Autor
Cindy Lorena Monroy.1
Diana Castillo.2
Natalia Corredor Parra.3
Johana Rivera Izquierdo.4
Introducción
El presente ensayo adscrito en la Línea de Derechos Humanos y fortalecimiento democrático es resultado de una reflexión teórica, generado a parir del proceso de Trabajo de Grado del programa de Trabajo Social, en cuanto a los aportes que el movimiento estudiantil colombiano ha dado a los procesos de movilización social en Colombia, con el fin de mostrar el recorrido de este movimiento en el contexto político, económico y social para la reivindicación del derecho a la educación y las contribuciones que ha tenido el actual movimiento estudiantil al fortalecimiento de los procesos de movilización social hoy en Colombia.
En un principio, este trabajo presenta la relación entre el trabajo social y los movimientos estudiantiles para identificar que el Movimiento Estudiantil es objeto de estudio para la disciplina; en segundo lugar, se da a conocer la trayectoria histórica de los movimientos sociales en el contexto latinoamericano a partir de las coyunturas en un marco político, social y económico, que contribuyeron a las principales características de expansión y reformas en la educación superior; en tercer lugar, se analiza la trayectoria de los movimientos estudiantiles en América Latina, destacando el contexto histórico y político de países como Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y México.
En cuarto lugar, se expone el movimiento estudiantil colombiano, dando a conocer su surgimiento y coyunturas políticas, sociales y económicas desde la reforma de la Ley de Educación 30 de 2011. Sobre esta base se da a conocer el pliego de peticiones del movimiento estudiantil actual Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), plasmado en su programa mínimo.
Por último, se presentan los aportes dados por el actual movimiento estudiantil colombiano a los procesos de movilización social en el país. Este análisis se nutre de entrevistas realizadas a los principales líderes de este movimiento, basadas en tres categorías fundamentales: trayectorias, formas de organización y estrategias de visibilización y movilización.
Abstract
The present test ascribed in the end of Human Rights and strengthening Democratic is the result the theoretical reflection generated from the process of degree work the social work program as soon as to the Contributions the Colombian student movement he has given to processes social mobilization in Colombia order to show the way this movement has had in the political, economic and social context for claiming a right to education and the contributions they have had the current student movement to strengthen processes social mobilization in Colombia today.
Initially this work presents the relationship between social work and student movements to identify the Student Movement is the subject of study for the discipline second is given to know the historical trajectory of social movements in the context Latin American starting at in to the joints a frame political social and economic that contributed to main features of expancion and reforms in higher education thirdly the trajectory of student movements in Latin American emphasizing the historical context and political of countries like Chile , Brazil, Argentina , Uruguay and Mexico where it occurred large mobilizations of Student Movement.
Fourth is exposed in Colombian student movement giving to know its emergence and joints of the policies social and economic since the reform of the Education Act 30 of 2011 about the base is given to this know the statement of requests the current student movement National Bureau Wide Student (MANE) embodied in its program minimum. Finally present the contributions dice by the current Colombian student movement to the processes of mobilization social at country this analysis occurs by interviews performed to major leaders this movement based into three categories fundamental trajectories, forms of organization and strategies of visibility and mobilization.
Relación entre el Trabajo Social y movimientos estudiantiles
Los movimientos estudiantiles en Colombia son objeto de estudio para el trabajo social, en la medida en que se identifican nuevos procesos de movilización y participación social, lo cual demanda posturas metodológicos y reflexivas que vinculen la realidad social con las nuevas dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas que generan en los sujetos inestabilidades e inconformidades que se pueden abordar por medio de la conformación de grupos organizados y estructurados para brindar soluciones a problemáticas sociales.
Esta organización de la comunidad puede ser, por un lado, una acción colectiva, entendiendo esta como la manifestación de la inconformidad expresada con acciones y objetivos en conjunto; sin embargo, se presenta de forma efímera. Por otro lado, si la comunidad parte de la unión de organización, estrategia y movilización, se puede conformar un movimiento social, puesto que este es la expresión de organizaciones populares y sindicales cuyo objetivo principal es el desarrollo del bienestar integral que se ha visto envuelto en una realidad saturada de variables sociales, de carácter político, que se encuentran en constante cambio.
La organización y la participación, en la consolidación del Movimiento Estudiantil Colombiano, se han convertido en un aspecto clave y diferencial del mismo, lo que propicia la estructuración del movimiento para llegar a la toma de decisiones concernientes a su abordaje social, lo que determina el surgimiento de un rol de liderazgo y formas de comunicación al interior del movimiento. Partiendo de lo anterior, el trabajo social opera con grupos, comunidades y familias, diseñando distintos panoramas frente a las fuerzas sociales, comunicación y relaciones, lo cual genera un vínculo no solo en una unidad familiar, grupal o comunitaria, sino que deja ver el compromiso manejado dentro de las relaciones de un trabajo colectivo. En este sentido Aquin (Aquin, 1998, pág. 123) sostiene que los movimientos sociales son objeto de estudio del trabajo social en tanto estos “tienen la capacidad de trascender al espacio público, haciendo visible la heterogeneidad que contiene, transformando las debilidades particulares en una sola fuerza”; es decir, es en el estudio de los movimientos que se denotan las fuerzas sociales en tensión y las luchas sociales que buscan la reivindicación de los sujetos oprimidos. Este es el caso del movimiento estudiantil, como movimiento social que visibiliza la voz de los actores implícitos en el debate por la defensa de la educación, como un derecho fundamental.
Los Movimientos Estudiantiles en Colombia buscan la reivindicación y reconocimiento de los Derechos Humanos que, a lo largo de la historia, se han constituido en un discurso legítimamente adoptado. El trabajo social, como profesión, promueve el cambio social, en el marco de la resolución de los conflictos en las relaciones humanas y el fortalecimiento de la sociedad civil como actor social, buscando un bienestar colectivo bajo la responsabilidad ético–política de transcender la esfera de lo legal y llegar a la aplicabilidad del discurso a través de la defensa, la promoción, la protección y la exigibilidad de los Derechos Humanos que garantiza la construcción de una sociedad con equidad. En consecuencia, es preciso mencionar:
El profesional de Trabajo Social en su calidad de facilitador en el proceso de promoción social, puede entonces orientar la ejecución de movimientos sociales en forma científica y dialéctica: científica por cuanto reúne teoría, metodología y técnica importantes para abordar y fortalecer estructuras y procesos organizativos para la gestión social; y dialéctica, en tanto que tales movimientos deben ser congruentes con la dinámica que presentan los diferentes escenarios de la realidad. (Rodríguez, 2004. Pág. 20).
Partiendo de la relación de Trabajo Social y los movimientos sociales frente a sus dos formas de abordaje, se puede decir que, en su dimensión científica, se han presentado avances a nivel metodológico, y a medida que la sociedad va planteando nuevas dinámicas de organización y gestión social las técnicas y teorías en Trabajo Social se adaptan a nuevos procesos; sin embargo, en los movimientos sociales se siguen usando teorías de otros campos disciplinares. Por otro lado, la dialéctica de trabajo social con los movimientos sociales se evidencia en la medida en que la realidad social es cambiante y el trabajo social propicia cambios.
Los movimientos estudiantiles en Colombia han establecido una relación crítica no solo con el Estado, sino que también al interior de la sociedad civil en relación con los partidos políticos, cuestionando su razón de ser y, asimismo, la creación y estipulación de políticas públicas que no tienen en cuenta las necesidades de la sociedad civil, que en múltiples ocasiones agreden a la población, alterando el orden social. Es por ello que el trabajo social desempeña un rol fundamental en la comprensión de los movimientos estudiantiles, ya que desde la normatividad de la “profesión se estipula que el Trabajo Social está en la obligación de intervenir en procesos y proyectos relacionados con las políticas de bienestar, desarrollo humano y social, teniendo presente los metacriterios de la democracia (bien común, justicia y libertad)” (Consejo Nacional de Trabajo Social. CONETS, 2002).
Es necesario tener en cuenta la trayectoria histórica que tiene el Movimiento Estudiantil, que permite problematizar el discurso de la educación pública y la vulneración de los derechos fundamentales, puesto que en el contexto colombiano se ve una inequidad dentro del sistema educativo respecto de la calidad y la cobertura. Es allí donde el trabajo social adopta un rol en la esfera educativa con el fin de garantizar mejores oportunidades para la sociedad frente al acceso al sistema educativo.
Es conveniente indicar que la dinámica de los movimientos sociales ha tenido alcances relevantes por medio de las movilizaciones sociales y las acciones colectivas, lo cual permite que la sociedad civil genere procesos de participación, criterio y análisis en los distintos momentos coyunturales por los cuales puede atravesar un país como Colombia. Es por ello que el trabajo social se ve fuertemente implicado con el accionar de los movimientos sociales, pues no solo buscan la participación comunitaria y autogestionaria, sino también la no vulneración de los derechos fundamentales, en este caso el educativo, a la vez que fomenta cambios en las dinámicas sociales a nivel institucional y colectivo.
Movimientos sociales en el contexto latinoamericano
Un movimiento social surge como una respuesta sectorial a los desafíos, desequilibrios y desigualdades sociales determinados por la evolución económica y política. Generalmente subsiste mientras las estructuras que lo sustentan perduren y lo justifiquen. Las diversas corrientes de las ciencias sociales le han atribuido relevancia al tema de los movimientos sociales, pues estos se han presentado tanto en países desarrollados e industrializados, como en áreas en vías de desarrollo como lo es Latinoamérica. El desarrollo diverso de los movimientos sociales obedece a múltiples factores relacionados con la evolución del contexto histórico y económico en el cual se sitúan.
Algunos factores son:
La generación de estados dictatoriales en Latinoamérica inspirados en la doctrina de seguridad nacional destruyó diversos grupos políticos anticapitalistas y acentuó el carácter de Estado represivo, generándose reacciones defensivas de la sociedad civil, fortaleciéndose y dando paso a la organización de importantes grupos denominados de izquierda.
La multiplicación de las reivindicaciones de grupos minoritarios que profundizaron la conciencia de su postergación a favor de los cambios operados en todo el mundo como consecuencia de la expansión económica a la que obedeció el fin de la segunda guerra mundial. Entre estas minorías se destacan los movimientos feministas, las agrupaciones barriales, los movimientos estudiantiles, el movimiento sindical (Mariano F. E., 1992, p. 13).
La crisis de la hegemonía política que se presentó a partir de 1964, y que fue más marcada en la década de los años setenta generó por parte de los estados la formación de dictaduras militares con las cuales se creía que se iba a reinstaurar el orden. Cabe resaltar que estas dictaduras contaban con el apoyo de los Estados Unidos, sumado a ello que la crisis mundial económica determinó, como consecuencia para la mayoría de los países en vías de desarrollo, un desolador panorama que comprometió a todos los sujetos dependientes del Estado. Esta fue la creciente constante en la deuda externa de los países latinoamericanos.
Es así como la clase media y las clases subordinadas, pese a los impactos de la crisis hegemónica, vuelven a movilizarse con más fuerza y se integran a un programa de democratización política, en donde uno de los objetivos era la abolición de las dictaduras que en ningún caso lograron resolver la crisis. Hacia el año de 1976 se difundió la defensa de los Derechos Humanos y, debido a la disolución de la Unión Soviética, se asumió el supuesto fin del autoritarismo y de todos aquellos regímenes sanguinarios.
La presencia de las dictaduras en América Latina hasta la década de los ochenta fortaleció la dinámica de los movimientos sociales en favor de la democratización, a través de negociaciones de los grupos dirigentes sociales y políticos con las cúpulas militares y la politización de la acción social colectiva, lo que motivó una estrecha relación entre la sociedad civil y los movimientos sociales que más adelante se verían afectados por los cambios en el modelo de acumulación del subcontinente que surgieron a partir de la Revolución Mexicana. Estas situaciones fijaron nuevos rumbos entre los antiguos y nuevos movimientos sociales en América Latina.
El crecimiento del desempleo, desequilibrios económicos en algunos países centrales, el deterioro en la políticas de bienestar social son algunos de los factores que provocaron grandes cambios en la economía mundial que obligaron a generar cambios en los modelos económicos de desarrollo a partir de la expansión de la globalización en la economía internacional, lo que generó grandes consecuencias en las regiones expresadas en una crisis denominada de “deuda externa asfixiante” (incremento del desempleo, aumento en la tasa de inflación, baja de salarios, incremento en los conflictos sociales y en la calidad de vida de la población).
El incremento que se dio en los conflictos sociales se vio reflejado en varios momentos. El primero tuvo que ver con la defensa de la condición obrera dada por la dinámica capitalista y el proceso de desindustrialización de la economía, lo que generó resistencia y reacciones fuertes de los sindicatos y movimientos obreros.
El segundo se relaciona con los procesos de urbanización con respecto a la industrialización en el marco de las exigencias de mejora de la calidad de vida urbana frente al desajuste entre el crecimiento del consumo colectivo en contraposición con recursos por parte del Estado para satisfacer este tipo de necesidades. Esto suscitó nuevas formas de acción colectiva, luchas urbanas a través de juntas, asociaciones vecinales y comités locales.
En tercer lugar, se gesta un nuevo conflicto relacionado directamente con la tierra y la etnicidad en el contexto de las reformas agrarias de cada país, ya que se presentaban problemas en cuanto al acceso a la tierra, la inequidad en el mercado y la ausencia de autonomía por parte de los campesinos, surgiendo así movimientos campesinos. Otro campo de conflicto se dio con respecto a la vindicación de las relaciones de género equitativas, proclamando los derechos humanos y la transformación de las relaciones de poder y de dominación.
En cuarto lugar, se formó otro conflicto referido a las limitaciones de desarrollo bajo los regímenes dictatoriales y las relaciones de poder que restringieron los derechos de los jóvenes en la participación en procesos y escenarios de recuperación y transformación de la democracia. La dinámica de estos procesos democráticos confluyó en los partidos políticos por medio de sus proyectos, el Estado y la participación de otros actores, conformándose un campo de conflicto pues no hubo una implementación de reformas que buscaran regular las formas de dominación y relaciones de poder que se estaban desarrollando. Como lo escribió Carlos Filgueria, citado por Gutiérrez, (Gutiérrez, 2012, p. 97) “Es más fácil hacer política que hacer políticas, y la política deviene fácilmente ritualista, aun cuando se pretenda innovadora”.
Para el periodo de los noventa se dio paso a la mundialización capitalista en su forma neoliberal, la cual inicia por la formulación del economista británico John William con el Consenso de Washington, quien dio paso a un conjunto de políticas de corte neoclásico con el fin de lograr una estabilización económica a las recién instauradas economías de mercado adquiridas por las situaciones de protección y regulación que se estaban viviendo en ese momento. Algunas de estas políticas fueron “propuestas de ajuste estructural, orientadas a modificar sustancialmente el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones (ISI), en el que el Estado desempeñaba un rol central como motor del crecimiento” (Lepre, 2008).
Sin embargo, los resultados de la implementación de estas políticas fueron desalentadores pues determinaron grandes consecuencias en términos sociales y democráticos en sectores populares al descomponer las formas de producción que configuraban la vida cotidiana, lo que aumentó la conflictividad social que desembocó en resistencias y protestas en Latinoamérica.
Las tendencias de lucha obrera fueron quizá la marca particular que constituyó no solo uno de los ejes más destacados de conflictividad social en Latinoamérica, sino que de una u otra manera tuvieron un papel destacado en la articulación de acciones de otros sujetos colectivos, lo que género el punto de ruptura entre los antiguos y nuevos movimientos sociales. En este sentido, “los actores pueden ser los mismo de los países del centro – Estado, trabajadores y consumidores, pero las convergencias pueden producir nuevas identidades que, como ya se ha dicho, no responden a interés a priori, sino que son construcciones históricas. Además, las identidades son múltiples: la gente puede movilizarse como mujeres o maestros, estudiantes o demócratas, trabajadores o socialistas. (Archila, 2005, p. 58).
Las nuevas y anteriores formas de lucha en América Latina recogen múltiples formas de descontento que son el resultado de una sociedad civil inconforme y dispuesta a movilizarse y defender sus derechos, eliminando las brechas sociales ajenas al Estado y a los partidos políticos. Los sectores subordinados a partir de los años 40 fueron descubriendo una constante opresiva por parte del Estado, lo que generó una relación entre cultura y política frente al accionar de los movimientos sociales, puesto que estos no solo participan dentro de las culturas que forman parte de una sociedad, sino que a su vez inciden en la construcción de las políticas que promueven en los sujetos un sentido de ciudadanía y su relación estrecha con los nuevos espacios de lo público (redes sociales), aspecto que antes no se consideraba importante en la dinámica de los movimientos sociales.
Es así que, por medio de la constatación que resulta del seguimiento de los conflictos sociales en América Latina, no solo se reconocen las trasformaciones estructurales que impuso el neoliberalismo sobre todos los procesos de la vida cotidiana y las reivindicaciones sectoriales que cuestionaban la política y la economía neoliberal, sino que a su vez la legitimidad de las políticas de los gobiernos en América Latina. Todas estos cambios no solo se agudizaron en los procesos de reconfiguración espacial y social en el mundo del trabajo, sino además que su particularidad y dualidad se presentó a su vez en el espacio urbano.
En los conflictos urbanos, los trabajadores del sector público (maestros y profesores), así como el sector estudiantil, tienen un papel significativo principalmente frente a las políticas de reforma y privatización, instauradas por las políticas neoliberales que se enmarcaban principalmente en la concentración del poder en las decisiones políticas y económicas que se tomaban y que pautaron aspectos en el desarrollo de la educación superior latinoamericana.
En este sentido, para hablar de educación superior en América Latina no solo deben tenerse en cuenta las oportunidades que se generan para acceder a ella, sino que a su vez las exigencias que tiene el sistema económico y el puesto ocupado por la movilidad y la probabilidad de perspectivas a un trabajo calificado como una vía de ascenso social, razón que hace que en América Latina aquellas personas que estén en la escuela y en la universidad se sientan comprometidas con una sociedad con capacidad de cambio e integración.
En este contexto, la educación superior no deja atrás la noción de que los jóvenes universitarios presentan rasgos característicos de acción colectiva, ya sea porque en cierta medida, así como las personas en general se han rebelado contra aquellas formas de opresión en forma colectiva y se les reconoce como movimientos sociales, los estudiantes a su vez, al expresar determinadas inconformidades, generan manifestaciones en forma colectiva y se denominan como movimientos estudiantiles.
El movimiento estudiantil en el contexto latinoamericano
La universidad expresa día a día los anhelos por acceder a los mecanismos de ascenso social y así cumplir los requerimientos del sistema productivo, lo que motiva la aparición de más carreras técnicas y menos humanistas. Así, la universidad pasa de representar a la pequeña burguesía, a las nuevas capas medias. La problemática estudiantil se piensa además desde el ámbito del egreso de los técnicos y los intelectuales a la vida laboral, como la aspiración a cambios democráticos en la sociedad. Vincula al estudiante con la idea del cambio, y la universidad se vuelve productora en función de las exigencias del mundo capitalista del trabajo, convirtiendo a los estudiantes en una masa disponible para la protesta anticapitalista en cuanto a la insatisfacción vinculada con el ascenso social.
Es por esto que los movimientos estudiantiles latinoamericanos buscan un poder alterno, no necesariamente formal, que les permita adquirir autonomía frente a las formas de vida y desarrollo humano, en donde uno de los ejes sea la vivencia de los derechos humanos y la eliminación de un estado opresor. Por ende, la lucha social de estudiantes implica expresiones organizadas social y políticamente que tienen un rol determinante en la lucha por la autonomía en la educación pública y por la participación estudiantil en el gobierno.
Por esta razón, la universidad y su papel en la formación social, así como la estrecha relación con los componentes políticos y económicos, permite en consecuencia definir la situación de la universidad latinoamericana y comprender su función, objetivos y su naturaleza.
Si la primera misión de la universidad es la formación de técnicos y científicos que creen, programen, dirijan y organicen el proceso productivo, es lógico deducir que al no poder las economías de nuestros países impedírselo, la estructura de poder internacional dentro de la cual están inscritas y de la cual dependen, producir medios de producción, esta función científica y técnica de la universidad no tiene vigencia, no tiene ámbito. (Hurtado, 2011, p. 23).
No obstante, todo esto repercutió en que la calidad de servicios que proporcionaba la universidad pública, en relación con la cantidad creciente de aspirantes que se presentaban, parecía haber desmejorado bastante, lo que parece una respuesta a la formación profesional y a la diferenciación institucional que se estaba presentando y que se configuraba en torno a instituciones que se diferenciaban en cuanto a calidad, costos, recursos y algunas orientaciones en el mercado, permitiendo la competencia entre las distintas instituciones para captar la demanda.
Es necesario presentar las distintas transformaciones que han transcurrido en los sistemas de enseñanza superior en América Latina, principalmente en todos los cambios experimentados por los modelos de desarrollo económico y social que hicieron que la organización de los sistemas y las instituciones fueran parte central en la participación de los alumnos en la construcción de la historia académica.
Reforma universitaria
Según (Hurtado, 2011, p. 51), “la revolución rusa, el surgimiento de un incipiente capitalismo y la primera guerra mundial son los tres hechos cardinales, que unidos entre sí, penetrándose y generándose recíprocamente, crean las condiciones y las necesidades para el replanteamiento de la misión de la universidad”. Si bien es cierto, para esto debe retomarse y analizarse la reforma universitaria en la cual debe incluirse la del 17 de junio de 1918, que se da en un principio a través de las contradicciones y luchas que se han presentado entre la metrópoli y los grupos sociales; por esta razón, los planteamientos que tiene esta reforma se corresponden, en un nivel ideológico, con la función que tiene la universidad con respecto a la aceptación de valores y costumbres que tiene la sociedad dominante y, a su vez, con el momento de coyuntura en el cual fueron proclamados.
Fue a partir de todo el marco socio-económico e histórico-político que se había configurado en la sociedad latinoamericana que estalló el grito de Córdoba, en un principio como articulación de ese nivel ideológico con los demás elementos de crisis social, y que permitió el movimiento reformista iniciado allí y que se propagó a las demás universidades argentinas y otras en Perú, Chile, Colombia, Uruguay, Cuba y demás países latinoamericanos, puesto que no solo era Argentina el único país que vivía esos conflictos socioeconómicos que la agitaban. En consecuencia, todo el análisis, naturaleza y evolución del movimiento reformista permite dar cuenta de que “solo el salto cualitativo hacia una nueva formación social permitirá a nuestras universidades encontrar su verdadero camino y cumplir su misión transitoria, que en el proceso interrumpido de la mutación social cree, ella misma, las condiciones para su propia extensión, integrándose a las masas populares”. (Hurtado, 2011, p. 106).
Es necesario recalcar que otras de las principales características de expansión y reformas en la educación superior se presentaron entre los años 1960 y 1980, puesto que en este tiempo surgieron procesos de expansión y diversificación que marcaron cada uno de los momentos de la reforma. Por ello es necesario retomar en este escrito el modelo de desarrollo en educación superior presentado en los años sesenta. Algunos países latinoamericanos contaban con estructuras académicas que les permitían combatir contra el analfabetismo al expandir el nivel primario, medio y secundario y combinarlos con el crecimiento del nivel superior, lo que reflejó mayores oportunidades de acceso a educación superior y un aumento en las matrículas en esta época, aunque sin modificar la oferta universitaria de manera drástica. Aun así, la universidad poco a poco se vio en la necesidad de diversificar la oferta en cuanto a las disciplinas que se estaban desarrollando.
Hay que mencionar además que el incremento de la cobertura social de la universidad implicó la modificación en algunos aspectos, referidos al acceso a las universidades de grupos y sectores de la sociedad que anteriormente se mantenían al margen de estas oportunidades de educación superior y que, por lo tanto. El Estado se vio en la obligación de canalizar fondos gubernamentales para este fin. Por lo tanto, “la ampliación de la oferta de educación superior en la región, así como la conformación de un estudiantado socialmente heterogéneo, fueron factores que propiciaron que el ámbito universitario se constituyese en arena para la manifestación del conflicto autoritario que enfrasco a la generación de los sesenta” (Balan, 2000, p. 27).
En concreto, los procesos de innovación universitaria permitieron que los movimientos estudiantiles tuvieran un impacto en la aceleración de políticas de reforma institucional con respecto a las demandas en cuanto a la democratización de oportunidades educativas y con ello también rebasar los límites del campus universitario postulando la transformación social de manera radical. Ciertamente, si se tiene en cuenta un análisis de estos movimientos, se debe empezar por referirse a las relaciones entre universidad y Estado y universidad y sociedad, puesto que la universidad como institución no debe entenderse como un ente aislado a esta, sino que a su vez responde a determinados acontecimientos que se presentan en la sociedad. Con todo esto, se puede decir que la universidad se mueve según las circunstancias sociales, no exactamente por verdaderos intereses académicos. Este vacío deja a su vez que los estudiantes se posicionen en la universidad, permitiéndole intervenir según las circunstancias, perfilando asi al estudiante como un reformador social.
Este poder ha llevado a la peculiar situación de que los estudiantes ya no consideran a la universidad como un sitio para estudiar sino tan solo como un sitio para estar en él. No están en la universidad para ser educados académica, científica y cívicamente, son ellos ahora quienes deciden exactamente cómo debe dirigirse la universidad, son ellos quienes determinan qué deben aprender y quién debe enseñárselo (Hurtado, 2011, p. 30).
Por otra parte, es de anotar que en los años ochenta la participación de los sectores en la gestión de la educación, además de en el cuerpo profesional docente y la organización estudiantil, se apoya en una serie de principios y discursos que generan conflictos y acuerdos escolares, que poco a poco se han ido incorporando en la estipulación de las políticas educacionales a nivel general. Sin embargo, estas no dejan de ser centros de disputas por la escasa integralidad que contienen respecto de estos puntos:
La caracterización de la escuela y la universidad como un servicio público combinada con el reconocimiento de la competencia de los padres para educar, y en este mismo sentido el poco reconocimiento profesional que existe hacia el ejercicio que ejerce el cuerpo docente.
El supuesto ideal de que los centros educativos deben acercarse a la comunidad que los rodea frente a la homogeneidad que en estas coordenadas representa el cuerpo docente. La participación de los alumnos y los padres se supone como vehículo no ya de una comunidad definida por su relación con la escuela, sino de las demandas del medio social circundante.
El principio de una gestión descentralizada si la adecuación de la escuela a las necesidades sociales no ha de imponerse por medio de una estructura centralista. (Mariano, 1992, p. 98).
Se debe tener en cuenta que las relaciones jerárquicas han sido una forma transversal de comunicación en el desarrollo de la sociedad, y aunque se esperaría que en los centros educativos ese patrón dominante cambiara, no se deja de lado la construccion de relaciones de poder, asimétricas y bipartidistas, en lugar de ser un colectivo tripartita.
Luchas y trayectoria de los movimientos estudiantiles en América Latina
En la década de los sesenta Latinoamérica estuvo permeada por grandes transformaciones organizativas en el sistema económico y político. Estas transformaciones surgieron por las influencias de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales dieron pie al inicio de grabes problemas económicos que llevaron a los movimientos sociales a ponerse a la defensiva. Así pues, el desempleo, la inflación, la falta de inversión productiva, infraestructura y la ausencia de nuevos empleos formaron un conjunto de fenómenos que destruyó los lazos del tejido social.
Para el caso del Movimiento Estudiantil, este se ahogó en el mundo del debate ideológico y sufrió así un impacto por la llamada ola neoliberal, disminuyendo su militancia y su liderazgo ideológico, separando estudiantes y masas populares, pues la expansión de las universidades privadas y del número de estudiantes universitarios de clase media disminuyó el carácter de elite intelectual. Así las cosas, los estudiantes iniciaron una gran lucha contra el sistema anacrónico de enseñanza y realizaron un arduo trabajo a favor de una reforma universitaria que abarcaría todo lo relacionado con lo político, administrativo y académico.
La juventud universitaria latinoamericana ha tenido una actuación determinante en los diversos momentos históricos del continente, desde la Reforma de Córdoba hasta la generación de la protesta y la revolución. La lucha por la autonomía de la educación pública y por la participación estudiantil en el gobierno ha sido significativa en la historia del movimiento estudiantil (Beltran, 2001).
Pero solo la participación estudiantil en los consejos y claustros universitarios fue lo que estableció y consolidó la reforma universitaria en el valor del cogobierno enmarcado en una concepción de universidad comprometida con la realidad social, en el ámbito de una intención política transformadora de la realidad. Este carácter de lucha estudiantil por la reforma fue sin duda un acontecimiento histórico clave en el proceso que tuvo la consolidación del Manifiesto de Córdoba el 21 de julio de1908.
El Manifiesto de Córdoba expresa la consolidación del ideario de la Universidad Latinoamericana. Entre sus principales postulados se encuentran: la autonomía del poder político y confesional; el cogobierno, que sacude el autoritarismo presente en las universidades del continente; la defensa de producción de conocimiento desde una perspectiva latinoamericana; en contraposición con universidades que habían nacido y crecido mirando a Europa; y la convicción de poner la Universidad al servicio del pueblo (Beltran, 2001).
El carácter excepcional de su situación en regímenes políticos en los que la democracia y la justicia no constituyen la regla motivó la toma de conciencia respecto de las ambigüedades del movimiento. A partir de esta diferencia entre la visión y la realidad de la actividad política resultó una experiencia intensa para el estudiante revolucionario, pero su ideal de representante del pueblo no corresponde con sus actos. Por ello la acción estudiantil se moviliza esencialmente contra las autoridades universitarias, ya que los estudiantes tienen preocupaciones que a menudo son más profesionales que políticas. En este momento es cuando se presentan dos grandes movimientos en México (1966) y en Brasil (1967).
En Julio de 1968, en la ciudad de México se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles, en las que los estudiantes en desacuerdo con el sistema autoritario del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz exigieron que se respetara la autonomía universitaria y, en segundo lugar, que dieran libertar a los presos políticos. A estas manifestaciones se unieron los estudiantes del Politécnico Nacional, varios centros educativos, asociaciones de maestros y sindicatos, lo que concluyó en un gran movimiento.
A partir de este momento, con la participación de cada uno de los representantes de cada organización (asociaciones de maestros, estudiantes, sindicatos…), se formó el Primer Consejo Nacional de Huelga que más adelante sufre una severa represión, pues el ejército entra a la ciudad universitaria dejando varios muertos y alrededor de 100 personas detenidas y/o desaparecidos. Un mes después de dicho acontecimiento los estudiantes deciden volver a concentrase y hacer una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas ubicada en Tlatelolco en donde fueron abatidos por militares, paramilitares y francotiradores por orden directa del presidente Gustavo Díaz, quien declara (Poniatowska, 2006, pág. 69):“Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”, ya que él consideraba que era su deber salvar a México del comunismo que era impuesto por los movimientos estudiantiles.
Seguidamente, la historia del Movimiento Estudiantil en Brasil data a partir de la conformación de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) el 13 de Agosto de 1937 en Río de Janeiro. Los años marcados por el auge de las movilizaciones estudiantiles en este país surgen a principios de la década de 1960, pues la mayoría de universidades brasileñas aún tenían el anhelo de una reforma universitaria, ya que la enseñanza superior que se daba en Brasil no permitió obtener nuevas transformaciones, mientras que en otros países como Argentina, a partir de la reforma de 1918, sí se vio un proceso de reformismo que se extendió en el resto de Latinoamérica. Fueron esos hechos los que motivaron a los estudiantes a reclamar que era necesario un proceso de democratización y que, como tal, este debería ser un punto central en la agenda de los movimientos estudiantiles.
En esos primeros años de la década de los sesenta la Unión Nacional de estudiantes (UNE) participó en varias campañas por la defensa de la educación pública, cuestionando la Ley de Directrices y Bases que fue aprobada en diciembre de 1961. La UNE planteaban una reforma universitaria que diera fin a la cátedra vitalicia y la reforma curricular. Principalmente reclamaban mayor participación estudiantil. Es por esto que la UNE decide organizar el Centro Popular de Cultura (CPC) en 1961.Dicho centro tenía como objetivo promover la conciencia social a través de la cultura, conformándose en vanguardia artística que renovó el cine, el teatro, la literatura y la música. El CPC permitía por un lado crear esos lazos con el movimiento obrero y campesino a la vez que reforzaba su presencia en la arena social (Luciani, 2011, p. 82).
Unos años más adelante, el 31 de Marzo de 1964 se produce el golpe de estado cuyo fin fue implantar la dictadura, iniciándose así una persecución social, radicalizando algunas ligas campesinas, sindicatos y movimientos estudiantiles, haciendo operativos de limpieza como el atentado contra una de las sedes de la UNE y varias sedes universitarias, pues esta nueva dictadura consideraba al espacio universitario como medio subversivo tanto para estudiantes como para los docentes. Se propuso eliminar los movimientos estudiantiles y la autonomía universitaria.
En el caso de Uruguay, la participación por parte de los estudiantes en la vida universitaria data del año de 1949 bajo el gobierno del presidente Joaquín Suárez. La universidad obtuvo su primer reglamento el día 2 de octubre del mismo año, en el que se estableció que la universidad comprendería la institución primaria, secundaria y superior, y también que el gobierno contaría con la presencia de un rector, vice-rector, el consejo universitario y los doctores. De esta forma los estudiantes, a parir del derecho al voto en la elección de sus representantes (rector, vice-rector, entre otros), tendrían una cierta participación en la administración de la universidad.
Esta estructura del primer reglamento funcionó hasta la nueva reforma implantada por el político jurista Alfredo Velásquez Acevedo, el 14 de Junio de 1885, con el fin de aplacar los desórdenes por parte de los estudiantes, pues no estaban de acuerdo con la educación universitaria y por ello exigían que la educación preuniversitaria no estuviera bajo la tutela universitaria. A partir de lo anterior la universidad entró en un periodo de crisis pues Uruguay no pasaba por su mejor momento en lo que concierne a la política y la economía, debido a que aún se sentían las secuelas que había dejado la guerra civil terminó aquel octubre del 51.
Es importante señalar que, a pesar de que Uruguay estuvo permeado por esta crisis, los estudiantes universitarios no estuvieron ajenos a las problemática político-económicas de la época, sino que, por el contrario, asumieron un rol participativo en donde la libertad y la democracia determinaron el papel de la universidad como agente opositor del gobierno dictatorial. Más adelante, en 1908 en Montevideo, se realizó en el teatro Solís el primer congreso de estudiantes americanos. Este congreso trató temas como reconocimientos de universidades privadas y estatales, sistema de exámenes, asistencia obligatoria, entre otras, que gestaron no solo el establecimiento de vínculos entre los estudiantes, sino también la creación de un movimiento que lucharía por la Reforma Universitaria que tomaría cuerpo a partir de 1918 con “la insurrección juvenil universitaria de Córdoba” (Medina, 2006, p. 3).
El Movimiento Estudiantil en Chile tiene uno de sus mayores puntos álgidos en la década de los años sesenta. La población estudiantil de la educación media tuvo un importante cambio de mentalidad. Tomó elementos de la revolución de mayo del 68, lo que engendró reacciones en contra del orden político burgués y del sistema capitalista, intensificándose los enfrentamientos con las fuerzas del Estado.
Para los movimientos estudiantiles en Chile en materia académica, se presentó un tinte religioso; en ello fueron relevantes dos universidades: por un lado, la Universidad de Chile; y por otro lado, la Universidad Católica, en una época de agitación marcada por la elección de Eduardo Frei en 1964.
El rector de la Universidad de Chile en 1965, Eugenio Gonzales, decidió asignar una comisión para definir el plan integral para el desarrollo de la institución, dirigido hacia enero de 1967, teniendo este plan un periodo de análisis y discusión de la idea. Las preocupaciones que se manifestaron son de carácter social para una nueva visión universitaria (Borreo, 2008, p. 298).
Se puede evidenciar que en Chile predomina el tema social como factor relevante dentro del desarrollo de la academia, sin embargo se debe tener una tarea conjunta con el Estado frente a una propuesta cordobesa de autonomía universitaria, llegando a organizar y desarrollar el cumplimiento funcional en pro de la ciencia y la formación de sujetos con fundamentos y capacidad profesional. Sin embargo, al ser la Universidad de Chile una universidad de carácter estatal, tiene ciertos privilegios: por un lado conserva su carácter nacional, sin embargo su razón de ser es descentralizada frente a las regiones del país (Borreo, 2008, p. 301).
Por otro lado, la Universidad Católica de Chile, en la época de 1960, se cuestiona su fundamento universitario, apostólico, y su criterio científico, puesto que se necesita un direccionamiento más científico que eclesiástico para promover una mejor formación de profesionales y un acople laboral dentro del rol profesional. Dos años después de 1965 se logra una pauta fundamental por parte de los estudiantes, teniendo en cuenta los favoritismos dentro del sistema de admisiones; por ende se solicita eliminar esta clase de favoritismos. Después de este reclamo, en 1967 se dieron a conocer las conclusiones con respecto a la importancia del “diálogo institucionalizado”. Podemos dividir estas conclusiones en dos instancias: la primera parte de un diálogo horizontal activo entre las diferentes disciplinas, es decir, entre facultades, institutos, profesores, investigadores e incluso los mismos estudiantes desde otros organismos universitarios.
La segunda instancia alude al diálogo vertical encaminado a una marcha universitaria, a un crecimiento paralelo entre profesor y alumno, a una relación sujeto a sujeto en la que se brinden garantías de integralidad. Estas reformas dieron a los estudiantes una voz que parecía decir “hagamos de este liceo una universidad”. A pesar de los acuerdos generados en las conclusiones, la universidad y sus derechos susceptibles a modificaciones, a reformas y a desacuerdos como los presentados en Agosto de 1967 por la Federación Estudiantil Universitaria de Chile (FEUC) y una campaña denominada “nuevos hombres para la nueva universidad”, la prensa afirmó que profesores y alumnos destituían a las autoridades académicas, que los alumnos se habían apoderado de la universidad y a su vez convocaban a un plebiscito para destituir al rector, eligen sus propios profesores. Se dice que hay infiltración Marxista.
Movimientos sociales en la red
En esta era, América Latina se enfrenta a un nuevo sistema global constituido por redes de intercambio y flujos de comunicación en tiempo real. Estas redes articulan a individuos, barrios, grupos, países y regiones, y constituyen el núcleo dinámico de la globalización. Una parte fundamental de este fenómeno, más allá de la dimensión puramente económica, se manifiesta en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la información y la comunicación basada en redes y flujos globales (Gutierrez, 2012, p. 247).
Por ende, acceder a sistemas de información permite ampliar herramientas que no solo facilitan sino a su vez aumentan la calidad de información y/o conocimientos adquiridos, la participación social y política de las personas. Por esta razón son los jóvenes aquella parte de la sociedad que tiene mayor contacto con los sistemas de la información y la tecnología y no solo como una herramienta, sino también como una forma de ser, de vivir el tiempo, el espacio y los distintos acontecimientos culturales que se desarrollan en la sociedad.
Hay que mencionar además que los jóvenes, al ser sujetos de movilización, potencian con el uso de la tecnología las nuevas demandas culturales, incidiendo así de manera positiva en la participación ciudadana por medio del acceso y el uso de blogs, foros y otros tipos de participación política. Por esto es necesario realizar un acercamiento a las transformaciones de los movimientos sociales y el uso de la tecnología como herramienta de comunicación en relación con sus estrategias de acción, transformación y alcances, partiendo eso sí de los cambios estructurales en la educación en lo que se refiere a financiación, calidad, sustentabilidad, autonomía, entre otras.
Los paradigmas del neoliberalismo económico, la mercantilización de la educación, de acuerdo a mercado, elección racional e integración económica, marcarían los parámetros de productividad y especialización del individuo, hegemonizando un pensamiento utilitario e individualista en la llamada sociedad de los individuos libres, la global y democrática, unos nuevos modos de sociabilidad, imprimiendo significados en torno a la libertad económica, política, comunicativa, intelectual, sexual y religiosa, en la cual cada una de estas libertades expresa así una libertad no del individuo sino del campo donde este se relacione; la libertad de la economía no significa para el individuo, pero si para la misma economía de establecer sus normas y formas de juego, para decirlo en su propio lenguaje (Diaz, 2012, p. 5).
Por ende, las primeras nociones que se dieron con respecto a la sociedad de la información, y más aun de la sociedad del conocimiento, nos permite entender cómo cada una de estas transformaciones de las últimas décadas han modificado las formas de acción individual y colectiva; en este sentido las tecnologías de la información juegan un papel central en la reproducción económica, puesto que se reconoce como un servicio básico no solo para los ciudadanos, sino a su vez para las organizaciones sociales.
También así los sistemas de información se vuelven un medio para que los movimientos sociales con el fin de ampliar el poder social, el reconocimiento y como medio de convocatoria para cada una de sus movilizaciones. Así, los medios de comunicación se convierten en una herramienta que posibilita la movilización de los individuos en escenarios de participación. Los movimientos sociales se fueron apropiando de estas herramientas tecnológicas puesto que les permiten mayor difusión de sus objetivos, así como el apoyo de la ciudadanía y de otras organizaciones que comparten los mismos intereses, lo que permite avanzar y disponer de nuevos espacios en las transformaciones y los momentos de coyuntura que vive el país.
De este modo, la red se convierte en un mecanismo más democrático, donde se gesta una nueva “politicidad” caracterizada por desarrollar acciones que se despliegan en la vida cotidiana, lejos de los lugares tradicionales de la política. Por ejemplo, se crean movilizaciones políticas a través de celulares e internet, que son coordinadas en breves periodos de tiempo y en ocasiones aglutinan a millones de personas, no solo a nivel local, sino también alrededor del mundo (Gutierrez, 2012, p. 260).
Por esto, es necesario recalcar que gran parte de los movimientos estudiantiles utilizan las páginas web y los blogs para promover cambios políticos, sociales o culturales y así influir en la opinión pública y, de este modo, comunicarse con otras organizaciones y redes que les permitan realizar un intercambio de información con el fin de reflexionar acerca de las experiencias de los diferentes movimientos y conocer sus cronogramas de movilizaciones y actividades .
En conclución son las TIC aquellas que permiten a los movimientos sociales la organización, la circulación de información y que a su vez sirven como medias para compartir experiencias, contactos y se difunden ideas, que permiten generar impactos en la acción colectiva y que marcan el rumbo de los movimientos sociales.
Movimiento estudiantil en Colombia
Como resultado de los factores contextuales colombianos se debe tener en cuenta que las luchas en Colombia se pueden tornar complejas, en ocasiones violentas, en donde una postura política reflexiva y diferente puede ser el suficiente motivo para sufrir torturas o desapariciones forzadas. Colombia ha sido un país permeado por un contexto violento, dentro y fuera de lo rural. Al tener una mayor aproximación conceptual de los movimientos sociales, a continuación se presenta un recorrido cronológico de lo que han sido los movimientos estudiantiles en Colombia. No se debe olvidar que los movimientos estudiantiles no siempre se enmarcan en un ámbito específico, también pueden participar en esferas económicas, culturales y políticas.
En Colombia se presentan tres momentos de relevancia en el movimiento estudiantil, comprendidos entre el año 1958 y 1990; el primero se desarrolla desde 1958 hasta 1970, y se caracterizó por ser pausado y con promedios de luchas bajas; el segundo momento se desplegó entre 1971 y 1979, en el cual se presentaron varios altibajos, pero se dieron los mayores picos; el tercer momento se dio a partir de 1980 a 1990, y se mantuvo en un nivel medio. Sin embargo, es de tener en cuenta que en Colombia ha existido una situación compleja en las esferas política y económica, sumado a ello la constante violencia presentada, lo cual ha llegado a limitar a la ciudadanía al momento de protestar y exigir sus derechos.
Se debe tener presente que hacia la época de 1990 los estudiantes aparecen en la escena política y educativa como actores sociales diferenciados en la medida en que manifiestan las primeras inconformidades con el sistema educativo y gobierno vigente, ya que la educación era tipo escolástica y el sistema político conservador, lo cual dejó como consecuencia la renuncia del mandatario. Años después en Colombia se vuelve a presentar un acontecimiento relevante en 1930, ya que fue posible un cambio en la esfera económica. La pérdida de Panamá suscitó un crecimiento económico, y el país recibe una indemnización; sumado a ello, reciben algunos créditos externos por la inversión en varias obras públicas. Para esta misma época, a pesar del crecimiento económico, dentro del campo educativo se observa una tasa de alfabetismo baja y una educación superior limitada, pues no habían más de diez universidades en el país; entre ellas se encontraba la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en la ciudad de Bogotá, y es precisamente allí donde los estudiantes se hacen notar con los paros y movilizaciones por medio de comparsas y carnavales como: “la huelga de lista”, en donde los estudiantes se negaban a responder los llamados de lista en las clases; y las jornadas contra el grupo “La Rosca”, donde se presenta el primer muerto estudiantil alumno de la Universidad Nacional en Colombia, Gonzalo Bravo Páez.
La reforma educativa promovida por el dirigente Alfonso López Pumarejo (1935), permitió la “compra de los terrenos y la construcción de la Ciudad Universitaria de Bogotá, la cual pretendía albergar en un solo ambiente a todas las facultades y escuelas que formaban la Universidad Nacional de Colombia y que estaban distribuidas por toda la ciudad. Asimismo, se promovió la integración de facultades e institutos, la dotación de recursos financieros suficientes, la democratización de sus autoridades (el rector era elegido por un consejo superior, en el que tenían participación profesores y estudiantes)” (LEY 68 DE 1935).
Asimismo, y por la misma época, se da la creación de la Escuela Normal Superior y un auge universitario importante, lo que evidencia los problemas en el campo educativo; para el año de 1938 se identifica una precaria educación, tanto en primaria como en secundaria, pues esta no preparaba a los estudiantes para la educación superior, lo que generó que los estudiantes de secundaria y algunos universitarios realizaran una propuesta por mejorar la calidad educativa. Como consecuencia de ello, en el año 1942 los estudiantes se hacen notar como sujetos críticos, conscientes de la realidad social y política del país, puesto que se presenta una protesta desde los colegios y universidades para derrocar el segundo mandato del gobernarte Alfonzo López Pumarejo por escándalos de corrupción.
El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, líder populista del partido liberal en 1948, dividió la historia colombiana, dejando como resultado la agudización de la violencia, evidenciando los intereses de los militantes de los dos partidos tradicionales de la época. Dicho acontecimiento generó un levantamiento popular conocido como “el bogotazo” en el que participaron ciudadanos comunes, trabajadores y estudiantes manifestando su indignación; sin embargo los estudiantes ya venían movilizándose con antelación frente al malestar que generaba el mandato del ex presidente Alfonso López Pumarejo, en la medida en que no había acuerdos con el gobierno conservador, por lo que en el periodo de 1949 y 1953 el país fue gobernado por un actor político ajeno a los partidos tradicionales, el General Rojas Pinilla. La finalidad de su participación en el gobierno fue la de reconciliar los dos partidos, pero sus dirigentes se inquietaron rápidamente desde 1955 con las intenciones que el general tenía, ya que quería liberarse de su tutela para “soñar con un peronismo a la colombiana” (Pécaut, 2006, pág. 42).
Es así como el general Rojas Pinilla tuvo que abandonar su mandato en el año 1957, a causa de diferencias políticas e incidentes con la opinión pública. Surge entonces el frente nacional en diciembre de 1957 mediante un plebiscito, el cual planteaba que se alternara el poder en la presidencia y demás cargos públicos con una distribución igualitaria entre los partidos, durante 16 años. El principal objetivo de este acuerdo político era la reorganización del país después de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla.
Por otra parte, en 1953 nace la Federación Universitaria Colombiana (FEU), con predominio de tendencias católicas; un año más tarde, en 1954, se consolidan las notas propias de un movimiento estudiantil; se fraguó en Colombia algo caracterizado como un comportamiento social, espontáneo y no institucional, de estabilidad efímera y con propósitos de cambio, que en el caso colombiano eran de orden político para restablecer las conductas democráticas.
El 10 de Junio de 1957, posterior a la caída Rojas Pinilla, se dio la creación de un movimiento englobante, la UNEC (Unión Nacional de Estudiantes Colombianos), como resultado de la reunión en Bogotá del denominado Primer Congreso Nacional de Estudiantes. En 1958 se realizó el segundo congreso nacional de estudiantes convocado por la UNEC y se empezó a configurar en los estudiantes la empatía por las corrientes maoístas y troskistas; así mismo, el frente Nacional empieza a regir desde 1958, liderado por Alberto Lleras Camargo, representante del partido liberal desde 1958 hasta 1962. Para el año 1958 el Movimiento Estudiantil es caracterizado por su afinidad con el hippismo, cuando ya rondaba la noticia del Manifiesto Nadaísta: “en efecto en los círculos culturales y artísticos de Medellín se venía hablando con insistencia de un movimiento de intelectuales jóvenes llamado el nadaísmo. Fue una rebelión saludable contra las formas y los conceptos obsoletos, dirá López Michelesen en 1989”(Borrero, 2008, pág. 193).
El manifiesto se malinterpretaba a razón de convertirse en un motivo para la rebeldía juvenil, la cual estaba inspirada en el existencialismo, el nihilismo y el terrorismo. “Debe lucharse contra el Frente Nacional, contra todos los valores de esta civilización marxista, todo hay que arrojarlo a la cañería sin excepción porque el hombre está corrompido desde la cabeza hasta el coxis”. Gonzalo Arango, escritor, poeta y fundador del movimiento Nadaista en Colombia.
Por otro lado, en 1959 se da el nacimiento del Movimiento Obrero Estudiantil Colombiano (MOEC) fundado por el líder estudiantil Antonio Larrota –asesinado dos años después por un campesino de quien se dijo ser agente del ejército– y de la Juventud Comunista Colombia (JUCO). A esto se añade el primer conflicto universitario en la Universidad de Cartagena, resultado de la renuncia de los profesores de la facultad de medicina, odontología y del rector, actitud que fue objeto de ataques y acusaciones calificadas de injustas y calumniosas. En 1960 se desarrolló el Consejo Nacional de rectores con la finalidad de acabar con los conflictos de la Universidad del Atlántico. Aquí no se pretende desconocer que “La reconciliación de los partidos tradicionales unidos en el Frente nacional lleva a que en el movimiento estudiantil se genere una radicalización de sectores estudiantiles y juveniles, que inspirados en el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y de la coyuntura latinoamericana, sea seducido por posturas revolucionarias y democráticas con trazos vanguardistas”.(ANDES. Asociasion Nacional de Estudiantes de Secundaria de Risalralda, 2009).
Dentro de este marco, bajo el mandato de Alberto Lleras Camargo se dio a conocer el informe Atcon en 1961, bajo la asesoría de Rudolf Atcon:
Recogía las formulaciones sobre cuestiones universitarias entre las cuales se destacan: transformar la universidad estatal en una fundación privada y financiada por grandes fortunas individuales y corporativas, obligar a los alumnos a trabajar mucho con el fin de que nos les quedara tiempo libre para destrozos políticos ni para preocuparse por cuestiones no universitarias, porque con su rebeldía y sus lemas revolucionarios se habían convertido en una fuerza negativa dentro del orden social latinoamericano; establecer matriculas altas, para conjurar las huelgas universitarias; evitar la participación estudiantil en la conducción de la universidad para que los altos cuerpos directivos tuviesen libertad para proponer medidas impopulares pero necesarias. (Garcia, 2002, pág. 171).
A esto se añade que en 1961 el Consejo Nacional de Rectores intenta una reconciliación ante un conflicto surgido en la Universidad de Medellín por el nombramiento de profesores conservadores. Además de ello se dan huelgas en la Universidad Nacional Distrital, Pedagógica de Tunja y en la Libre, por lo que el Consejo Nacional de Rectores dio paso a las posibles reformas universitarias y del sistema educativo. En 1962, 63 y 64 se realizaron los seminarios del Paso que dejaron como resultado la acción de varias universidades para introducir cambios en la estructura y los manejos académicos, como la semestralización de cursos, los departamentos y la adopción de estudios generales. Durante esta época se dio la construcción de plantas físicas universitarias inspiradas en la ciudad universitaria en los campus de Estados Unidos.
“En materia de desarrollo el país enfrentaba una serie de problemas económicos tales como la devaluación, el aumento de los costos de vida y la crisis industrial, los cuales generaron en la población sentimientos de desagrado que se veían expresados en huelgas y paros cívico” (Bushnell, 1966, pág. 434), situación que se dio bajo el mandato de Guillermo León Valencia en la época de 1962-1966, quien la asumió como su principal reto mediante la creación de la Junta Monetaria cuyo objetivo era mantener un nivel adecuado de liquidez en la economía dentro de un marco de estabilidad de precios, con medidas como el impuesto a las ventas, así mismo dio paso al Consejo Nacional de Política Social que tenía como función la coordinación y orientación de las instancias económicas y sociales del Gobierno. A esto se añade la creación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), cumpliendo la función de proponer los objetivos y estrategias macroeconómicas y financieras como los son las políticas y los planes del Gobierno Nacional de acuerdo a la proyección de escenarios a corto, mediano y largo plazo.
Por otro lado, en 1965 se presenta una estrecha relación entre los estudiantes norteamericanos y colombianos, pues estos rechazaban la guerra de Vietnam y tenían la empatía con el Movimiento de Berquely, que se caracterizaba por las protestas que realizaban los estudiantes, quienes reclamaban a la administración de la universidad levantar la prohibición de las actividades políticas dentro del campus y a su vez promover y reconocer no solo el derecho a la libre expresión, sino también el derecho a la libertad académica.
Aquí conviene detenerse un poco. A fines de 1966 se desarrolló una reunión en el Consejo Nacional de Rectores sobre la situación financiera de las universidades. Este análisis disminuyó las esperanzas depositadas por los estudiantes en la conformación de un plan básico que atacara la crisis financiera. Durante el desarrollo de esta reunión, presidida por el presidente del Consejo Nacional de rectores Ernesto Gutiérrez Arango, rector de la Universidad de Caldas, se insistió en la necesidad de una reforma universitaria. Posteriormente se dio la creación del Consejo Nacional de Educación, dos años después se creó el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. En el Gobierno de 1966-1970, Carlos Lleras Restrepo propuso una modernización del Estado dejando como resultado la creación del Pacto Andino, la retención en la fuente y la creación de una serie de institutos descentralizados para el desarrollo, como lo son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA), Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación (Colciencias), Instituto Colombiano de Cultura (COLCULTURA), el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), el Instituto de Fomento Industrial (IFI) y el Fondo para la Promoción de las Exportaciones (POEXPO). A su vez dio paso a la expedición del estatuto cambiario con el cual se suprimió el mercado de libre divisas.
En 1967 la fuerza del Movimiento Estudiantil Colombiano mostró rasgos de cansancio. Las causas fueron analizadas por los dirigentes y líderes naturales quienes manifestaron que todo obedeció a “un plan de aniquilamiento de los movimientos estudiantiles trazado por un presidente rabiosamente vengativo”, según Marcelo Torres, líder estudiantil, que aludía a Lleras Restrepo, a quien el dirigente juzgaba como resentido e incapaz de olvidar su encierro en la ciudad Blanca. A fines de 1969 hubo un acercamiento con los estudiantes para mediar las diferencias. La organización estudiantil se hallaba desarticulada. Víctima de pugnas e intereses localistas, carecía de rutas y metas a causa de las fronteras políticas bipartidista por el efecto del Frente Nacional (Borreo, 2008, p. 193).
Con la llegada de Misael Pastrana Borrero a la Presidencia en el período 1970-1974, y tras los problemas sociales y económicos que se enfrentaban durante la época, fue necesario en varias ocasiones decretar el estado de sitio con el que se buscaba restablecer el orden público. Por otra parte, la reforma educativa anunciada en agosto de 1970 contenía un paquete de ocho proyectos para todo plantel educativo público o privado, el cual dispuso un adicional cupo de becas no inferior al 10% del total de los alumnos:Todo estudiante a partir de los 16 años de edad deberá prestar servicio social obligatorio, habrá asociaciones de padres de familia en las instituciones públicas y privada, con funciones de coadministración y control, beneficios especiales de financiación y asesoría técnica para los centros docentes de la propiedad cooperativa; aulas y locales en desuso continuo, incluido los seminarios, han de ser para el servicio de la educación popular, severa vigilancia sobre las finanzas y las asistencias de fundaciones extranjeras, obligatorio seguro de invalidez y muerte para los padres de familia, a fin de garantizar la continuidad educativa de los hijos (Borreo, 2008, pág. 235).
Todo esto propuesto bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero y con la cooperación de su Ministro de Educación, Luis Carlos Galán. Además de ello, durante su mandato se firmó “el contrato de Asociación para iniciar la explotación de El Cerrejón, se construyó Corabastos en la ciudad de Bogotá y se implantaron las Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), que buscaban impulsar la industria de la construcción; sin embargo, esta medida dio como resultado una inflación desbordada que llevó a la primera crisis recesiva, decretándose la primera emergencia económica constitucional” (EL TIEMPO, 2011). Por otra parte, el surgimiento del M19 como fuerza opositora a raíz de un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, se da en principio como una rebeldía y movimiento político que luego transforma su carácter a un movimiento armado. Finalmente la culminación del Frente Nacional en el año 1974 permite el retorno al sistema de libre elección, dejando de lado la despolitización existente del poder. Además, en este periodo el contrabando y narcotráfico empiezan a consolidar sus acciones en el país.
En esta misma época se debelaron los bretes financieros de la Universidad, pues estaba al borde de una total parálisis, lo que tuvo como consecuencia que unos encapuchados se manifestaran de forma violenta, rechazando la visita a Bogotá de Robert Mcnamara, presidente del banco mundial de la época, y el cierre de los claustros universitarios. La protesta estudiantil constituyó un importante triunfo para el estudiantado, consiguiendo la reapertura de los claustros mediante las presiones extremas, incluidas la de orden político, develando el descontento por la dilación gubernamental en el propósito “Reestructurar la Universidad de Colombia”.
No hay que olvidar que el movimiento estudiantil del año 1971 logró posicionarse como un actor visible en la sociedad, en la medida en que se presentó la mayor movilización de estudiantes registrada hasta ese momento. El acontecimiento más importante se dio con la huelga de estudiantes de la Universidad del Valle, movilización que tuvo por finalidad exigir la renuncia del rector y la eliminación de los representantes del sector privado y de la Iglesia en el Consejo Superior de la Universidad, ya que no se tenían en cuenta las necesidades de los estudiantes. Igualmente rechazaron las condiciones de los créditos que otorgan las entidades internacionales a las instituciones educativas. Es por ello que el gobierno de la época tomó la decisión de declarar estado de sitio, con la finalidad de restablecer el orden público en el país; dicho estado se declaró por ciudades, se propuso el reintegro de los estudiantes a la universidad y se amenazó con el servicio militar obligatorio a todos aquellos que no cumplieran la norma.
Es de resaltar que en 1971 el Movimiento Estudiantil da la pauta para la formulación de un programa mínimo, que se gestó durante tres encuentros nacionales universitarios de discusión y debate; en el primero se decidió brindar apoyo a la Universidad del Valle en su movilización; en el segundo encuentro se perfila un programa mínimo; y en el tercer encuentro se consolida dicho programa. El documento contenía seis puntos principales (Pardo, 2011):
Abolición de los Consejos Superiores Universitarios, en los cuales tenían representación los gremios y el clero, y sustitución por un organismo conformado por tres estudiantes, tres profesores, el rector (sin voto) y un representante del Ministerio de Educación.
Conformación de una comisión (compuesta por tres estudiantes, tres profesores y un representante del Ministerio de Educación) para estudiar un proyecto de Ley Orgánica de las Universidades.
Establecimiento de un sistema democrático para la elección de autoridades universitarias en los establecimientos públicos y privados.
Cumplimiento de la asignación del 15% como mínimo del presupuesto total de educación para la Universidad Nacional. Además, control oficial para las universidades privadas, congelación de matrículas y suspensión de las cláusulas lesivas a la nación colombiana contenidas en los contratos de las universidades con agencias internacionales.
Conformación inmediata de una comisión (tres estudiantes, tres maestros y un representante del Ministerio de Educación) que debía estudiar el carácter rector de la Universidad Nacional en la educación superior, liquidación del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (ICFES), financiación estatal y adecuada de la educación superior, investigación científica financiada exclusivamente por la nación y planificación por investigadores nacionales, y revisión de todos los contratos celebrados con entidades extranjeras. El informe debería ser aprobado previamente por un Encuentro Nacional Universitario y puesto en marcha por el gobierno.
Retiro definitivo de la Universidad del Valle y ruptura con la Fundación para la Educación Superior.
Legalización del derecho a crear organizaciones gremiales en cualquier tipo de establecimiento educativo.
Reapertura de la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana.
Al llegar a este punto, se evidencian los logros que tuvo el Movimiento Estudiantil del año de 1971 en la historia Colombiana, en la medida en que se comprende la importancia que tiene la elaboración de una propuesta de reforma a la educación desde los estudiantes, pese a la represión a la que estaban sujetos. Es de anotar que en el sexto Encuentro Nacional de Estudiantes se reitera el cogobierno como la principal tarea y necesidad que tiene el movimiento para empezar a construir una reforma a la educación más integral. Es así como se definió que el gobierno de la universidad debía estar integrado por; un decano, dos profesores, el rector y el secretario general, los dos últimos sin voto.
A su vez, se propuso la creación del Consejo Directivo, el cual estaría formado por tres profesores, tres estudiantes, el rector, el jefe de la dirección administrativa y el secretario general de la misma, estos dos últimos sin voto. Se especificaron las funciones del consejo, las cuales estaban netamente direccionadas a los temas concernientes a determinaciones académicas. Otros temas propuestos fueron: la supresión del ICFES y su reemplazo por un organismo rector de la educación superior, el que estaría conformado por las mismas universidades con una junta directiva constituida por el Ministro y su representante, y cuatro rectores de universidades públicas, los cuales serían electos por el Consejo Nacional de Rectores, tres profesores y tres estudiantes. Es de tener en cuenta que todos deberían ser integrantes de universidades oficiales.
Sin embargo, la propuesta del cogobierno en las universidades colombianas se logró instaurar en dos universidades, con el desacierto de ser catalogado como ilegal y posteriormente disuelto en 1972, lo que dejó como consecuencia la restauración del decreto 1259, el cual restituye a los rectores autocráticos y suspende la participación de estudiantes y profesores en los consejos superiores. Asimismo, restablece la participación activa del Ministro de Educación. Es de anotar que, pese a su corta existencia el cogobierno de la Universidad Nacional logró la detención del plan Atcon y el reintegro de los estudiantes y profesores detenidos, ampliando la cobertura estudiantil y aumentando el presupuesto del bienestar universitario.
Es necesario tener en cuenta que, pese al gran avance logrado por el movimiento estudiantil del año 71, en los estudiantes faltó establecer un orden interno en la medida en que se dio una prolongación del debate ideológico que reveló ciertas contradicciones, limitando el posicionamiento del cogobierno y, a su vez, la prolongación del mismo; a esto se suma la constante persecución a la cual estaban sujetos los estudiantes y las medidas de sabotaje que ejercía el gobierno, sin dejar de lado el ahogo presupuestal ejercido desde el Ministerio de Hacienda.
Ahora bien, para el año 1974 se da la culminación del Frente Nacional, lo que permite el retorno al sistema de libre elección dejando de lado la despolitización existente . Al tiempo, en este periodo el contrabando y narcotráfico empiezan a consolidar sus acciones en el país. Las primeras elecciones democráticas, después del terminado Frente Nacional, fueron ganadas por Alfonso López Michelsen para el período de 1974-1978, quien formaba parte del partido liberal, logrando una votación del 56% contra su oponente inmediato, Álvaro Gómez, que obtuvo una votación del 31 %. Por otra parte, la ANAPO (Alianza Nacional Popular), partido de oposición fundado por Gustavo Rojas Pinilla, opositora al Frente Nacional, logró obtener un 10% del apoyo de la ciudadanía.
El presidente electo, durante su gobierno, otorgó personería jurídica a la Confederación de Trabajadores en Colombia (CTG), y puso al frente de las universidades a rectores progresistas. Además, en el plan de desarrollo hacía un intento por frenar el desmesurado gasto público por medio de la austeridad fiscal, a través de reformas tributarias, educativas y políticas. Por otro lado, en materia internacional en el año 1975 se logró el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Las esperanzas de un cambio social se disiparon, lo que se evidenció en la respuesta al auge de los movimientos laborales y cívicos a partir de 1975 por parte del gobierno, reimplantando el estado de sitio, lo que dejó como consecuencia el paro cívico nacional en septiembre de 1977. A esto se suma el inicio de las primeras desapariciones de algunos activistas políticos.
En el año 1975, bajo la coordinación del ministro de educación Hernando Durán Dusán, se implantó el Decreto 554 del 21 de Marzo de 1975, el cual dice “aumento de cupos adicionales o duplicados, la capacidad física y funcional de las universidades oficiales y dispone la intervención en las Universidades privadas” (Borrero, 2008, pág. 249). El decreto 254 no se aplicó, sin embargo Durán Dusán insistía en su defensa y su impensada política de ampliación de cupos, tan perjudicial para la universidad oficial, y amparando al Instituto lingüístico de Verano. Por otra parte, la opinión de Lleras Restrepo estaba en contravía con la de Durán Dusán, bajo el argumento de que la cantidad no podía darse a costa de la calidad académica, pues el número de estudiantes no depende en forma exclusiva de la calidad científica, sino también del método de enseñanza, en razón del natural incremento numérico estudiantil y de la calidad de los profesores.
Además de ello, en el año de 1977 se gestó la propuesta del programa universitario de Turbay Ayala con un discurso dirigido hacia los estudiantes con la insignia “Le devolveré la universidad a la universidad”. Estas intenciones dieron pie al decreto Ley 80 de 1980 por el cual se organiza el sistema de educación postsecundaria. La Ley 80 fue derogada por la Ley 30 de 1992, la que buscaba, sin conseguirlo, el desarrollo de la Constitución de 1991 en lo pertinente a la educación y la autonomía universitaria, garantizada en el Artículo 69 de la nueva carta política. Por otra parte, Colombia atraviesa una etapa de crisis en el periodo, que oscila entre los ochenta y noventa: “La década de los años ochenta sin duda será recordada como uno de los periodos más conflictivos de nuestra historia reciente. La diversidad de actores sociales e institucionales, que intervinieron en el drama, la violencia que caracterizó la mayor parte de los procesos y el debilitamiento relativo del Estado” (Leal, 1991, pág. 9).
Con la llegada de Julio Cesar Turbay al poder, desde 1978 hasta 1982, el manejo del orden público tuvo menos atención del gobierno; como era de esperarse, se fortaleció la guerrilla y aparecieron nuevos actores, como el M19. Hacia la década de 1981 surge un grupo armado denominado Muerte A Secuestradores (MAS), siendo este el primer grupo paramilitar del país, que tenía como su función principal la protección a los campos de la mafia y terratenientes de las acciones de la guerrilla de la FARC, el EPL y M19. Este movimiento sirvió como base para el posterior surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Como acto de reconciliación política en la búsqueda de la paz durante la Presidencia de Belisario Betancur en 1983, se dio inicio a gestiones de paz con las FARC el ELN y el M19, que trajeron consigo un cese al fuego y el decreto de amnistía para las guerrillas que se acogiesen al proceso. En 1984 las FARC anuncian la creación de su partido político Unión Patriótica (UP) como parte de su proceso de reincorporación a la vida civil y legal. Sin embargo, los principales dirigentes de la Unión Patriótica, así como sus medios de base y mandos medios, son asesinados en diferentes atentados.
Es importante mencionar los sucesos desarrollados el 16 de mayo de 1984: mientras los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia protestaban por el cierre y el desalojo violento de las residencias estudiantiles, la policía y el ejército entraban al campus, masacrando a un número de estudiantes aún no determinado, generando otros tantos desaparecidos. No hubo pronunciamientos oficiales y la Universidad Nacional cerró sus puertas por un año, tiempo durante el cual no se esclarecieron los casos. Para abril de 1985 se abren nuevamente las puertas de la Universidad, permitiendo a los estudiantes sobrevivientes conocer los detalles acerca de la masacre. Los nuevos integrantes de la universidad comenzaron a reorganizarse y a participar en seminarios y encuentros universitarios, gestándose el Comité de Unidad Estudiantil (CUE), cuya finalidad era debatir las reformas estructurales del sistema académico. Dicho comité surgió el 12 de septiembre de 1984 como resultado del primer plenario nacional.
La toma del palacio de justicia a manos del M19 en 1985 tuvo como consecuencia un ataque directo del gobierno, donde fallecieron magistrados, militares, policías, personas particulares y guerrilleros. Este hecho obstaculizó los diálogos de paz con el gobierno. Tras la orden dada por el jefe del cartel de Medellín, se presenta un atentado contra el periódico el espectador que deja como saldo trágico la muerte de su director Guillermo Cano. Con este hecho se inaugura una era de implacable violencia política y social, y una guerra declarada por el Estado contra el narcotráfico. Cabe aclarar que lo más destacado en materia social del mandato de Belisario Betancurt su acto de legitimidad de la protesta, arguyendo que esta respondía a desequilibrios estructurales.
Por otra parte, en el año 1986 se presenta un pliego de peticiones por parte del estudiantado, frente a los temas relacionados con el bienestar universitario (salud, alimentación, vivienda, transporte), lo que se manifestó mediante movilizaciones en las que se dio la toma de las residencias de Camilo Torres y Antonio Nariño, generando el cierre de la universidad por parte de las autoridades.
Durante el cierre, trabajadores bananeros en Urabá realizan un paro por los asesinatos de sindicalistas en el que los estudiantes participaron con una marcha por el derecho a la vida en Bogotá, lo que evidencia la participación de los estudiantes en otras esferas de la sociedad de una forma más activa e integral, abriendo paso al trabajo conjunto entre los sindicalistas y los estudiantes, lo que se materializó en una protesta convocada por la CUT, la Universidad Nacional, Pedagógica y Distrital, con la finalidad de protestar por los trabajadores bananeros asesinados en el Urabá. Cabe resaltar que, pese a la intencionalidad de la protesta en contra de la violencia, la población estudiantil manifestó su inconformidad por vías de hecho eran igualmente violentas.
Asimismo, el 12 de abril las movilizaciones estudiantiles continuaron con motivo de las muertes de campesinos, resultando así estudiantes heridos y detenidos. Entre el 14 y el 15 de abril se manifestaron los estudiantes de formas mucho más creativas y constructivas, por medio de murales, canelazos, actos culturales y foros, todo esto a favor de los estudiantes heridos y detenidos del territorio colombiano y en contra de la masacre de los trabajadores de Urabá y Córdoba. Es de resaltar que el actual movimiento estudiantil rescata mecanismos de movilización del estudiantado de dicha época.
A causa de los estudiantes detenidos y heridos, la Universidad Nacional y Distrital, en forma de protesta, inicia una huelga de hambre exigiendo la liberación de sus compañeros detenidos de forma arbitraria, contando incluso con evidencia de estudiantes desaparecidos, verbigracia, Cristóbal Triana desaparecido en agosto y estudiante de la universidad autónoma de Bogotá. Asimismo, en materia de desarrollo, Colombia entra a formar parte del bloque de Naciones no Alineadas, que era un movimiento que buscaba conservar su posición neutral y no involucrase con ninguna de las potencias enfrentadas en la Guerra Fría. Además de ello, se da la creación de la Universidad a Distancia, la construcción de la base Naval de Bahía Málaga y la limitación de las importaciones.
Por otra parte, el asesinato en Soacha del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1989, llevó a tomar medidas para el desmantelamiento del narcotráfico, lo cual trajo consigo una respuesta con ataques terroristas y el asesinato de otros líderes políticos, como Carlos Pizarro León Gómez (M19), Bernardo Jaramillo (UP) y el secuestro de Andrés Pastrana, posteriormente presidente de Colombia. A su vez, los estudiantes de la Universidad Nacional, el 9 de agosto del mimo año, se toman la torre central de la facultad de enfermería con el fin de dar a conocer su inconformidad con el acuerdo 059, en el cual se aumentan los trámites administrativos de la universidad, y en octubre, por la misma razón, se toman el edificio administrativo de la Universidad Nacional, interviniendo el espacio de manera que representara el entorno carcelario.
Para 1989 se llevan a cabo reformas importantes. Después del cierre de la universidad, la administración plantea la reforma estatutaria y académica de la universidad con el fin de responder a los problemas de asignación de recursos, desarrollándose un “proceso privatizador”. En mayo, la Asamblea Estudiantil de la Universidad Distrital exige la apertura de la Universidad Nacional. Tras esto, el 23 de agosto de 1989 se presenta el Primer Festival Estudiantil de Cultura Popular en la Universidad Nacional de Bogotá, donde los estudiantes hacen notar su presencia en las calles por medio del arte, los foros y enseñan una forma no violenta de movilización. Sin embargo, en el mes de octubre se presentan tropeles con participación de estudiantes, de lo que resultan heridos y detenidos. La respuesta de los estudiantes no se hace esperar después de conocer el caso de dos estudiantes detenidos de forma arbitraria, puesto que se comprueba su no participación en los hechos implicados. Se inicia una huelga de hambre el 10 de octubre, generando una respuesta inesperada: las directivas cierran de nuevo la universidad y se ordena su militarización.
El 4 de noviembre se convoca a un paro cívico en todo el país. Los estudiantes de la Universidad Nacional participan de un tropel que concluye con la detención de un estudiante de Economía, razón por la cual el 22 de noviembre se inicia un paro estudiantil para buscar soluciones frente al problema de la detención de los estudiantes y la militarización fuera de la universidad. Frente a estos conflictos, el 20 de diciembre el rector de la Universidad Nacional renuncia e inicia Darío Valencia (Luna & Juliana, 2007).
Con la llegada de la década del noventa, la mafia del narcotráfico desata una ola terrorista haciendo estallar casi a diario poderosas bombas en las principales ciudades del país. El atentado en el edifico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Bogotá forma parte de estas acciones. El pacto de paz firmado con el M19 fue un proceso histórico que marcó un punto importante dentro de la historia Colombiana, ya que fue el primer proceso negociador de terminación de un grupo guerrillero con la entrega verificada de armas y la desmovilización de todos sus integrantes, lo que trajo consigo una exitosa reincorporación de los sujetos a la vida civil y política del país. A esto se añade la creación de la ANAPO como forma política de alianza democrática de los ex integrantes del M19.
Bajo el mandato del Presidente Cesar Gaviria Trujillo en el período 1991-1994, se eligió la Asamblea Nacional Constituyente que reemplazó la Constitución del 86, poniendo en vigencia la Constitución que hasta el momento nos acompaña desde 1991 con la cual Colombia se organiza como un Estado Social de Derecho en forma de República Unitaria. Entra en vigencia la figura del vicepresidente ausente desde el mandato de Rafael Reyes en 1905 y se da paso a la apertura económica y la ley 50. A esto se añade la campaña Nacional de la Séptima Papeleta, realizada en las votaciones de 1990, cuya finalidad era añadir en las urnas electorales parlamentarias y municipales un voto adicional en el que los ciudadanos expresen su acuerdo o desacuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo objetivo era la creación de la Constitución Política Nacional.
De acuerdo a datos recopilados por (El Universal, 1991), los colombianos participaron activamente del proceso, constatando un 86% de acuerdo con la propuesta de la creación de una Asamblea Constituyente, motivo por el cual se prosiguió a nuevas votaciones con la finalidad de elegir a ciudadanos que representaran y promulgaran las necesidades de la población. La falta de organización en el Movimiento Estudiantil determinó que no se lograra la participación directa de los estudiantes, ya que pese al apoyo de doce centros de educación que recibió el estudiante Wilian Abrahan García, no se gestó su representación, puesto que en el congreso de estudiantes realizado en Medellín no se logró llegar a un acuerdo siendo inevitable su declinación. Posteriormente brindó su apoyo a Fernando Carrillo, quien para la época era asesor del Presidente.
La Asamblea Nacional Constituyente estaba conformada por 70 miembros de la ciudadanía, de los cuales 25 eran miembros del Partido Liberal, 19 de la Alianza Democrática M19, 11 del Movimiento de Salvación Nacional, 9 del Partido Social Conservador; la Unión Cristiana, Unión Patriótica y Movimientos Indígenas tuvieron 2 representantes cada uno. Esto indica que la representación siguió concentrándose en las élites tradicionales y no en los movimientos de base que la impulsaron.
El período entre 1991 y 2000 puede ser entendido como de relegitimación política, en la medida en que el sistema político se constituye en un Estado Social de Derecho y se consolida la apertura neoliberal a las fuerzas del mercado como las reguladoras máximas en el terreno del bienestar. El gasto social se dirigió hacia el polo de la demanda y no de la oferta, en concordancia con dogma neoliberal. La ley 50 de 1990 sobre la reforma laboral y la ley 100 de 1993 sobre reforma al sistema de seguridad social terminaron siendo un apoyo a la oferta de los índices privados, con lo que se desdibujaron las metas sociales del gobierno.
El panorama económico y político era complejo. El descuido por las necesidades sociales se hizo más visible. El fracaso en el sector productivo evidenciado con el deterioro de los salarios y el poco aumento del empleo se sumaron a este panorama. Si bien se constató un crecimiento del PIB, este fue el resultado del aumento del consumo de productos tales como automóviles importados, el desarrollo de la construcción y del sector financiero, y no del sector industrial o agrario. Por otra parte, hay que considerar el fracaso en las negociaciones de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), con quien se utilizó un modelo más flexible de diálogo que el que implementó con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), con quienes se pretendió un proceso de desarme que fue truncado con la ruptura de las relaciones en 1992.
El sucesor de su mandato, el ex presidente Ernesto Samper, hizo frente a un país con una crisis estructural, para lo que procuró alianzas pragmáticas con el narcotráfico, las cuales fueron propulsoras del aislamiento internacional. Dentro de su plan de gobierno figuraba el fortalecimiento de la productividad con equidad, para lo cual se diseñó el Pacto Social, que tenía como objetivo la concreción de los precios y salarios. Sin embargo, dicho plan solo tuvo éxito durante el primer año, dado que por una parte figuraban los compromisos por parte del gobierno, inestable por la crisis política, y por otra los compromisos por parte del Banco de la República, entidad prácticamente autónoma en los manejos monetarios.
Su gobierno pareció concentrarse en los asuntos que concernían asegurar su permanencia en el poder debido a que estaba siendo investigado por la denuncia de su opositor por el denominado proceso 8000, que implicaba a funcionarios del gobierno, sectores políticos tradicionales y a empresarios. Es así como con un gobierno a la defensiva lo que único que se logró fue la culminación de su mandato. La crisis política polarizó las clases dirigentes, dejando como resultado una crisis de gobernabilidad. Las denuncias de narcotráfico se agudizaron y se conformó la clientelización y agudizó la corrupción.
Su sucesor, el ex presidente Andrés Pastrana, quien gobernó en el periodo comprendido entre 1996-2000, en su plan de desarrollo pretendía hacer un intento por la superación del conflicto armado con la lógica de mercado, a lo cual los trabajadores estatales reaccionaron con un paro que se llevó a cabo a comienzo de 1999. Las movilizaciones tenían como motivación el desacuerdo con el plan de desarrollo. En materia económica y política, los avances no fueron muchos. Por el contrario, en el año 1999 se reportó una caída bastante significativa en la historia económica de Colombia del PIB; el desempleo llegó al 19,8 % (Bushnell, 1966). En el mismo año los indicadores de pobreza y de distribución de ingresos reportaban cifras preocupantes, sobre todo en las grandes ciudades, frente a lo cual el Consejo Nacional de Planeación dijo:
(…) en lo corrido que va del gobierno han estado ausentes las reformas democráticas de la estructura política, de la redistribución de ingresos, de la riqueza de los bienes y de los servicios; muy por el contrario (…), las colombianas y los colombianos han perdido poder adquisitivo (…) se ha concentrado el ingreso y la riqueza, se ha pauperizado a la clase media y los sectores pobres se han empobrecido dramáticamente. (Archila, 2002, pág. 40).
En palabras de Mauricio Archila (2002), la elección de Álvaro Uribe Vélez, con su propuesta autoritaria, por primera vez en la historia colombiana logró que los ciudadanos y ciudadanas se inclinaran más por la guerra que por la paz, ya que su principal objetivo estaba direccionado a la eliminación de las FARC como fuerza insurgente, en una constante aspiración a que el Estado recuperara el poder, sin embargo parte de la población era consciente de que la guerra no sustituiría para siempre la política.
Pese a ello, Colombia padeció un largo conflicto interno. Aunque sus fuerzas armadas no representan una potencia militar, su estrategia militar se basaba en dos presupuestos: uno estaba marcado por la intervención en la política, y el segunda hacia énfasis en el comunismo internacional como explicación del conflicto interno, por lo que el poder aparecía fragmentado y el sistema político dividido, lo que implicaba que las Fuerzas Armadas controlaran su propia esfera del poder con la fijación de sus propios objetivos.
Los partidos tradicionales no son los únicos actores responsables de la coyuntura del país, pues también fueron determinantes la influencia de otros grupos vinculados con las élites, las políticas gubernamentales, las presiones sociales para el cambio y la diversidad de factores implicados, tales como el desempeño económico y las intervenciones externas.
En materia de educación, y gracias al apresuramiento de la Ley 30 –que lejos de haber sido una ley estatutaria entró en contradicción con la ley general de educación 155 de 1993–, de la ley 30, según Carlos Holmes Trujillo, se dijo que fue fruto de un “amplio consenso”; sin embargo, este publicitado consenso nunca fue tal. Fue pretendido y simulado. Lla ley 30 no satisfizo al estudiantado.
Reforma a la ley de educación superior, ley 30 de 1992. Surgimiento del nuevo movimiento social estudiantil colombiano. Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE)
El Estado Colombiano está en la obligación de brindar educación a toda la sociedad, entendiendo que este es un derecho constitucional y una obligación inherente al Estado; el debate se centra en la calidad de educación que se brinda y por los medios que se realiza. La Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 organiza el derecho a la educación superior, y plantea entre sus artículos que la “educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral y que tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica y profesional” (República, 1992).
El ex presidente colombiano Cesar Gaviria (1990 -1994) asumió el nuevo liberalismo, a partir del asesinato del candidato y futuro presidente Luis Carlos Galán Sarmiento. En su gobierno se realizó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, resultado del proceso que adelantó el Movimiento Estudiantil, conocido como la Séptima Papeleta, y que dejó como resultado la creación de la Constitución Política Nacional de 1991 en reemplazo de la Constitución del 86, con la cual Colombia se organiza como un Estado Social de Derecho en forma de República Unitaria.
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la educación adquiere un carácter de derecho fundamental con una función social (Art 67); la autonomía universitaria se reconoce como principio fundamental del Estado (Art 69). El cambio de visión exigía una reforma de fondo en el sistema de Educación Superior vigente en la Ley 080 de 1980, lo que motivó la expedición de la Ley 30 de 1992 bajo la dirección del Ministerio de Educación, regido por Carlos Holmes Trujillo García (1991-1993).
Aunque la ley 30 fue creada hace 19 años, se hace necesario realizarle algunas modificaciones, pues hacia el año de 1992 entidades como el ICETEX (Instituto Colombiano de Créditos Educativos y Estudios Técnicos en el Exterior), creada con la finalidad de fomentar la educación superior en la población de escasos recursos económicos, no era una entidad reconocida. Actualmente es un banco de segundo piso, al igual que el ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior), sujeto al ministerio de educación. De acuerdo con el artículo 37, “el ICFES es un establecimiento público de orden nacional adscrito al ministerio de educación” con la finalidad de evaluar la educación (Foro Archivo Semana, 2011).
Bajo el mandato del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la orientación de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, se radica la propuesta de la reforma a la ley 30 de 1992 de Educación el 11 de abril del 2011. La propuesta del gobierno de reformar la ley 30 generó una serie de desacuerdos y confrontaciones entre la comunidad estudiantil y el gobierno, pues en esta reforma se replantean 144 artículos, de los cuales unos generan más polémica que otros. Entre estos se tratan temas como la inversión de la empresa privada en las universidades públicas, se cuestiona la autonomía universitaria y la escasa inversión del gobierno en la universidad pública, y se pone en tela de juicio la creación de universidades con ánimo de lucro.
Muchos de los actores inmersos en el conflicto convergen en la idea de que la educación necesita una reforma que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, dado que el país ha estado sujeto a transformaciones desde hace 19 años, desde que se promulgó la Ley, lo que no implica necesariamente un acuerdo con la misma, pues de 164 artículos que la constituyen, se están reformando 144.
Aunque son 144 artículos los que se propone reformar, la reestructuración de algunos requiere una mirada más minuciosa, como la posibilidad de que la empresa privada invierta en las universidades públicas, a lo que el presidente responde que se necesita la inversión de fuentes privadas para la competitividad y la mayor cobertura en la educación. Sin embargo, para algunos catedráticos del sector, entre ellos el rector de la Universidad Nacional, estipula que la propuesta no es clara pues es debe tener presente que las universidades trabajan conjuntamente con las empresas desde hace aproximadamente 40 o 50 años. Por ello que surge el cuestionamiento acerca del interés que tiene la empresa privada en la inversión en el sector público, lo que suscita una inquietud: ¿qué tanto puede el interés privado chocar con la misión y con la verdadera función de las universidades? (Reforma a la ley 30 ¿por que si y por que no?, 2011).
En la reforma a la Ley 30 se hace referencia a la prestación del servicio público de la educación superior. Se propone la instauración de instituciones de educación superior de carácter mixto, las cuales serán sometidas a lo dispuesto en la ley y demás normativas aplicables y serán constituidas mediante ley, ordenanza o acuerdo que garantice los recursos para su funcionamiento, lo que favorece al Ministerio de Hacienda y crédito público y la Secretaria de Hacienda de la entidad territorial respectiva. Es así como se presenta el cuestionamiento de la calidad de la educación versus la cobertura de la misma, pues el último fin de la academia debe ser el lucro.
La autonomía universitaria es un eje transversal en la educación superior, además de ello el estado está en la obligación de reconocer como un principio fundamental el derecho a la educación. Es por ello que la propuesta lesiona gravemente la autonomía universitaria, ya que coarta el ejercicio de la democracia al proponer que un ente de control de carácter ejecutivo adquiera el poder sobre una institución. Para este caso, el Ministerio de Educación no tendría control sobre los órganos judiciales (Reforma a la ley 30, ¿Por qué sí o por qué no?, 2011). Es por ello que para la comunidad académica y la población en general se asumió la propuesta de la reforma a la Ley 30 como un atentado al desarrollo cultural y científico del país, antecedente del resurgimiento del Movimiento Estudiantil Colombiano.
La unión de las diversas organizaciones estudiantiles colombianas da paso al nacimiento de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que surgió como resultado del Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios (ENEU) realizado en marzo de 2011. El Movimiento Estudiantil MANE realiza su primer encuentro el 20 y 21 de agosto de ese mismo año, con la participación de 32 representantes de las universidades públicas, más de la mitad de las 48 Universidades privadas, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e instituciones técnicas y tecnológicas (Deslinde, 2012, pág. 15).
La MANE se pronuncia en desacuerdo con la instauración de una educación neoliberal, entendida esta como una educación que reduce la responsabilidad del Estado y deslegitima el derecho fundamental, profundizando la inequidad. Se plantea la consolidación de una organización gremial estudiantil, amplia, unitaria y democrática, que permita la construcción de un sentido político claro y acertado para la superación del sistema neoliberal, permitiendo la recuperación de la educación como un espacio fundamental para el desarrollo de la sociedad.
Se debe precisar que los Movimientos Estudiantiles previos a la MANE carecían de la capacidad para diseñar un proyecto político duradero, que a su vez generara estrategias de movilización y participación. Es así cómo la MANE se constituye con los propósitos de:
Dotar de unidad programática al Movimiento Estudiantil a través de su programa mínimo.
Construir la herramienta gremial unitaria, amplia y democrática de la cual carecen los estudiantes colombianos hace aproximadamente 4 décadas (Deslinde, 2012, pág. 15).
Para finalizar, se puede evidenciar que históricamente Colombia, en materia de educación, ha presentado problemas estructurales para reconocer en ella un derecho fundamental. Se cuestionan los intereses privados y públicos de los actores políticos. Por otro lado, se genera un cuestionamiento ético centrado en la oposición: cobertura versus calidad, teniendo presente que la educación ha sido un problema generacional y transversal en la historia colombiana. Sin embargo, el número de estudiantes ha aumentado proporcionalmente, lo que genera la inquietud respecto de la calidad. La reforma a la ley 30 devela la falta de responsabilidad del Estado para con la sociedad, entendiendo a la educación como un derecho fundamental que permite el desarrollo y el crecimiento de una sociedad.
Respuesta de la MANE a la reforma de la ley 30
Programa mínimo del Movimiento Estudiantil Universitario MANE (Colombia)
El programa de la MANE constituye una crítica hacia el Estado perverso que cobija a la sociedad colombiana, e implica una propuesta para el modelo de educación. Dicho programa está compuesto por 6 ejes:
Financiación: eliminación de la visión de la educación como mercancía y mayor exigibilidad para el Estado como garante de la educación como derecho fundamental. Es por ello que se rechaza la reforma a la Ley de Educación y cualquier medida que posibilite el lucro, como la integración de transnacionales estipuladas en el Tratado de Libre Comercio (TLC), y la inversión del sector minero-energético con su explotación de los recursos naturales. El Estado está en la obligación de la inspección, control y vigilancia de los costos en las matrículas de las Universidades Colombianas, con la participación de los estudiantes en las discusiones presupuestales de las universidades para alcanzar la gratuidad en las universidades públicas y el congelamiento de costos en las universidades privadas.
Se pretende financiar la universidad pública con el aumento de los recursos estatales a la base presupuestal, con la reducción de la inversión en las fuerzas militares y la deuda pública, teniendo en cuenta los costos generados en seguridad social, nómina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión. Es de resaltar que la inversión en la Universidad pública asegura la calidad de la misma.
El ICETEX solo será financiado por recursos del Estado, no provenientes de deudas con el sector financiero ni con organismos multilaterales de crédito; así tendrá la capacidad de reestructurar sus créditos, suspender los procesos contra quienes no han podido pagarlos y refinanciar los restantes. Los nuevos créditos que se otorguen serán sin capitalizaciones de intereses y contarán con subsidios por logros académicos, deportivos y culturales (MANE, 2011).
Democracia y autonomía: las instituciones de educación superior están en la capacidad de elegir sus cuerpos de gobierno de manera democrática y con mayor participación de la comunidad educativa.
Autonomía en la definición de las agendas investigativas, programas, currículo y contenidos por miembros de la comunidad académica para asegurar la calidad. Determinación autónoma en el gasto presupuestal, de acuerdo a las necesidades, prioridades y definiciones de la comunidad universitaria (MANE, 2011).
Bienestar universitario: componente integral de formación académica y por tanto debe ser ofrecido por las Universidades y no a través de concesiones; asegurando prestaciones tales como: salud, alimentación, vivienda, transporte y el ejercicio de actividades deportivas, culturales y artísticas.
Además, los empleados deben ser contratados directamente por las universidades, respetando sus derechos salariales y prestacionales. Los recursos para el bienestar universitario deben estar contemplados en los recursos que destina el Estado a las universidades públicas.
Calidad académica: es necesario el aumento progresivo de la planta docente y los docentes de tiempo completo de dedicación exclusiva, además de ello la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas, generara una mejor calidad en la educación.
Se propone la eliminación de la estandarización de contenidos, las pruebas de saber o la implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales.
Libertades democráticas: apoyo y respeto en las expresiones culturales, políticas y sociales al interior de las Universidades y a su vez a las formas de organización estudiantil, profesoral y sindical.
Se requieren garantías para el goce de los Derechos Humanos, razón por la cual se rechaza rotundamente la militarización en el campus y la persecución hacia miembros de la comunidad universitaria, con una fuerte oposición a la estigmatización del Movimiento Universitario, exigiendo de esta forma el respeto hacia la movilización social y el derecho a la protesta y a las demás libertades y derechos democráticos.
Relación universidad-sociedad: la comunidad académica e investigativa estará al servicio de las necesidades y el desarrollo del pueblo colombiano, lo que implica replantear el modelo pedagógico con la finalidad de afrontar, discutir y generar alternativas frente a las problemáticas sociales, económicas y medioambientales.
Se exige la creación de hospitales universitarios financiados por el Estado al servicio de la comunidad académica y no de sector privado. La comunidad académica incita a la concreción de una solución política y de diálogo frente al conflicto armado interno del país.
Para finalizar, se debe tener presente que el actual Movimiento Estudiantil Colombiano ha aprendido de su historia, puesto que su recorrido ha conocido logros y derrotas; por un lado, retoman posturas del programa mínimo del 71, lo cual da pie para la estipulación del actual programa mínimo planteado por medio de una alternativa a la ley 30; y por otro lado, avanza en los mecanismos de movilización desde un panorama más pausado e incluyendo expresiones artísticas, retomado de la época del 80.
Aportes del movimiento estudiantil colombiano para los procesos de movilización social
Los aportes de Movimiento Estudiantil Colombiano a la movilización social se dan como resultado de una serie de reflexiones y la construcción de concepciones, expuestas estas en cuatro entrevistas realizadas a tres voceros nacionales de la mesa ampliada y un delegado de la organización, que presentan el resultado del análisis y la compresión de lo que significa el Movimiento Estudiantil Colombiano, su trayectoria, sus formas de organización, estrategia y participación en las esferas de la sociedad.
Concepción de los movimientos sociales
Desde la tradición sociológica, los movimientos sociales son un grupo de ciudadanos y ciudadanas organizado con criterios de funcionamiento definidos, con una composición heterogénea que no está determinada por una clase social o intereses políticos, ubicado en un marco legal, con la finalidad de lograr una reivindicación social. Es importante reconocer que el movimiento estudiantil no se asume como un partido político, sino como un espacio en donde pueden existir diferencias que es necesario debatir para llegar a consensos. De esta manera se logra inferir que el movimiento estudiantil colombiano “se proyecta como una organización gremial en la que cabe la diversidad de pensamiento, unificada por la lucha de los derechos de los estudiantes y la universidad como foco de trasformación social” (Forero, 2013).
En ese sentido, es necesario comprender que la acción colectiva guarda una estrecha relación con los movimientos sociales, puesto que la acción colectiva implica un comportamiento disfuncional dentro de un sistema, manifestando una inconformidad imperante en la sociedad que permite emprender acciones para alcanzar un objetivo común. A partir de esto se puede inferir que los movimientos sociales cobran vida en el momento en que se organizan y trascienden las barreras de la universidad, y logran poner a los individuos de la sociedad a discutir sobre el tema de la educación en busca de otras reivindicaciones desde la esfera política, social, cultural y económica.
Desarrollo de la agenda política
Es necesario tener en cuenta los cambios que ha adoptado el Movimiento Estudiantil a lo largo de su lucha, a partir de las nuevas formas de organización y estrategia, que ha permitido un acercamiento de este con la sociedad civil, logrando incidencia política y estableciendo relaciones de trabajo en red a nivel nacional e internacional, contribuyendo a las transformaciones en la estructura de la organización estudiantil.
Es evidente que las discusiones políticas y educativas presentadas en el manifiesto de Córdoba de 1918 generaron un hito a nivel latinoamericano en temas de autonomía, cogobierno y democracia universitaria, lo que contribuye actualmente en Colombia al diseño del programa mínimo de la Mesa Amplia Estudiantil (MANE).
Los cambios organizativos y estratégicos dados en el movimiento estudiantil colombiano, presentando los principales periodos de participación activa ante las crisis sociales a lo largo de la historia colombiana, son:
La resistencia y lucha contra la hegemonía conservadora desarrollada hasta 1930.
La participación de la revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo (1934-1938).
La lucha contra el frente Nacional (1957 -974)
La defensa de la educación pública desarrollada en la última década (Senen, 2012).
Las coyunturas políticas dadas en la historia colombiana marcan puntos relevantes para el análisis y reflexión para nuevas posturas.“El movimiento estudiantil con mayores similitudes al actual, es el movimiento generado en 1971, que parte de escenarios gremiales que lograron unificar expresiones políticas en el Movimiento Estudiantil y plantearon un programa Mínimo y unos fundamentos claros de la causa estudiantil.” (Fernandez S. , 2013).
Por otro lado, el movimiento estudiantil de los años 80 y 90 evidencia un reflujo frente a los cambios de expresiones de los movimientos estudiantiles; se desliga la causa estudiantil de las acciones estudiantiles, puesto que la estrategia discursiva podría llegar a ser argumentada, mas no legitimada, lo que obstaculizaba la influencia en el contexto político y educativo colombiano. Por ende, las formas de organización violentas limitaban el accionar y la integración de otros sujetos sociales a la causa estudiantil, dejando como consecuencia la pérdida de legitimidad del movimiento y, asimismo, de la lucha estudiantil ante el Estado.
Desarrollo de la agenda política
El discurso actual de los movimientos estudiantiles tiene una repercusión importante en la esfera política en materia de propuesta, debate y movilización; sin embargo, se puede evidenciar la incidencia que el movimiento tiene y los aportes que puede brindar a los procesos de movilización social y los futuros movimientos sociales en general, puesto que han demostrado que al tener una agenda política y objetivos claros se puede lograr un cambio social y político, que parte desde la estructuración al interior de la organización de la MANE, en donde existen comisiones divididas por mesas, como la mesa operativa, la mesa de comunicaciones, la mesa de vocería, la mesa académica y la mesa de derechos humanos, las cuales tienen funciones específicas dentro de la organización.
A partir de las mesas de trabajo, la MANE promueve la participación de la población colombiana para la integración al proceso que se adelanta en la organización, no solo ganándose un espacio más amplio en la población juvenil, sino también en otros sectores organizacionales, como FECODE (Federación Colombiana de Educadores) y la FUN (Federación Universitaria Nacional), además de la participación de otros movimientos sociales y de sectores políticos del país que se han ido integrando en la discusión. En este sentido es importante evidenciar que la MANE no le cierra las puertas a nadie, sino que, por el contrario, busca que la población participe y comparta los seis puntos mínimos establecidos por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil: a) estar de acuerdo con que la educación sea gratuita; b) entender que la educación tiene que ser de calidad; c) trabajar por el bienestar universitario; d) procurar el respeto por las libertades democráticas; e) asegurar la autonomía y democracia al interior de las universidades y d) fomentar una relación entre la universidad y la sociedad (Forero, 2013).
Partiendo por aclarar los seis mínimos establecidos, es fácil vislumbrar la operatividad de la agenda política por medio de las mesas locales que se encargan de generar debate, promover acuerdos y abordar desacuerdos con miras hacia el consenso, a veces democráticamente a través de la participación de cada uno de los delegados de las mesas locales, con el fin de sistematizar las experiencias de cada mesa, dándolas a conocer en la Mesa Amplia Nacional, propiciando nuevas discusiones y debates enmarcados dentro de la agenda política (Rincon, 2013).Así se puede hablar de la instauración de una agenda política estructurada, con objetivos claros, que permite que otras esferas a nivel social, cultural y económico incidan y generen discursos integrales, obteniendo como resultado la creación de redes de trabajo frente a los objetivos trazados dentro del movimiento. Es importante resaltar la argumentación de los estudiantes en las políticas públicas, para lo cual es necesario dar cuenta de la Teoría de la Acción Comunicativa y algunos elementos teórico-conceptuales propuestos por Jurgen Habermas, tales como reflexividad, argumentación, solidaridad, consenso, participación, equidad e igualdad, para develar el contenido que subyace en las políticas construidas al interior del movimiento (Perez & Cogoyo, 2006).
El primer elemento es la reflexividad, que en los integrantes del movimiento es asumida como la capacidad de cada persona para tomar decisiones a partir del análisis y la elaboración de argumentos frente a la realidad, por lo que puede decirse que las políticas sociales apuntan a la búsqueda de la participación consiente y responsable de los estudiantes. Respecto del segundo elemento, la argumentación debe haber pasado por una actuación consiente en la que el espacio que aparece como legitimo se dé en las estrategias políticas. Se trata de una argumentación representada por un espacio de elección como lo son las mesas de trabajo en las que está dividida la funcionalidad de la mesa amplia.
Con respecto al consenso, este es entendido como la capacidad de los sujetos de llegar a acuerdos sobre la base de la búsqueda de un escenario conjunto de mayor desarrollo social y humano, que se expresa mediante las pretensiones de validez que cada uno de los participantes en un diálogo racional explica con argumentos y actuaciones, en el marco de una relación simétrica; lo que hace un llamado a la solidaridad y a una relación integral de los jóvenes. Es más, al interior del movimiento se explica “el ser solidario” en los estudiantes, como el que “le regalen un poco de su tiempo y conocimiento a la causa estudiantil” (Forero, 2013).
Tal solidaridad a su vez es vista en términos del reconocimiento del otro sujeto con el que se interactúa, quien también argumenta expresando ideas de validez. Desde allí, lo que se busca es un entendimiento recíproco, un consenso racional, que pondere las mismas oportunidades de participación. Por otro lado, la idea que se maneja de participación desde la teoría de la acción comunicativa, es entendida en términos de cambiar el presente y el futuro de determinado contexto, que puede ser próximo o no, pero que se ha impulsado desde su actuación en el control ciudadano y en la solidaridad social, a partir de las organizaciones sociales que dichos actores conforman. En todo caso, se define que la participación debe ser consciente, responsable y organizada.
El tema de la equidad se enmarca en la política social, del Estado Social de Derecho, mostrando en las políticas sociales la intención no solo de identificar los destinatarios, sino también de impulsar la formación integral de los ciudadanos o de los individuos, contribuyendo a la construcción de la solidaridad desde el llamado a la participación. El desarrollo del actual Movimiento Estudiantil Colombiano ha brindado un aporte a los procesos de movilización social, a partir de posturas propias del movimiento y la integración metodológica de enfoques como el diferencial, la educación popular y la IAP (Investigación, Acción y Participación). Por otro lado, el manejo del liderazgo y empoderamiento al interior de la MANE promueven una continuidad y estructuración al interior del movimiento.
Partiendo por los enfoques mencionados anteriormente, se dará a conocer su relación con el actual movimiento estudiantil colombiano, en la medida en que estas se aplican al interior del movimiento: “ El enfoque diferencial, parte de los principios básicos del libre ejercicio de los derechos, desde el género, la edad y la etnia, incentivando la equidad y reconocimiento de las diferencias entre los grupos poblacionales” (Meertens, 2013), lo cual se ve claramente reflejado en la MANE, puesto que no solo es democrático y participativo, sino que a su vez es incluyente, existiendo dentro del movimiento distintos géneros, edades, etnias, condiciones sociales, políticas y religiosas, conformando así un colectivo diverso con visiones integrales de los temas que vinculados a las discusiones académicas.
La educación popular, la participación popular y los procesos de democratización en los movimientos sociales se ven permeados en la medida en que Colombia es un país con pocos espacios democráticos, y hablar de movimientos sociales implica la existencia de una fuerte y vital sociedad civil. Los movimientos sociales actuales están marcados por el signo de la integración dialéctica, comprendidos y aplicados en diversas épocas, momentos, contextos e intenciones diversas, y hoy se dimensionan e integran buscando una formulación que ayude a sus propósitos de liberación y que permitan su propia superación dialéctica en la nueva práctica.
Lo educativo también requiere ser construido de tal manera que dé cuenta de la globalización y de cómo ella afecta a las subjetividades, instituciones, organizaciones y procesos humanos. Por eso es necesario pensar un proceso educativo desde una identidad pedagógica específica que permita que la educación salga del silencio y construya la impugnación y el empoderamiento en los nuevos procesos sociales (Mejia, 2001).
Todo lo anterior apunta a una nueva interpretación de la realidad social y a una intención de cambio frente a ella; la educación popular en el Movimiento Estudiantil se evidencia mediante formas de movilización a partir de procesos de renovación relacionados con la educación popular y su empoderamiento en los procesos sociales. Un buen ejemplo de ello son las nuevas formas de movilización, en este caso creativas, por medio de flashmob (coreografías), besatones, carnavales, entre otros; formas incluyentes, en donde cualquier tipo de sujeto social puede compartir los objetivos del Movimiento Estudiantil. Es necesario dar cuenta del contexto de los procesos de movilización y de fundamentación sobre las prácticas instituyentes desde la perspectiva de la pedagogía crítica que permita fortalecer los procesos de movilización juvenil, no solamente al interior de las universidades, sino en todo espacio social, político y comunitario.
Así como la sociedad civil y las instituciones son capaces de organizarse, e incluso autorregularse, el movimiento estudiantil ha adoptado estrategias de organización y delegación de funciones que permiten una perspectiva holística de la situación académica y coyuntural en la sociedad colombiana, que da cuenta de la realidad no solo de las instituciones educativas públicas y privadas, sino también de sus alcances en la esfera política.
Se evidencia así una unidad de acción, una agenda de movilización y una organización básica en las plenarias de la MANE, las mesas locales, el comité operativo, el cuerpo nacional de vocería, la comisión nacional de derechos humanos, la comisión de comunicaciones y la comisión académica, promoviéndose debates no exentos de contradicciones y diferencias. Entre estos:
Comité operativo: es el encargado de estipular las reglas básicas de funcionamiento y la orientación del consenso frente a las discusiones de la política, dejando un aprendizaje de democracia y reflexión frente al consenso y la escucha de diferentes posturas y expresiones políticas que se presentan en cada plenaria.
Comité de vocería: es el comité encargado de promulgar los consensos, debates y propuestas a nivel regional y local, con respecto a los acuerdos estipulados por la MANE.
Comité de derechos humanos: este es el encargado de velar por la seguridad de los y las estudiantes a la hora de salir a movilizaciones o generar una movilización de ideas en diferentes espacios de participación.
Comité de comunicaciones: se encarga de generar mayor participación por medio de redes sociales e invitaciones para para las distintas movilizaciones que surgen; por otro lado, está encargado de la vinculación de diferentes actores civiles o gremiales, a nivel nacional e internacional.
Comité académico: este se encarga de desarrollar la propuesta de la ley alternativa de educación, por medio de la vinculación de actores externos a los estudiantes, como profesores o trabajadores; este comité tiene a su cargo la responsabilidad de fomentar la rigurosidad académica e intelectual de los estudiantes vinculados a la MANE.
Con esta nueva forma de organización estudiantil, se facilita evidenciar un orden de operatividad, lo que contribuye a su vez a clarificar los opositores y aliados que pueda tener la MANE. Entre los aliados, podemos encontrar dos significativos: los nacionales e internacionales.
Aliados nacionales: los movimientos sociales indígenas, afrocolombiano, el congreso de los pueblos, la marcha patriótica, la minga social y comunitaria, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), aproximadamente 70 universidades entre públicas y privadas, 15 regionales del Sena, cerca de 10 instituciones técnicas y/o tecnológicas, la asociación colombiana de estudiantes universitarios (ACEU), sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Aliados internacionales: la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), encargada de unificar universidades de Latinoamérica, como las de Cuba, Nicaragua, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil y Uruguay; también cuentan con el apoyo de otros Movimientos Sociales de Estudiantes a nivel latinoamericano e intercontinental.
El proceso supera la protesta
La estructura y organización del actual Movimiento Estudiantil en Colombia surge a partir del conocimiento y análisis de la trayectoria histórica ante la emergencia de abordar y dar respuesta a la crisis insostenible de la educación en Colombia, brindando un espacio de cambio estructural y organizacional a los movimientos estudiantiles por medio de la unificación e integración de los estudiantes, lo que se materializa en la creación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE.
En el actual Movimiento Estudiantil Colombiano, la MANE, a partir de la reforma de la ley 30 estipulada en el Gobierno de Juan Manuel Santos 2012 , fue el punto de inflexión en las organizaciones de estudiantes para unificarse en una mesa amplia, de la difusión de la conciencia de la crisis estudiantil, implementando un discurso argumentado y crítico, generando de esta forma no solo un señalamiento negativo a la ley, sino una propuesta alternativa, algo antes nunca visto en Colombia, en la medida en que el Movimiento Estudiantil pasado no trascendía a la esfera política puesto que la movilización no superaba la acción colectiva.
Los cambios mencionados anteriormente, a nivel organizativo y estratégico de la MANE, permiten entender la proyección del movimiento como una organización gremial, que en sí misma evidencia un logro de todos los estudiantes frente a las actuales y futuras batallas, unificando así las universidades privadas, publicadas, instituciones tecnológicas y fundaciones educativas, dejando de lado factores económicos, políticos y religiosos, entre otros. En ese sentido, llama la atención que la MANE “no sea una cuestión restringida exclusivamente a la esfera de un individuo aislado que responde de manera mecánica a los estímulos del entorno, al contrario, se requiere comprender que su manifestación y proyección social es una construcción derivada de los intercambios y vínculos suscitados entre los miembros de un colectivo social” (Delgado, 2008).
A partir de esto, es necesario contrastar los Movimientos Estudiantiles anteriores al actual, puesto que “las principales organizaciones estudiantiles antes del 2011 se reunían periódicamente para mirar qué problema había, dejando como resultado movilizaciones sin contenido estructural. El actual movimiento estudiantil, en la movilización, contempla tres ejes fundamentales, en primera instancia el escenario operativo, es decir un programa en conjunto, una movilización conjunta y una jornada de movilización; de lo que se puede deducir la proyección a largo plazo de la MANE” (Fernadez, 2013).
Para finalizar, este proceso es parte de la sociedad en general, no ha sido inédito, en un principio fueron los estudiantes los que se sentaron y empezaron a discutir el tema de la ley de educación y gracias a ello se han podido vincular otros sectores a la construcción de la ley alternativa a la educación; se cuenta con la participación de otros movimientos sociales y sectores políticos del país, que se han ido incorporando al proceso. Es más, hoy se cuenta con aportes del movimiento indígena, del movimiento afrocolombiano, del congreso de los pueblos, marcha patriótica, la minga social y comunitaria, sindicatos como el de FECODE y el del acueducto, los cuales han puesto temas en la mesa de discusión.
Las estrategias visibilizan el discurso
A partir de la información suministrada por los estudiantes del Movimiento Estudiantil MANE, se pueden llegar a inferir tres formas estructurales del proceso del Movimiento Estudiantil. Principalmente, las movilizaciones de los estudiantes implicaban vías de hecho (pedradas: expresión violenta que se caracteriza por el lanzamiento de piedras; tropeles: conjunto numeroso de personas que se mueven de forma rápida, ruidosa y desordenada; asonadas: reunión tumultuaria y violenta para conseguir algún fin, generalmente político). Cabe aclarar que para los estudiantes del actual movimiento estudiantil el proceso de movilización ha tenido trasformaciones en las formas de expresión:
[…] en la actualidad el movimiento estudiantil recurre a formas de expresiones simbólicas (abrazatones, besatones: cadenas humanas con la finalidad de evidenciar su afecto y apoyo) y culturales (flashmob: reunión de un grupo de personas que realizan una muestra cultural con fines políticos y reivindicativos, convocados por las redes sociales; carnavales: expresiones artísticas por medio de bailes, cantos, disfraces y comparsas), lo que permitió ganarse la legitimidad en la sociedad colombiana (Rincon, 2013).
Sin embargo, es necesario abrir nuevos espacios y fortalecer los ya establecidos, si se quiere, mediante la persuasión personal, casa a casa, barrio a barrio, de tal manera que se pueda llevar la discusión a otros escenarios y sectores organizados y no organizados del movimiento social y de la sociedad en su conjunto. Además de ello, se encuentra un común acuerdo en la importancia que los entrevistados le otorgan a las redes sociales, los avances tecnológicos y científicos y como estos permiten una comunicación con el resto del mundo, estableciendo redes de apoyo desde Francia, Italia, Noruega, Canadá y muchos países de América Latina; intercambiando ideas entre diversas personas y estableciendo nuevas estrategias comunicativas.
Teniendo en cuenta la estrategia de inclusión del movimiento estudiantil colombiano, no discriminatoria, se pueden encontrar alianzas nacionales como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), instituciones técnicas y tecnológicas, la participación de colegios, de partidos políticos como el Polo Democrático; sindicatos y los diversos movimientos sociales. Además de ello, desde el marco internacional, la Organización Continental Latinoamericana y caribeña de estudiantes (OCLAE) es un aliado estratégico y determinante en el accionar del movimiento estudiantil a nivel internacional, cuya finalidad es que los ciudadanos se movilicen y luchen contra la mercantilización de la educación.
Países como Chile, Brasil, Ecuador y México son algunos aliados con los que la MANE mantiene relaciones dialógicas permanentemente en la lucha por la educación, y operativizan la agenda de trabajo mediante foros internacionales por la educación (en el 2012 se dio el XVI congreso Latinoamericano de Estudiantes en Uruguay, abordando temas como el acceso laboral de los jóvenes al mercado y la precarización de la salud). La gratuidad y calidad de la educación se postulan en un escenario político mediante la conformación de la ley alternativa de educación superior.
La Democracia en el movimiento social estudiantil
Los movimientos sociales ejercen un papel político en la medida en que la política no se restringe al tema de las elecciones, los votos y los candidatos. El Movimiento Estudiantil actual pone a prueba la democracia en Colombia, movilizando un gran número de personas (estudiantes, docentes, sociedad civil), las que hablaban de la educación, lo que demuestra que si el pueblo está organizado y movilizado es posible la formación de nuevas políticas públicas proyectadas al bienestar social.
Los movimientos sociales se sitúan en espacios de conflicto tales como el capitalismo y la exclusión social, relaciones de género, interculturalidad, estructuras de poder no democráticas, militarismo, relaciones con la naturaleza, pero que su vez buscan conexiones de procesos y denuncias que generan la aplicación de discursos de red, entendiendo este como un formato de representación de problemáticas que se agrupan simbólicamente, lo que permite evidenciar la convergencia a nivel simbólico y propositivo (Calle Collado, 2011, p. 87).
Ahora se comprende por qué la democracia tiene una estrecha relación con el empoderamiento que tienen los individuos de la sociedad en los movimientos sociales; el empoderamiento se refleja en el grado de participación de los individuos en las movilizaciones, que parte del quehacer de los jóvenes enfocado en la recuperación de un espacio territorial, que puede ser local, regional o nacional.
La pérdida de supremacía de lo público sobre lo privado ha producido una profunda erosión democrática que obliga a cuestionar la idoneidad de las actuales instituciones y de la forma del Estado para garantizar, producir y gestionar lo común; las instituciones públicas no solo se han retirado de sectores estratégicos para la reproducción de la sociedad y las garantías de acceso a los derechos más elementales, sino que han sido impulsadoras del proceso de privatización y mercantilización que atraviesa cada vez más al conjunto de la vida en el país, permitiendo las condiciones de posibilidad para un régimen de acumulación que ha tornado sociedades ricas y productivas en paisajes desoladores, marcados por la escasez, la inseguridad y la precariedad generalizada. Los procesos de precarización y empobrecimiento que atraviesan los sectores en Colombia han golpeado las condiciones materiales de la práctica democrática.
Ahora bien, reconocer la crisis de legitimidad y operatividad de las instituciones públicas y atender la creación de formas novedosas de participación y acción colectiva, basadas en una gestión radicalmente democrática de lo común, implica entender la necesidad de un proceso de reorganización de las relaciones sociales basados en principios de dignidad y plena igualdad en el acceso a los derechos fundamentales; es así como la base de la democracia supone necesariamente la creación de instancias de gobierno y administración de la vida, la producción y la voluntad política que desbordan las formas del Estado.
Conclusiones
Las formas de relacionarse de los movimientos estudiantiles con los actores políticos y la interlocución entre los mismos fueron replanteadas en función de propuestas desde la base estudiantil y no desde acuerdos que se realizaban previamente con los actores y partidos políticos desde la universidad, ya que hablar desde la base estudiantil y su relación con la sociedad determina importantes conquistas en la educación en países como Argentina, Brasil y Uruguay; en los que temas como el cogobierno, la gratuidad de la educación y las discusiones colectivas deben ser puestos en discusión en los claustros del continente, dejando notar que con interés, financiación y administración asertiva la propuesta alternativa de la Ley 30 sí es posible. El Trabajo Social tradicionalmente se ha encaminado a la defensa y promoción de los Derechos Humanos; en este sentido, en los últimos años Colombia ha asumido su responsabilidad en los conflictos, sin embargo hace falta que llegue a involucrarse directamente con las organizaciones y su génesis. En el caso del Movimiento Estudiantil Colombiano, se deja entrever que hay nuevas formas de actuación, discursividad, subjetividad en lo político y establecimiento de pautas en lo social. De igual manera es necesario repensar el papel del Trabajo Social por la generación de agendas sociales y políticas que le permitan a los movimientos sociales lograr un lugar más contundente en la política nacional.
Es por ello que las ciencias sociales y el trabajo social están en la obligación de velar por la recuperación y fortalecimiento de las bases sociales que hoy en día están generando cambios y proponiendo nuevas formas de relación y comunicación entre la sociedad civil y el Estado, más aún si se tiene en cuenta que el rol del Estado hoy en día puede llegar a ser secundario para las transformaciones sociales, puesto que gracias al análisis sobre las nuevas formas de actuación en red, la participación de la sociedad civil cobra un nuevo significado y en este sentido estas transformaciones parten de los procesos de movilización y luchas sociales.
Para la profesión del trabajo social, es importante abordar el estudio de las nuevas formas de movilización social, partiendo de la necesidad de pensarse en nuevos métodos, estrategias y metodologías para lograr acercamientos y procesos de acompañamiento a los movimientos sociales, lo que debería permitir estar a la vanguardia en los procesos sociales, logrando comprender, incidir y abordar situaciones frente a cambios emergentes de la realidad social.
A esto se añade que los espacios de participación, creados por la MANE con la sociedad civil y los movimientos sociales, evidencian para el trabajo social una propuesta de fortalecimiento en redes sociales con el fin de transformar y construir un trabajo colectivo, una identidad crítica y solidaridad de motivos por medio de las alianzas estratégicas nacionales e internacionales, lo que permite sostener un tejido social desde la participación ciudadana y el compromiso social, evidenciando una crisis social que no corresponde a un solo gremio de la sociedad, sino que también repercute en todas las esferas sociales en las cuales los sujetos están inmersos. Se puede decir que la MANE ha generado lasos de empatía dentro de la sociedad civil sin importar su condición social, laboral o sexual, y promueve la solidaridad a la hora de abordar una problemática o crisis.
La MANE cuenta con una incidencia a nivel territorial, a partir de una distribución planimétrica que permite contemplar las universidades dentro de un territorio y sus localidades, generando así una mirada amplia de la situación y crisis educativa a nivel municipal, departamental y nacional. Esto representa para el trabajo social un ejercicio arduo de conocimiento territorial y contextual, planteando desde el Movimiento Estudiantil Colombiano la necesidad de considerar a los estudiantes como un equipo completo, no segmentado, unificando territorios e ideologías, fortaleciendo un pensamiento colectivo y facilitando una organización interna que dé cuenta del éxito o fracaso de sus propuestas, posturas y acciones. Para llegar a dar cuenta de esto, se debe ser consecuente con la historia de los movimientos estudiantiles y tener claro sus logros y fracasos.
Por ende, se debe tener en cuenta la importancia de la reforma de Córdoba en 1918, la que generó la formación de un movimiento continental en torno a la reforma de la educación superior, dejando como manifiesto uno de los mayores desarrollos para el estamento estudiantil, el pensarse una universidad diferente. La eliminación del concepto de la educación como un negocio, entendiendo la educación como un derecho fundamental que pertenece a la condición de ser humano; este discurso se ha puesto en el centro del debate más riguroso del Movimiento Estudiantil, lo que promueve debates políticos e ideológicos con la pretensión de transformar el modelo imperante en los países latinoamericanos. Comprender que la universidad es un instrumento de construcción de política pública que puede generar cambios en las condiciones sociales y políticas del continente es decisivo.
Por otro lado, la educación latinoamericana tiene un común denominador que genera todo el proceso de Movilización Estudiantil, el cual parte de una crisis social y en este caso una crisis académica que se enmarca precisamente en la entrada de todos los paradigmas neoliberales, la mercantilización de la educación, el incremento de las instituciones privadas que a su vez incrementan los costos, convirtiéndose así en una constante en los países latinoamericanos. Es por ello que la construcción de redes permite volcar la reivindicación como un problema global continental, en donde hay un eje transversal, histórico y político en los diferentes procesos de movilización estudiantil.
La lucha latinoamericana ha presentado básicamente dos episodios que marcan la diferencia de los pasados movimientos estudiantiles con los de la actualidad. En los años setenta y ochenta las movilizaciones estudiantiles tenían un corte radicalizado y eran movimientos ideologizados más direccionados hacia la lucha de izquierda, a tomarse el poder por la fuerza, la búsqueda del poder alterno no necesariamente formal, que permitiera tener mayores niveles de autonomía y desarrollo humano eliminando la idea del Estado opresor.
Por otro lado, los movimientos estudiantiles actuales no solo se diferencian desde las formas de movilización y la sinergia continental que se evidencia, sino también en el comprender que el capitalismo y las políticas neoliberales son un modelo que se han tomado todas las universidades, pero que a su vez es un modelo que ya no es sostenible, por lo que es necesaria la firme convicción de que cambiando la universidad se puede combatir el sistema y el modelo de desarrollo que se ha impuesto.
El Movimiento Estudiantil Colombiano aprendió de su historia y las luchasque enfrentó, lo que permitió su fortalecimiento y posicionamiento, utilizando los mecanismos de participación ciudadana y generando propuestas de desarrollo alternativo al modelo de educación; proponiendo nuevas formas discursivas de movilización y comunicación para lograr la construcción de un movimiento estudiantil consolidado y fuerte, con incidencia dentro de las diversas esferas de la sociedad política, educativa, económica, social y cultural, lo cual brinda aportes significativos a los procesos de movilización y movimientos sociales.
El Movimiento Estudiantil Colombiano logra visibilizarse como un actor participativo en la medida en que el agenciamiento se direcciona hacia la formación de políticas públicas, esto materializado en la elaboración de un modelo de educación alternativo en donde no solamente se cuestionan las practicas pedagógicas, sino el fondo y el sustento claro del sistema que hoy impera en el país y en gran parte del mundo. El movimiento logró cerar desde la educación superior, la universidad, una posibilidad de cambio en la dinámica social, política, económica y cultural de Colombia y demostrar que mediante la movilización social sí es posible lograr ser escuchados y participar inclusive en el desarrollo de una propuesta hacia el gobierno, ganando los pulsos que se presentan entre los altos mandos políticos y la sociedad civil.
A su vez, se reconoce que la causa del Movimiento Estudiantil trasciende las barreras de la academia y logra posicionar el tema de la educación en esferas políticas, sociales y culturales, proponiendo democráticamente y con nuevas expresiones dialécticas un reconocimiento en la historia del Movimiento Social Estudiantil Colombiano y latinoamericano, puesto que el actual movimiento, a diferencia de otros, ha propuesto una ley alternativa al gobierno de Juan Manuel Santos en el 2013, generando de esta forma una formación política en la que se le da lugar a nuevos actores, por medio de la elaboración de propuestas desde la participación.
Por ende, pertenecer a un movimiento social requiere y promueve inquietudes a nivel académico, formativo y reflexivo, lo cual da como resultado construcciones individuales y colectivas a nivel simbólico, político y metodológico. Puesto que para la MANE pensarse como una mesa ampliada contribuyó a consolidarse como una futura agremiación estudiantil, unificando las organizaciones pequeñas y asegurando un trabajo en equipo, el cual se organiza por medio de una agenda política clara llegando de esta forma a discutir, debatir, proponer y actuar desde un colectivo y no desde organizaciones divididas, con un enfoque diferencial que genera inclusión, consenso y democratización.
Todo esto se desarrolla a través de nuevas formas de estrategia y organización al interior de la colectividad. La forma de organización por medio de la delegación de funciones y responsabilidades al interior de la MANE evidencia un aprendizaje adquirido a través del tiempo, dando a conocer y consolidando nuevas formas discursivas y un conocimiento territorial relevante que da cuenta de una cobertura espacial antes no contemplada, evidenciando aliados locales, nacionales e internacionales; esto se ve reflejado en la distribución de funciones, lo cual permite que los y las estudiantes se encarguen de dar cuenta de lo que ocurre en la academia, esto orientado desde micro y macro territorios, los cuales funcionan por medio de mesas locales establecidas por la MANE, de delegados y voceros que están encargados de representar y dar cuenta de las problemáticas al interior de cada universidad y localidad, generando de esta forma lecturas de la realidad en cada ámbito de la comunidad académica, a nivel político y educativo, teniendo de esta forma una visión más amplia de la crisis de la educación.
Este tipo de organización referida anteriormente es fundamental para el tipo de estrategia que la MANE utiliza para llevar a cabo su agenda política; por esta razón se dará cuenta de las estrategias desarrolladas por el movimiento, encontrando así un nuevo contacto y apoyo establecido con la sociedad civil, lo cual es nuevo para el movimiento estudiantil, lo que contribuye a la legitimidad del discurso y sus formas comunicativas que conducen a expresiones alternativas y creativas de movilización las cuales incentivan a la participación de toda clase de grupos de la sociedad (estudiantes, trabajadores, docentes y padres de familia), convirtiendo a esta población en sujetos políticos activos que se desenvuelven en espacios democráticos con un sentido crítico, trasformador y promotor de una justicia social colectiva, con el fin único del bienestar social e interés de reivindicación de los derechos fundamentales dentro de un territorio.
Por otro lado, las acciones en red del movimiento y sus miembros tuvieron la capacidad de organizarse de forma unitaria. A partir de la marcha realizada en el 2011, se estipuló un mensaje claro: “la unión hace la fuerza”. Este fue el puente para que periódicos y noticieros dieran a conocer la actuación de los estudiantes y la conformación oficial para la sociedad civil de la MANE. Actualmente, la publicidad de la MANE y sus propuestas hacen parte fundamental de su organización y conforman uno de los ejes fundamentales en la mesa ampliada, que se visibiliza en una mesa de comunicación que promueve la información de movilizaciones, propuestas y reuniones.
Es así que la forma de visibilización de la MANE está ligada a la estrategia de movilización que ha jugado un rol importante en dar a conocer un movimiento estudiantil crítico, con pensamientos y actuaciones que repercuten en una esfera política y social, mediante la movilización y el uso de redes sociales que marcan una pauta fundamental para dar a conocer los objetivos y agenda política de la MANE con la acogida de estudiantes, profesores, trabajadores, padres y madres de familia. Por medio de redes como Facebook y Twitter, y la utilización de medios de comunicación masiva vía internet como blogs y correos electrónicos, se inició el proceso de legitimación del movimiento estudiantil, en la forma de la MANE, en la sociedad civil y el gobierno, llegando a convocarse marchas masivas en Colombia, lo cual no se esperaba.
Para el Movimiento Social las redes sociales catapultan los discursos no solo a nivel local y nacional, sino que establecen contactos estratégicos a nivel internacional dejando ad portas nuevos enlaces de información, propuestas, movilizaciones y estableciendo redes de apoyo con otros movimiento estudiantiles en otros países, dando a conocer así los logros y fracasos adquiridos, generando de esta forma reflexiones para mejorar las formas estratégicas y organizacionales de todos los movimientos estudiantiles.
Se puede decir que, de acuerdo a las estrategias y organizaciones construidas por la MANE, los movimientos estudiantiles han realizado transformaciones sociopolíticas, puesto que a través de la propuesta académica lograron generar reivindicaciones sociales y participación ciudadana; legitimando el discurso y la movilización como medio de locución a través de la proclamación de la libertad de expresión y apropiación de los derechos humanos, estableciendo puntos de apoyo intersectoriales y teniendo en cuenta el enfoque diferencial, lo que permite una sociedad justa que da primacía a un discurso igualitario y no neo-liberal.
La estrategia y organización elaborada por la MANE da cuenta de un nuevo estilo de proponer e intervenir en la política pública de un país, dejando para la posteridad un nuevo escenario de participación académica y política, algo nunca antes visto, lo que permite evidenciar el nivel organizacional que se maneja dentro de la MANE. La propuesta que se desarrolló consta de unos puntos relevantes para la elaboración de la propuesta de ley, entre ellos encontramos: financiación, democracia y autonomía, bienestar universitario, calidad académica, libertades democráticas y relación universidad sociedad. Es de resaltar que las diversas manifestaciones culturales utilizadas por el movimiento adquieren un carácter simbólico en la medida en que éstas se desarrollan desde las emociones; expresiones como el abrazatón, el besatón, el flashmob y los carnavales son manifestaciones que lograron posicionar el movimiento en otro escenario, dejando de lado toda estigmatización. Dicho de otra manera, los cambios en las movilizaciones sociales de los estudiantes no solo han girado en torno a las agendas sociales y políticas de los actores, sino también a las modalidades de expresión de la lucha.
Para finalizar, la mesa amplia logró la unificación de las diversas organizaciones estudiantiles y la integración de la comunidad académica. El interés que se despertó en la comunidad por la reforma a la educación permitió que las movilizaciones estudiantiles fueran exitosas, reconociendo las formas de expresión cultural como eje transversal del ejercicio del Movimiento Estudiantil; esto generó la necesidad de construir redes que garantizaran la divulgación del discurso y, a su vez, el fortalecimiento del movimiento. Asimismo, se identificó en el actual Movimiento Estudiantil un agenciamiento político, reflejado en la propuesta de una ley alternativa a la educación, la cual trascendió a la esfera política. Se desarrollaron estrategias de movilización, adaptadas a las nuevas dinámicas del Movimiento Estudiantil actual; se observó la utilización de las redes sociales como mecanismo de visibilización y reconocimiento frente a la sociedad civil; y la estructura organizativa interna, materializada en los comités de trabajo. Todos estos son los aportes del Movimiento Estudiantil Colombiano actual a los procesos de movilización social •
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