RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue evaluar la descentralización de la atención a la discapacidad en los territorios departamentales de Paraguay. Se utilizó una metodología cualitativa basada en revisiones documentales y entrevistas estructuradas, incluyendo los 17 departamentos del país mediante una muestra censal. Los resultados indican que solo la Gobernación del Departamento Central ha designado un defensor departamental, quien no ha participado en las capacitaciones obligatorias de Senadis. Las acciones y programas varían significativamente entre las gobernaciones. Solo cuatro gobernaciones cumplen con el 5% de inclusión laboral de personas con discapacidad. Se identificaron desigualdades regionales significativas en la implementación de políticas de discapacidad. Es fundamental proporcionar apoyo financiero y logístico adecuado para garantizar una inclusión efectiva de las PcD. La investigación destaca la importancia de una colaboración más estrecha entre los distintos niveles de gobierno y una mayor conciencia sobre la importancia de las capacitaciones para lograr una verdadera inclusión de las PcD en Paraguay.
ABSTRACT
The objective of the research was to evaluate the decentralization of disability care in Paraguay’s departmental territories. A qualitative methodology based on documentary reviews and structured interviews was used, including all 17 departments of the country through a census sample. The results indicate that only the Central Department has designated a departmental defender, who has not participated in the mandatory SENADIS training. Actions and programs vary significantly among the departments. Only four departments comply with the 5% labor inclusion requirement for people with disabilities. Significant regional inequalities were identified in the implementation of disability policies. It is essential to provide adequate financial and logistical support to ensure effective inclusion of people with disabilities. The research highlights the importance of closer collaboration between different levels of government and increased awareness of the importance of training to achieve true inclusion of people with disabilities in Paraguay.
INTRODUCCIÓN
La participación ciudadana de las personas con discapacidad (PcD) se posiciona como un desafío central en el horizonte normativo de las sociedades democráticas modernas, orientado hacia la inclusión. Sin embargo, las PcD enfrentan no solo obstáculos y restricciones en diversos ámbitos de la vida social, sino que también son comúnmente representadas y definidas a partir de su condición de enfermos permanentes. Este colectivo es percibido generalmente como una otredad devaluada, portadora de etiquetas y rótulos de minusvalía y desventaja frente a los ciudadanos sin discapacidad (Solsona, 2018).
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los países deben asegurar la igualdad de condiciones para la participación de las PcD en las vidas política y pública. Además, resalta la importancia de conformar organizaciones que las representen a nivel internacional, nacional y local, y estipula que los estados deben celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las PcD a través de estas organizaciones en los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad (ONU, 2006).
Según Cunill Grau:
[…] la ciudadanía es un camino de doble vía. Por una parte, su desarrollo exige el reconocimiento y ampliación de los derechos sociales, así como el respeto de su diversidad. Por otra parte, el desarrollo de la ciudadanía exige reforzar la solidaridad como principio de organización social (Cunill Grau, 2008, p. 57).
En este sentido, enfatiza que las acciones del Estado para promover el ejercicio de la ciudadanía deben ser equitativas y apuntar al fortalecimiento de la autoorganización social. Es crucial visibilizar los resultados de las políticas aplicadas por el Estado en el caso puntual de las PcD, un colectivo frecuentemente expuesto a exclusiones y discriminaciones arbitrarias. La participación ciudadana, por tanto, se convierte en un mecanismo esencial de inclusión y reconocimiento de estos sujetos.
Morales (2009) plantea que la relación entre discapacidad y derechos humanos culmina en el concepto de ciudadanía, bajo el entendimiento de que el ejercicio pleno de la democracia y la participación pública permite que las PcD sean vistas como sujetos de derecho. La plena inclusión social, según este autor, se logra en el ejercicio de la democracia. Un país que se jacte de ser democrático y justo no puede excluir a sus ciudadanos por ser diferentes. En los procesos participativos, la diferencia debe considerarse un valor agregado, en el que la participación ciudadana se base en el derecho de todos a ser escuchados (Vega y López, 2011).
A pesar de los avances, la institucionalización de la atención a las PcD y la legislación que garantiza derechos sociales son indispensables pero insuficientes. Como señala Cunill Grau (2004), es erróneo creer que los derechos sociales por sí solos habilitan a los individuos para constituirse en miembros plenos de la comunidad; es decir, para ejercer sus deberes ciudadanos.
CONTEXTO DE LA DISCAPACIDAD EN PARAGUAY
Las políticas públicas en materia de discapacidad son el resultado de un “conjunto de acciones, decisiones, interacciones y relaciones de fuerza evolutivas” (Lagroye; François y Sawicki, 2006, p. 507) entre múltiples actores (estados, ONG, personal de los organismos intergubernamentales, etc.), cuyos recursos son extremadamente desiguales. Las interacciones entre los distintos actores implicados se producen generalmente en contextos bastante restrictivos.
En el caso de Paraguay, la discapacidad se mantuvo mucho tiempo invisible a la vida pública, solo enmarcada en el ámbito doméstico y, por lo tanto, asumida y resuelta por este ámbito (Ruffinelli y García, 2018). Recién en los años setenta, según relata el Dr. Bonifacio Irala Amarilla, a partir de una situación particular con su hija Tonia Bernardita, se empezó a ver la necesidad de que las personas con discapacidad también requerían servicios y que el Estado no les estaba brindando ninguna atención. Es más, estaban invisibilizadas (Ruffinelli y García, 2018).
Inicialmente, este requerimiento solo se daba con las personas con deficiencia mental, atendiendo al reclamo de padres en cuanto a su necesidad de escolarización primordialmente. Es importante remarcar que en ese momento él era Senador de la Nación, y la necesidad de legislación para las PcD se vislumbró a partir de la propuesta de un padre de una niña con discapacidad dentro del entorno político y económico del momento. Como señala Torres Dávila (2004), el capital individual de los entornos moviliza diversas fuerzas que configuran el campo de la discapacidad (Ruffinelli y García, 2018).
El 30 de noviembre de 1979 se promulgó la Ley 780, que creó el Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales (Inpro), dependiente del Ministerio de Educación y Culto. Este nivel de dependencia la posicionaba como subalterna, con una lectura subordinada de su función, y la ubicaba en una posición de institución inferior en relación con las demás organizaciones del Estado (Ruffinelli, 2017).
PROGRESO HACIA UN ENFOQUE INCLUSIVO Y BASADO EN DERECHOS
Esta situación se mantuvo por más de 30 años, hasta que Paraguay constituyó un paso fundamental hacia un enfoque inclusivo y de derechos para las PcD con la creación de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la Comisión Nacional de Discapacidad, creada por Ley 4.720. Esta entidad se constituyó en el principal ente rector responsable de velar y promover el cumplimiento de los derechos de las PcD. La Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Conadis) es un espacio consultivo y deliberativo de articulación entre el Estado y la sociedad civil, encargado de diseñar y acompañar las políticas destinadas al cumplimiento de los derechos de las PcD. La Conadis está conformada por representantes de los principales ministerios y siete organizaciones de la sociedad civil que representan diferentes tipos de discapacidad, sus familias y el interior del país.
La Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) trabaja en los procesos inherentes a la inclusión. Somos conscientes de la necesidad de instalar, modificar y ajustar nuestras políticas públicas, nuestras prácticas y nuestra cultura, avanzando hacia el logro de que estas sean inclusivas (Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2015-2030). El Estado asume con responsabilidad los retos de consolidar los mecanismos, instancias y espacios destinados a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las PcD. Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado fortalece su compromiso y crea la Senadis.
El Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND 2030), se vincula de manera transversal con los ejes estratégicos, líneas transversales y estrategias que guían las políticas públicas, particularmente en lo que refiere al eje sobre reducción de la pobreza y desarrollo social. La inclusión efectiva de las PcD en los territorios representa un gran desafío, no solo en Paraguay, sino en cualquier país. Los cambios de paradigma necesarios incluyen pasar de un enfoque asistencialista, que refuerza prácticas de sumisión, mendicidad y clientelismo, a un enfoque basado en derechos que proyecte autonomía, empoderamiento y participación de las personas con y sin discapacidad.
En este proceso de cambio de paradigma, el 3 de septiembre de 2021 se aprobó la Ley 6808/2021, que establece la obligatoriedad de las gobernaciones y municipios de promover la atención de la discapacidad en los territorios, garantizando así la participación y pleno ejercicio de los derechos. Esta investigación busca analizar este cambio de paradigma en la atención de la discapacidad y su implementación en las políticas públicas, específicamente en los territorios departamentales de Paraguay. De allí surge la pregunta central de esta investigación: ¿cómo se da la descentralización de la atención a la discapacidad en los territorios departamentales del Paraguay? A partir de ello se plantea como objetivo: analizar el proceso de descentralización de la atención a la discapacidad en los territorios departamentales del Paraguay, evaluando la designación de los defensores departamentales, las acciones y programas implementados, y la contratación de personas con discapacidad en las gobernaciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología utilizada en esta investigación fue de tipo cualitativa, basada en una revisión documental de los registros de capacitación de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y en entrevistas a referentes de las gobernaciones. El diseño de la investigación es no experimental y de tipo exploratorio, dado que no existen estudios previos a nivel nacional sobre este tema específico. Además, se incorpora un componente descriptivo en el estudio para proporcionar un mayor entendimiento de las dinámicas y procesos en juego.
El trabajo se llevó a cabo en dos etapas principales:
Revisión documental
En esta fase inicial, se realizó una revisión exhaustiva de los documentos disponibles en la Senadis y en las páginas web de las gobernaciones. Esta revisión permitió obtener una visión general de las políticas, programas y acciones implementadas en relación con la discapacidad.
Entrevistas
En la segunda etapa se realizaron entrevistas estructuradas a los responsables de las gobernaciones y a los defensores departamentales de la discapacidad. Las entrevistas se diseñaron para obtener información detallada y contextualizada sobre la implementación y los desafíos de las políticas de discapacidad en los distintos departamentos del Paraguay.
La población de estudio está definida por los 17 departamentos del Paraguay. Se utilizó una muestra censal, lo que significa que se incluyeron todos los departamentos en el análisis. Esta estrategia permite una visión integral y representativa de la situación a nivel nacional.
Se utilizaron las siguientes técnicas para la recolección de datos:
Revisión documental
Se analizaron los registros institucionales de la Senadis y las páginas web oficiales de los 17 departamentos del Paraguay. Este análisis documental permitió identificar las políticas y programas existentes, así como su grado de implementación y efectividad.
Entrevistas estructuradas
Se diseñó un cuestionario estructurado sobre la base de los objetivos de la investigación, el cual se utilizó para realizar entrevistas a los responsables de las gobernaciones y a los defensores departamentales de la discapacidad. Las entrevistas se enfocaron en entender las percepciones, experiencias y desafíos relacionados con la descentralización de la atención a la discapacidad. Se tomaron en consideración varios aspectos éticos durante la realización de la investigación, incluyendo:
– Confidencialidad: de garantizó la confidencialidad de toda la información proporcionada por los participantes.
– Consentimiento informado: todos los participantes fueron informados sobre el propósito de la investigación y dieron su consentimiento antes de participar.
– Respeto a las opiniones: se respetaron las opiniones y perspectivas de todos los entrevistados, asegurando que sus voces fueran representadas de manera justa y precisa.
Una limitación importante de considerar es el periodo electoral próximo, que podría haber influido en la prioridad dada al tema de la discapacidad por parte de las gobernaciones. Durante las campañas políticas, la atención y los recursos pueden estar más enfocados en las elecciones internas y nacionales, lo que podría haber afectado la disponibilidad y disposición de los responsables para participar plenamente en la investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Capacitaciones
La investigación permitió relevar la situación de la atención a la discapacidad en las gobernaciones. La revisión de los registros de capacitaciones realizados por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) reveló que ningún consejero departamental participó en las capacitaciones, a pesar de que esto es un requisito indispensable para el ejercicio de dicha función (Ley 6.808, Artículo 3).
Las capacitaciones de Senadis abarcan diez ejes temáticos:
1. Agentes involucrados
2. Aspectos claves
3. Responsables de las secretarías
4. Defensor municipal/departamental
5. Fondo de financiamiento para la inclusión
6. Comisión Municipal Departamental de la Discapacidad (Comudis/Ceddis)
7. Sistema de Registro Nacional de Geolocalización
8. Acciones para llevar a cabo de acuerdo con el Plan Nacional de Discapacidad
9. Nuevos paradigmas de la discapacidad
– Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
– Conceptos adecuados
– Modelos de enfoques en rehabilitación
– Integración vs inclusión
– Lenguaje adecuado
10. Protocolos de atención a personas con discapacidad
Este contenido es desarrollado por la Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de la Senadis, con el objetivo de establecer las bases para la prestación de servicios con enfoque de derecho, alineados con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A nivel nacional, solo la Gobernación de Central ha designado un defensor departamental de la discapacidad, aunque este no ha participado en las capacitaciones impartidas por la Senadis. Esto evidencia la falta de importancia que se da a los procesos de institucionalización y articulación de las instituciones en pos de la atención a las personas con discapacidad.
El hallazgo de que ningún consejero departamental haya participado en las capacitaciones de la Senadis es preocupante y pone de manifiesto varias problemáticas que merecen ser discutidas a la luz del marco teórico. La ausencia de participación en las capacitaciones refleja una falta de compromiso y priorización por parte de las gobernaciones hacia la atención a la discapacidad. Según Solsona (2018), las PcD son a menudo vistas como una otredad devaluada, lo que puede explicar la escasa importancia atribuida a las capacitaciones. Esta percepción negativa y devaluada puede llevar a una negligencia en la implementación de políticas y capacitaciones esenciales para asegurar los derechos y la inclusión de las PcD.
La descentralización de la atención a la discapacidad, como lo señala Morales (2009), es crucial para la inclusión efectiva de las PcD en la vida pública y social. Sin embargo, la falta de participación en capacitaciones sugiere una ineficacia institucional en los procesos de descentralización. Cunill Grau (2004) destaca que los derechos sociales, por sí solos, no son suficientes para constituir a los individuos en miembros plenos de la comunidad; se requiere de una implementación efectiva y coordinada de políticas y capacitaciones que faciliten la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos.
Comparando esta situación con otras realidades, podemos observar que en muchos países, la capacitación y formación de funcionarios encargados de la atención a la discapacidad es un componente esencial de las políticas inclusivas. Por ejemplo, en España, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ofrece una amplia gama de programas de formación para profesionales que trabajan con PcD, asegurando que estén bien equipados para implementar políticas inclusivas y brindar servicios adecuados.
Para mejorar esta situación, es esencial implementar varias medidas, como:
– Incentivar la participación: crear incentivos y mecanismos de seguimiento para asegurar que los consejeros departamentales participen en las capacitaciones.
– Fortalecer la institucionalización: reforzar la importancia de la capacitación y la formación como componentes clave de la institucionalización de las políticas de discapacidad.
– Campañas de sensibilización: implementar campañas de sensibilización para cambiar las percepciones negativas hacia las PcD y promover una cultura de inclusión y respeto.
– Monitoreo y evaluación: establecer sistemas de monitoreo y evaluación para medir la efectividad de las capacitaciones y su impacto en la atención a la discapacidad.
La falta de participación en las capacitaciones de la Senadis pone en evidencia una serie de deficiencias en el compromiso y la implementación de políticas de inclusión para las PcD. Abordar estas deficiencias mediante medidas estructurales y de sensibilización es fundamental para avanzar hacia una atención más inclusiva y efectiva en los territorios departamentales del Paraguay.
Designación de un Defensor Departamental de la Discapacidad en las Gobernaciones
En la revisión de la situación en las gobernaciones, se constató que solo existí la Secretaria. Sin embargo, la persona designada como defensor departamental aún no ha participado en la capacitación impartida por la Senadis. A pesar de la promoción mediática de esta designación, formalmente no se ha recibido la resolución de designación en la Senadis, la instancia de coordinación de acciones tendientes a la atención a las personas con discapacidad (PcD).
La publicación oficial de la Gobernación de Central indica:
La Gobernación del Departamento Central, siempre al servicio de la comunidad centralina y comprometida con los principios de igualdad e inclusión, en fecha 31 de agosto pasado por Resolución N° 5115/2022 ha modificado su estructura orgánica con la creación de la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Gobernación del Departamento Central, 2025).
Esta situación refleja varios problemas significativos en la formalidad y coordinación de los procesos de designación y capacitación de los defensores departamentales de la discapacidad:
La falta de comunicación formal entre la Gobernación de Central y la Senadis en la designación del defensor departamental de la discapacidad indica una debilidad en la coordinación interinstitucional. Según Cunill Grau (2008), una gobernabilidad democrática efectiva requiere de una fuerte coordinación entre las diferentes instituciones del Estado para asegurar que las políticas públicas se implementen de manera coherente y efectiva. La ausencia de esta coordinación puede resultar en una implementación fragmentada y desigual de las políticas de discapacidad.
A pesar de la promoción mediática de la creación de la Secretaría de Discapacidad en la Gobernación de Central, la falta de una resolución formal y la ausencia de participación en las capacitaciones obligatorias señalan una deficiencia en la formalización de los procesos. Esto sugiere que, aunque las intenciones de avanzar en la inclusión de las PcD son comunicadas públicamente, la falta de procedimientos administrativos y formales adecuados limita la efectividad de estas iniciativas. Morales (2009) subraya que la plena inclusión social de las PcD no solo depende de la existencia de políticas, sino también de la implementación efectiva y formal de las mismas.
La no participación del defensor departamental en las capacitaciones impartidas por la Senadis es una clara violación de los requisitos establecidos por la Ley 6.808, Artículo 3. Esto no solo compromete la capacidad del defensor para desempeñar sus funciones de manera efectiva, sino que también evidencia una falta de compromiso con los procesos de profesionalización y desarrollo de capacidades necesarias para atender adecuadamente a las PcD.
En comparación con otros países que han implementado con éxito políticas de discapacidad, la situación en Paraguay muestra una clara necesidad de mejorar la formalización y coordinación de los procesos.
Esto requiere:
– Fortalecer la coordinación interinstitucional: establecer mecanismos claros y formales de comunicación y coordinación entre la Senadis y las gobernaciones para asegurar que todas las designaciones y capacitaciones se realicen de manera efectiva.
– Formalizar procedimientos administrativos: asegurar que todas las designaciones de defensores departamentales de la discapacidad sean formalizadas a través de resoluciones oficiales y que estas sean comunicadas a todas las partes relevantes.
Acciones realizadas por las gobernaciones para la atención a PcD
A continuación, se presentan las acciones realizadas por las gobernaciones en relación con la atención a las personas con discapacidad (PcD):
Estas observaciones revelan una variabilidad significativa en la atención y las acciones realizadas por las gobernaciones en relación con las PcD. Mientras algunas gobernaciones han avanzado en la inclusión laboral y la creación de secretarías específicas, otras aún carecen de estructuras y recursos adecuados para atender a este grupo vulnerable.
La variabilidad en las acciones de las gobernaciones puede ser comprendida y analizada desde varios marcos teóricos relevantes:
La descentralización administrativa implica la transferencia de responsabilidades y competencias desde el gobierno central hacia los gobiernos locales o regionales. Según la teoría de la descentralización, una mayor proximidad de las autoridades locales a los ciudadanos puede mejorar la eficiencia y la receptividad de las políticas públicas (Rondinelli et al., 1983). Sin embargo, la descentralización también puede resultar en disparidades regionales si no se acompaña de recursos adecuados y capacitación, como es el caso en varias gobernaciones de Paraguay.
La gobernanza multinivel se refiere a la interacción y cooperación entre diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local) y actores no gubernamentales (NGO, sector privado, etc.) en la formulación e implementación de políticas públicas (Hooghe y Marks, 2003). En el contexto de la atención a las PcD, la falta de coordinación entre la Senadis y las gobernaciones locales sugiere debilidades en la gobernanza multinivel, lo que resulta en una implementación desigual de las políticas de discapacidad.
El marco de los derechos humanos, particularmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, establece que los estados deben garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación para las PcD (ONU, 2006). La variabilidad en la atención a las PcD entre las gobernaciones de Paraguay indica que no se están cumpliendo uniformemente estos principios, lo que puede ser visto como una violación de los derechos humanos de las PcD.
Para abordar las disparidades y mejorar la atención a las PcD en las gobernaciones de Paraguay, es indispensable:
– Fortalecer la coordinación interinstitucional: mejorar la comunicación y la colaboración entre la Senadis y las gobernaciones locales para asegurar una implementación coherente y efectiva de las políticas de discapacidad.
– Asegurar recursos adecuados: garantizar que las gobernaciones cuenten con los recursos financieros y humanos necesarios para implementar las políticas de discapacidad de manera efectiva.
La variabilidad en las acciones de las gobernaciones en Paraguay refleja desafíos significativos en la descentralización y la gobernanza de las políticas de discapacidad. Abordar estas disparidades es crucial para asegurar la inclusión y el respeto de los derechos de las PcD en todo el país.
Personas con discapacidad en gobernaciones
Análisis de la contratación de personas con discapacidad en las gobernaciones
A continuación, se presenta un análisis detallado sobre la contratación de personas con discapacidad (PcD) en las gobernaciones del Paraguay, basado en datos proporcionados por la Secretaría de la Función Pública en noviembre de 2022.
El análisis de la contratación de PcD en las gobernaciones del Paraguay revela varias tendencias y desafíos significativos en la implementación de la Ley 2.479/2004 y su modificatoria Ley 3.585, que establece un mínimo de 5% de inclusión laboral para PcD en el sector público.
Cumplimiento de la Ley
De las 17 gobernaciones, solo cuatro cumplen con el porcentaje requerido del 5%:
1. Caazapá (5,94%)
2. Central (5,77%)
3. Alto Paraná (6,45%)
4. Alto Paraguay (8,16%)
Este cumplimiento indica un compromiso significativo de estas gobernaciones con la inclusión laboral de las PcD, destacándose especialmente Alto Paraguay, que supera con creces el porcentaje mínimo requerido.
Cinco gobernaciones muestran un progreso inicial hacia el cumplimiento de la ley, aunque aún no alcanzan el 5%:
1. Concepción (3,05%)
2. San Pedro (3,16%)
3. Amambay (3,73%)
4. Pte. Hayes (4,00%)
5. Canindeyú (2,47%)
Estas cifras indican un esfuerzo por parte de estas gobernaciones para avanzar en la inclusión de PcD en el mercado laboral, aunque aún se requiere un mayor compromiso y acciones concretas para alcanzar el porcentaje establecido por la ley.
Varias gobernaciones muestran un bajo cumplimiento de la ley, destacándose las siguientes con porcentajes notablemente bajos:
1. Ñeembucú (0,84%)
2. Boquerón (1,37%)
3. Cordillera (1,08%)
4. Paraguarí (0,00%)
Estas cifras son preocupantes y sugieren una falta de iniciativa o recursos para cumplir con la ley de inclusión laboral de PcD. La situación en Paraguarí es especialmente alarmante, ya que no ha contratado a ninguna PcD, lo que representa un incumplimiento total de la normativa.
La evidente disparidad en el cumplimiento de la ley delata la necesidad de implementar sanciones y medidas correctivas para aquellas gobernaciones que no están cumpliendo con las obligaciones legales. Según la teoría de la justicia social de John Rawls (1971), es esencial que todas las instituciones públicas garanticen la igualdad de oportunidades para todos los individuos, incluyendo las PcD. La falta de cumplimiento de la ley perpetúa la exclusión y la desigualdad, lo que contraviene los principios fundamentales de una sociedad justa.
Comparando esta situación con otras realidades internacionales, en países como España, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social establece que al menos el 7% de las plazas deben estar reservadas para PcD en el sector público, y existen mecanismos de sanción y monitoreo para asegurar el cumplimiento. Este tipo de políticas no solo promueven la inclusión sino que también garantizan un cumplimiento más estricto y uniforme.
El análisis muestra una variabilidad significativa en la contratación de PcD en las gobernaciones del Paraguay. Si bien algunas gobernaciones están cumpliendo con la ley y promoviendo la inclusión, otras están rezagadas, lo que indica la necesidad de acciones más firmes y coordinadas para asegurar la igualdad de oportunidades para todas las PcD.
CONCLUSIÓN
El objetivo de esta investigación fue analizar el proceso de descentralización de la atención a la discapacidad en los territorios departamentales del Paraguay, evaluando la designación y funciones de los defensores departamentales, las acciones y programas implementados, y la contratación de personas con discapacidad en las gobernaciones. A través del análisis de datos recopilados mediante revisiones documentales y entrevistas, se han identificado varias deficiencias y desigualdades en la implementación de políticas de inclusión para las personas con discapacidad (PcD) a nivel departamental.
Designación y capacitación de defensores departamentales
La investigación reveló que solo la Gobernación del Departamento Central ha designado un defensor departamental de la discapacidad, pero este no ha participado en las capacitaciones obligatorias impartidas por la Senadis. Esto evidencia una falta de formalidad y coordinación en los procesos de designación y capacitación, comprometiendo la eficacia de estos defensores para promover y proteger los derechos de las PcD.
Acciones y programas implementados
Las acciones realizadas por las gobernaciones muestran una significativa variabilidad. Algunas gobernaciones, como Caaguazú y Alto Paraná, han avanzado en la inclusión laboral de PcD y en la creación de secretarías específicas. Sin embargo, otras gobernaciones, como Paraguarí y Ñeembucú, aún carecen de estructuras y recursos adecuados, reflejando una falta de compromiso y recursos destinados a la atención de este grupo vulnerable.
Contratación de personas con discapacidad
El análisis de la contratación de PcD muestra que solo cuatro gobernaciones cumplen con el porcentaje requerido del 5% de inclusión laboral: Caazapá, Central, Alto Paraná y Alto Paraguay. Varias gobernaciones están iniciando el proceso de cumplimiento, mientras que otras, como Paraguarí y Ñeembucú, presentan un cumplimiento extremadamente bajo o nulo, indicando una urgente necesidad de sanciones y medidas correctivas.
Desigualdades regionales y necesidad de coordinación
La investigación destaca desigualdades regionales significativas en la implementación de políticas de discapacidad, lo que pone de manifiesto la importancia de una coordinación interinstitucional efectiva y un monitoreo continuo. La descentralización administrativa debe ir acompañada de recursos adecuados, capacitación y compromiso por parte de todas las gobernaciones para asegurar una implementación coherente y efectiva de las políticas de discapacidad.
En conclusión, aunque existen avances en algunas gobernaciones, es fundamental abordar las deficiencias identificadas para garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión plena de las PcD en Paraguay. La implementación efectiva y coordinada de las políticas de discapacidad es esencial para construir una sociedad más justa e inclusiva.
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