presionando para su resolución.

Dada la asimetría de poder entre los actores primarios, vale decir, la comunidad y la empresa, la conformación de la acción colectiva permitió una alianza estratégica entre los actores comunitarios y una organización mayo, por lo cual se acudió al Observatorio de Conflictos Ambientales, lo que reforzó las estrategias de resistencia comunitaria, al potenciar los repertorios de acción y articular las manifestaciones de protesta. La acción de OLCA permitió que la comunidad pudiera enfrentar la asimetría, contando con una defensa jurídica que permitió su representación y la confrontación judicial, no solo con prestigiosos estudios de abogados de la capital, sino también, confrontándose con el Estado representado por su Consejo de Defensa. De esta forma, este conflicto socioterritorial es en sí mismo un hito jurídico y social que establece escenarios alternativos al marco legal ambiental chileno.

Es posible afirmar que el actor fundamental del conflicto fue la propia comunidad a través del establecimiento de redes locales de cooperación y articulación de iniciativas (Junta de Vecinos de Totoral y la Comunidad Agrícola de Totoral) inspirada en la necesidad de defender su territorio, poniendo especial relevancia en ello, desde una dimensión simbólica del mismo, articulando una ardua oposición a una visión extractivista y mercantilista del territorio.

Otro actor clave a destacar fue la familia Domínguez, dueña del terreno en el que se iba a ubicar la termoeléctrica. Este actor se opuso inicialmente al proyecto, desarrollando una activa campaña mediática, denominada Atacama sin Carbón (Infante, 2015), además fue parte en los recursos judiciales y generó estudios privados sobre el impacto de la instalación de la termoeléctrica. Sin embargo, al llegar a un acuerdo económico con la empresa y cambiar su posición frente al conflicto, generó, según las personas entrevistadas, un quiebre importante entre la comunidad de Totoral y en los actores que hasta ese momento habían manifestado su oposición al proyecto.

Este actor clave, que estaba en el radio de acción comunitaria y que permitía reducir la asimetría de poder, genera un cisma en los actores comunitarios al negociar con la empresa, dejando la sensación de que los mecanismos y dispositivos de control gestados por MPX daban resultados, lo que implicaba en otras palabras, la expropiación del control del territorio tal y como ha sido documentado en otros conflictos socioterritoriales ocurridos en Latinoamérica (Schiaffini, 2014).

De esta forma, el conflicto deja de negociarse entre pares (empresa-familia Domínguez), sino más bien, se establece una relación asimétrica y desigual entre “sectores de la población ocupan el sitio más débil, porque ya han sido vencidos en sus primeras defensas (…) y a lo que se aspira es a obtener lo más que pueda de ese vínculo desigual” (p. 52); sin embargo, las organizaciones comunitarias establecieron acciones que llevaron a fortalecer su posición y no claudicar frente a las presiones.

Por otro lado, la empresa y sus aliados políticos e institucionales mantuvieron durante todo el conflicto una visión material del territorio asociada al carácter productivo del mismo. En este sentido, uno de los elementos que más llama la atención es la actuación del gobierno y sus instituciones, el lobby y las continuas presiones que se realizaron para la aprobación del proyecto, generando grandes irregularidades durante todo el proceso (Infante, 2015). La defensa de los intereses comunitarios se concentra en tribunales de justicia, puesto que “el gran capital está actuando contra los intereses de la comunidad, y el Estado se ha auto-excluido de su papel de “gestor de conflictos” (Salinas y García, 2009, p. 705). De esta forma, el Estado no asume su rol de garante de los derechos de los humanos y humanas, dejando a las comunidades a expensas del mercado, comportándose como defensor de la inversión de quien tiene el capital. Este tema no es menor, puesto hace visible la subordinación de los dispositivos institucionales a los intereses del mercado, en una lógica gubernamental que privilegia los intereses privados por sobre los comunitarios. En este sentido, el conflicto por este territorio evidencia que la relación entre Estado y Mercado es una condición política estructurante de un modelo de desarrollo que condena a los territorios y comunidades a la dominación de las lógicas neoliberales, permitiendo con ello la extensión e intensificación del capitalismo transnacional.

Como respuesta a estas macro presiones, que dan cuenta una vez más de las asimetrías de poder, las estrategias comunitarias al final del conflicto se enfocaron en gestar alianzas con otros actores, lo que permitió articular una ofensiva transnacional. Esta estrategia tuvo por objeto el aunarse a movimientos sociales foráneos y generar presión en contextos tan lejanos como Brasil y Alemania. En este último país, la acción colectiva se orientó a llamar la atención mediática sobre la inversión de capitales de la empresa alemana EON a MPX, denunciando con ello las dificultades que la empresa de capitales extranjeros tenía en nuestro país (OLCA, 2012; Uribe, 2015).

Por su parte, la empresa abalada por la institucionalidad, establece un sistema de mitigaciones y compensaciones, las que constituyen formas de cooptación que tuvieron por objeto debilitar la acción colectiva y la organización comunitaria. Lo anterior se establece en el contexto de una comunidad que geopolíticamente está situada en la marginalidad, abandonada por el Estado, en un territorio vacío y a la cual se intenta despojar del poder de decisión respecto a su territorialidad y corporalidad. En este sentido, las prácticas de resistencia y las alianzas estratégicas con organizaciones de carácter nacional y transnacional, fueron las formas en que la comunidad pudo gestar acciones de defensa activa de sus territorios.

Las estrategias de debilitamiento de la acción colectiva a partir de la división y fragmentación de las organizaciones, generaron importantes tensiones al interior de la comunidad, lo que dejó heridas en el tejido social, pero que fueron enfrentadas a través de un reposicionamiento de la comunidad como sujeto de derecho, toda vez que fue este actor colectivo quien imposibilitó la instalación de la trasnacional. Así, se desarrolla una reconfiguración del territorio a partir de una nueva comprensión del mismo, en especial para aquellas comunidades más cercanas al conflicto. Esta reconfiguración no es material sino simbólica, puesto que produjo un cambio en la visión de los y las habitantes de Totoral y fortaleció su arraigo con su memoria e historia.

 

Apuntes en torno a las reconfiguraciones del territorio

El territorio en el cual transcurre este relato, es un espacio social construido y significado por sus habitantes y sus organizaciones comunitarias, pero también por actores de la esfera pública y privada, representantes de las fuerzas políticas y económicas, en los niveles local, nacional y transnacional, quienes lo han reconfigurado y valorado en función de la actividad extractiva. De esta forma, la construcción social del territorio de Totoral es afectada por múltiples relaciones de poder y diferentes visiones sobre el territorio. El espacio vacío y sacrificado se transforma en un territorio reconstituido en la conflictualidad (Mançano, 2006), entregando una identidad territorial a sus habitantes y un valor de vida distinto al que poseía en los años anteriores a la pugna.

Así también, el valor de uso del territorio ha sido trazado a nivel jurídico, puesto que el conflicto ha sido resuelto acudiendo a los tribunales de justicia, transformando el conflicto socioterritorial en una disputa paradigmática, un hito jurídico basado en la pugna por el control de un territorio específico.

Lo que sucedió en Totoral tiene varias lecturas, sin embargo, creemos que es necesario mirar este conflicto desde las modificaciones en las lógicas territoriales capitalistas. El territorio en el cual se desarrolla el conflicto pasa de ser un espacio vacío a un espacio altamente valorado por el capital, por tanto la apropiación del mismo se hace necesaria para mantener el sistema de extracción y acumulación que se ha impulsado en la zona. No es el espacio en sí el que tienen valor desde este enfoque, sino su utilidad para garantizar los procesos productivos que se promueven en la región y el país. Este es uno de los elementos distintivos del conflicto, pero no el único, sino también, el despojo del territorio, lo cual permitía la mantención de la industria transnacional extractivista y preservaba los procesos de extensión de los capitales.

Totoral era un territorio vacío, una zona que había que sacrificar para garantizar el sistema en sí, razón por la cual la acción colectiva y sus alianzas se convierten en un peligro incluso para el Estado. Esta afirmación es verificable al observar la férrea defensa de los intereses del capital por parte de los actores políticos locales y nacionales, llegando incluso a confrontar al Consejo de Defensa con los actores comunitarios, potenciando aún más las asimetrías de poder.

La expropiación del territorio es también la expropiación de los cuerpos que componen ese espacio. Cuerpos que ya han sido excluidos geográficamente, confinados en una zona de sacrificio, pero que resisten ante la lógica del mercado y el capital, valorando la dimensión simbólica de su propia territorialidad, la que configuran y reconfiguran permanentemente.

La comunidad rural, de escasos habitantes, se apropia y defiende no solo en la dimensión material del territorio sino que además se pronuncia respecto de la construcción simbólica del mismo (pasado, presente, futuro). De esta forma, el territorio ha sido reconfigurado por los actores comunitarios y sus alianzas estratégicas, como un espacio de vida, pero también de resistencia a partir de la articulación de acciones colectivas organizadas. En este sentido, la proyección del pueblo de Totoral y sus alrededores ha dispuesto una nueva forma de comprender el territorio, en la cual sus habitantes manifiestan la necesidad de construir un proyecto alternativo de desarrollo territorial, alejado del proyecto servil al mercado, manifestando la reapropiación territorial, puesto que son ellos y ellas quienes asumen el control de su territorio, para así responsabilizarse de su sustentabilidad.

 

Desafíos y aprendizajes para el trabajo social

La trama de acciones colectivas suscitadas en nuestro país a raíz de este y otros conflictos socioterritoriales requiere una apropiación de dicho contexto por parte del trabajo social. En este sentido, nuestra profesión tiene el deber y la responsabilidad de estudiar y articularse con las acciones colectivas gestadas por las comunidades (Chinchilla, 2016).

La lectura de la conflictividad social y acción colectiva es necesaria para favorecer los procesos democráticos, puesto que el conocimiento de estas acciones conlleva identificar las características del conflicto que subyace a dicha acción, sus orígenes, los actores, hitos más relevantes, nivel de politización entre otros.

Así mismo, se requieren investigaciones que desde la disciplina permitan visibilizar las transformaciones que las reformas capitalistas generan en las geografías locales; por tanto, la lectura de los conflictos socioterritoriales y la conflictividad social en general, son elementos del contexto actual que nuestra profesión no puede obviar.

Vale la pena revisar las formas en que el Estado se pone al servicio del capital, activando políticas públicas, programas y proyectos y mandatando a sus instituciones a ir en contra de las comunidades, estrechando con esto los vínculos perniciosos entre Estado y Mercado, dejando de lado el rol público que ha de tener la institucionalidad democrática y el pleno compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos y las convenciones ratificadas por nuestro país.

Podemos afirmar, después de haber seguido este conflicto de cerca, que se requiere reconocer la acción colectiva y los conflictos socioterritoriales como un ámbito de acción para el trabajo social, generando estrategias y conocimientos que favorezcan/acompañen las acciones políticas de dichos actores (Chinchilla, 2006). Para esto, reconocemos como importante el dar cuenta de las asimetrías de poder presentes en este tipo de conflictos, pero también las potencialidades de las comunidades, sus luchas y procesos de resistencia.

Lo anterior, genera un desafío tanto desde lo ético político como desde lo metodológico y teórico. Es pertinente la revisión de nuestras prácticas y repertorios metodológicos con tal de generar rutas de acción que permitan intervenciones colectivas situadas y centradas en las comunidades, repensando la intervención que el Trabajo Social realiza con los distintos actores involucrados. Así mismo, el conocimiento de la acción colectiva como aproximación teórica puede entregarnos elementos de comprensión de las situaciones y contextos en los que se gestan las acciones organizadas.

Así también, es necesario destacar que los territorios componen una unidad de análisis e intervención fundamental en los procesos desarrollados por el trabajo social. El territorio está imbricado en la comunidad, y esta se encarna en el territorio. No existe separación entre lo uno y lo otro, a pesar de los intentos análiticos de desterritorializar a las comunidades. En este sentido, comprender la multidimensionalidad de ambas construcciones facilita un abordaje situado y pertinente en las labores que efectuamos.

El trabajo social, como profesión que media entre el Estado y los sectores populares, ha de hacerse parte en los conflictos sociales, dando cuenta del malestar ciudadano y de las demandas que surgen como expresión de las profundas desigualdades territoriales en distintas regiones del país; demandas y expresiones que cuestionan las decisiones realizadas a nivel central en materias como energía, medio ambiente y calidad de vida. Los conflictos socioterritoriales develan las tensiones entre los intereses de diversos actores sobre un determinado territorio, con distintos niveles de influencia y poder, y los cuales son la actual expresión de las acciones colectivas en nuestro país.

Finalmente, creemos necesario fomentar un Trabajo Social comprometido con los sujetos y actores comunitarios, por sobre intereses institucionales que atenten contra ellos y ellas, puesto que, tenemos un campo de acción que se va entretejiendo de la mano con las organizaciones y actores a nivel local, quienes manifiestan sus territorialidades como el eje central de sus reivindicaciones sociales (Jerez, 2015).

 

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