RESUMEN
En este artículo se expone parte de los resultados de la investigación titulada Discursos Políticos sobre migración en Chile, que se realizó en el marco de la elaboración de una Tesis para optar al grado de magíster en Métodos de la Investigación Social, de la Universidad Diego Portales (UDP1). Específicamente se busca responder a la pregunta ¿qué rol debe asumir el Estado frente a la migración desde la perspectiva de los/as políticos chilenos/as? Para el desarrollo de la investigación se recurrió a una metodología cualitativa, por medio de la realización de entrevistas semi-estructuradas a 20 actores políticos. En los resultados se presenta una análisis sobre la base de la identificación de cuatro tipologías, que resumen la posición de los entrevistados respecto de la temática. Finalmente se concluye que, aunque el campo político respecto del tema migratorio se encuentra en proceso de estructuración, predomina una visión cercana a la tipología Estado Planificador, que tiende instrumentalizar el fenómeno migratorio.
1. ANTECEDENTES
Como han destacado diversas investigaciones (Portes, 2005; OIM, 2018 y ACNUR, 2017), los movimientos migratorios internacionales se han complejizado y diversificado en los últimos años, producto de crecientes procesos de transnacionalización, aumento de la población que requiere asilo y el endurecimiento de las legislaciones migratorias, entre otros elementos. Chile no ha sido ajeno a esta realidad; de acuerdo con los últimos datos censales, el flujo migratorio hacia el país aumentó en 399% en los últimos 15 años (INE, 2017). De esta forma, para el año 2017 los inmigrantes pasaron a representar el 4,4 % de la población total (2017).
Aunque estas cifras posicionan a Chile por debajo del promedio de los países de la OCDE, donde la migración representa el 13% de la población (OCDE, 2017), es innegable que el país se ha convertido en un destino atractivo para los inmigrantes de la Región. Así también lo confirma información entregada por la CEPAL, de acuerdo con la cual entre los años 2010 y 2015 Chile ha presentado la mayor tasa de crecimiento de población migrante entre los países latinoamericanos (Cepal, 2017).
Al observar la composición de los colectivos que se han asentado en Chile en el último tiempo, es posible señalar que se trata de una migración principalmente intrarregional, donde la gran mayoría de los migrantes proviene de países latinoamericanos, siendo los colectivos con mayor presencia aquellos que provienen de Perú (25%), Venezuela (11%), Bolivia (10%), Argentina (9%) y Haití (8%) (INE, 2017).
Este incremento en los flujos migratorios se ha atribuido a la estabilidad económica y política que el país ha proyectado desde el retorno a la democracia, lo que se ha traducido en oportunidades laborales para parte importante de los inmigrantes, es así como el 75% de estos forman parte de la población ocupada en Chile, superando en 20 puntos porcentuales a los nacionales (Casen, 2017).
Sin embargo, lo anterior no es sinónimo de una integración exitosa, pues al observar el contexto chileno pueden identificarse elementos que imponen trabas para la incorporación en el corto y largo plazo, entre los que destaca un marco legal heredado de la Dictadura. Dicho marco se compone del Decreto de Ley N° 1.094, creado en el año 1975, y el Decreto Supremo N° 597; ambos conciben a los inmigrantes como una amenaza para la tranquilidad y estabilidad del país. Así lo destaca el último Informe de Derechos Humanos de la UDP, de acuerdo con el cual la actual legislación migratoria no asegura el cumplimiento de los Derechos Humanos de los extranjeros que cruzan nuestra frontera:
“[…] deja un amplio espacio de discrecionalidad para la administración que, sin el control adecuado, puede transformarse, y lo ha hecho, en arbitrariedad. El decreto ley tiene una visión de la migración centrada en la seguridad nacional y ha sido catalogado como inadecuado y retrógrado” (2018, p. 488).
Con el objetivo de actualizar la normativa en Chile, este año se reactivó la discusión en el Congreso sobre un nuevo Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, que ingresó por primera vez a la Cámara de Diputados en el año 2013 y que ha recibido indicaciones recientes. Aunque por parte de organizaciones de Derechos Humanos se ha destacado como positiva y necesaria la actualización de la ley, se ha criticado su contenido pues señalan que no garantiza el ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes2, y así también lo demuestra el Centro de Derechos Humanos de la UDP:
Resulta positiva la consagración, más o menos explícita, de los principios de promoción de regularización migratoria y no criminalización de la migración, cuestiones que devienen de los estándares internacionales de derechos humanos; sin embargo, a lo largo del proyecto de ley estos principios no son desarrollados, incluso se establecen normas que apuntan en la dirección opuesta (2018, pp. 534).
Los problemas identificados en el marco legal se han materializado en una inestabilidad y precariedad en el cumplimiento de sus derechos en las áreas de salud, vivienda y educación. Muestra de aquello es que, si bien los inmigrantes tienen, en promedio, ingresos más altos que la población nacional, estos presentan mayor incidencia en la medición de pobreza multidimensional, evidenciando las privaciones que parte de la población migrante experimenta (CASEN, 2015). Las áreas en que los inmigrantes presentan mayores carencias son: seguridad social (35,2%), trato igualitario (30,1%) y habitabilidad (29,6%).
A lo anterior se suman prácticas y discursos discriminatorios por parte de la sociedad de acogida, pues como diferentes estudios muestran (CEP, 2017; INDH, 2017), priman estereotipos negativos a la hora de valorar a los inmigrantes. Esta situación es reconocida por parte de la población migrante, como muestran los datos CASEN 2015: en el 28% de los hogares con jefatura inmigrante, al menos un miembro del hogar se ha sentido discriminado o tratado de forma injusta, duplicando la cifra de los hogares con jefatura no migrante.
Los estereotipos negativos también se encuentran presentes en la clase política chilena, ejemplo de ello son los dichos del presidente Sebastián Piñera durante su candidatura en 2016, donde asocia el fenómeno migratorio a actos delictuales: “Chile debe estar abierto a recibir inmigrantes que aporten al desarrollo de nuestro país, pero debe cerrar absolutamente sus fronteras al narcotráfico, a la delincuencia, al contrabando, al crimen organizado y también a la inmigración ilegal”3. La respuesta de la Nueva Mayoría presentó elementos de continuidad con este discurso, así se aprecia en las declaraciones del entonces presidenciable Alejandro Guillier: “Hay que promover cierto tipo de migración más que otra, que es una acumulación de problemas»4.
Al analizar estos dichos y los antecedentes recién presentados, cabe preguntarse si pueden extenderse estas ideas al resto de los políticos en Chile. ¿Existen otros discursos respecto de cómo se debe gestionar la migración en Chile? ¿Cómo entienden los políticos chilenos el fenómeno migratorio? ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Podemos distinguir tendencias políticas en sus discursos?
Para buscar respuesta a estas interrogantes se llevó a cabo la investigación discursos políticos sobre migración en Chile5, cuyo objetivo principal fue analizar las representaciones sociales que caracterizan la configuración discursiva del campo político en torno a la migración en Chile. En las páginas que siguen se presentan parte de los resultados de esta investigación, específicamente respecto de la pregunta: ¿qué rol debe asumir el Estado frente a la migración desde la perspectiva de los/as políticos chilenos/as?
2. ENFOQUE TEÓRICO
La llegada de inmigrantes y su establecimiento en Chile pone en juego los límites de la democracia y sus valores básicos de tolerancia, igualdad y pluralismo, de ahí que el estudio de cómo los actores políticos entienden y valorizan la migración permite reflexionar acerca del modelo de sociedad que quiere construirse. Como indica Víctor Abramovich, ex Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, “El trato que un país les da a sus migrantes es una prueba del modelo de sistema político que intenta construir”6.
Si hablamos de lenguaje, sabemos que este no se compone únicamente de enunciados con los que los sujetos se expresan y comunican, sino que son también formas de agencia. En esta línea, los discursos políticos sobre esta y otras temáticas muestran cómo desde la arena política se construyen visiones sobre los fenómenos sociales que tienen efectos tanto simbólicos como materiales.
De acuerdo con lo anterior, esta investigación se sustenta en la premisa de que los discursos políticos ocupan una posición estratégica en la formación de opinión pública, pudiendo producir, reproducir y legitimar idearios sobre diversas temáticas, entre ellas, el fenómeno migratorio. Esto sucede porque no todos los discursos tienen la misma posibilidad de situarse en la arena pública, en palabras de Van Dijk, “Mientras los discursos de las elites acceden libremente al dominio público, otros discursos son silenciados y excluidos sistemáticamente” (1993, pp. 87).
Por otro lado, analizar los discursos políticos sobre esta temática entrega luces sobre cómo se tomarán decisiones a nivel legislativo y de políticas públicas respecto del tema migratorio, de esta forma, siguiendo a Zapata-Barrero, se entiende que los discursos son, al mismo tiempo, acción política, “Un discurso político tiene unas intenciones, busca efectos determinados y siempre tiene una orientación hacia la acción” (2009, p. 44).
Esta perspectiva es congruente con la postura de Bourdieu, quien les entrega un lugar central a los discursos al interior del campo político, pues plantea que constituyen una de las principales herramientas por medio de la cual los actores políticos buscan imponer su idea de mundo: “El trabajo político se reduce, en lo esencial, a un trabajo sobre las palabras, porque las palabras contribuyen a construir el mundo social” (Bourdieu, 1982, p. 98).
Lo anterior se explica porque, de acuerdo con el autor, el campo político se configura como un microcosmos en el cual los actores luchan por imponer su visión sobre la sociedad y la forma en que esta se divide en grupos antagónicos. Según Bourdieu, los actores en el campo político:
“[…] tienen como apuesta mayor la enunciación y la imposición de <<buenos>> principios de visión y de división. En el campo político, si digo que la división mayor es la de ricos y pobres, obtengo una cierta estructura social. Si digo que es la división entre franceses y extranjeros, obtengo una estructura totalmente distinta” (2001, p. 15).
Esta postura también se encuentra presente en Buenfil, para quien los discursos son el punto neurálgico de la política al entenderla como un espacio donde fuerzas políticas rivales intentan fijar ciertos significados como hegemónicos, de esta forma propone que “la política no se refiere entonces a mera represión, la pura exclusión o el enfrentamiento amigo/enemigo, no es el antagonismo, sino que remite a la decisión entre lo que se incluye y lo que queda fuera, lo que se incorpora y lo que se reprime” (Buenfil, 2002, p. 64).
Sobre la base de estos argumentos puede plantearse que los discursos políticos crean y recrean formas de ordenar y jerarquizar el mundo social, a través de las narraciones del “yo” y el “otro”. Esta distinción que se establece en los discursos constituye una frontera simbólica que tiene efectos prácticos en la construcción de ciudadanos de primera y segunda categoría, donde estos últimos no podrán gozar del pleno ejercicio de sus derechos.
3. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta investigación se recurrió a una metodología cualitativa, que contribuyó a la comprensión de las configuraciones discursivas más allá de su dimensión manifiesta. Por otro lado, permitió cambiar el foco de atención desde la descripción de las condiciones legales e institucionales de carácter objetivo propias de la sociedad receptora, a cómo los actores involucrados en las decisiones políticas entienden el fenómeno migratorio.
Para lo anterior se realizaron entrevistas semiestructuradas a diferentes actores políticos, quienes fueron seleccionados por medio de un muestreo intencionado (Corbetta, 2007). Los criterios de selección muestral buscaron captar la variedad y diversidad de opiniones y posiciones que caracterizan al campo político en Chile, considerando las siguientes variables: (1) territorialidad: se entrevistó a representantes y funcionarios de las regiones Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana y Valparaíso; (2) desempeño en cargos públicos: se entrevistó a actores que ocupan o hayan ocupado un cargo público en los últimos 8 años; (3) diversidad de partidos políticos: se entrevistó a actores políticos, con representación de diez de los partidos; y (4) diversidad de cargos: se entrevistó a parlamentarios de los distintos sectores políticos y a funcionarios y autoridades de los gobiernos locales y central.
Sobre la base de estos criterios se realizaron 20 entrevistas, 7 de las cuales fueron a mujeres y 13 a hombres. La distribución de los/as entrevistado/as de acuerdo con su militancia política y el nivel en que se encuentra el cargo que desempeñan, se observa en la Tabla N° 1.
Tabla N° 1
No es posible entregar mayor detalle sobre los/as entrevistados/as pues, al tratarse de figuras públicas, su identificación podría ser inferida.
El trabajo de campo se realizó entre el día 27 de agosto del año 2015 y el 6 de julio del año 2016, en las ciudades de Santiago y Valparaíso.
El análisis de las entrevistas se inspiró en la propuesta de Conde y Gutiérrez (2010), que propone la “polarización del texto”; es decir, se identificaron y radicalizaron las tensiones propias de las configuraciones discursivas (Conde y Gutiérrez, 2010). Esta orientación posibilitó la identificación de cuatro tipologías que retratan las diferentes posturas de los entrevistados respecto del rol que creen debería asumir el Estado ante el fenómeno migratorio reciente.
Dichas tipologías se inspiraron en la propuesta de Thayer, Stang, Dilla y Durán (LASA, 2016). Según este esquema pueden identificarse diferentes disposiciones de los actores frente al tema migratorio, al determinar su posición respecto de las condiciones de admisibilidad y acceso a derechos de este grupo en el largo plazo.
En términos prácticos, se procedió a transcribir y luego codificar cada entrevista por medio del software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti.
4. PRINCIPALES RESULTADOS
A continuación, se presentan cuatro tipologías que buscan resumir y caracterizar las diferentes posiciones de los políticos entrevistados sobre el rol que debería asumir el Estado respecto de los flujos migratorios que se han asentado en el país.
Como se mencionó en el apartado metodológico, dichas categorías se construyeron sobre la base de la posición de los actores respecto de dos dimensiones: (1) condiciones de admisibilidad, más específicamente: ¿cómo debe ser la frontera para los entrevistados?, ¿qué requisito deben establecer para regular el ingreso de inmigrantes?, ¿cuáles deberían ser los criterios de expulsión?; (2) acceso a derechos en el largo plazo e incorporación: ¿a qué derechos deben acceder los inmigrantes?, ¿deberían tener igual acceso a derechos y servicios de los nacionales?, ¿le corresponde al Estado asumir un papel activo en el proceso de incorporación de inmigrantes?
La primera tipología identificada recibe el nombre de Estado Planificador, de acuerdo con la cual se cree que el Estado debe actuar como “productor” de flujos migratorios; es decir, que debe promoverlos o restringirlos, dependiendo de criterios políticos, económicos y sociales.
En general se observa que dichos criterios no se mantienen estables en el tiempo, sino que son susceptibles al cambio en función de las necesidades que Chile pueda experimentar a lo largo del mismo. De esta forma, se espera que quienes ingresen al país contribuyan a solucionar un problema propio de la sociedad de acogida.
De acuerdo con estos discursos, la llegada de migrantes podría solucionar problemas relacionados con las bajas en las tasas de natalidad, el envejecimiento de la población y áreas específicas en las que se presenta una falta de capital humano. Los casos más nombrados se relacionan con el área de la salud pública, la agricultura, la construcción y el servicio doméstico.
En cuanto a las condiciones de frontera, esta tipología se sustenta en otros dos argumentos: por un lado, se plantea que se debe proteger a Chile de posibles amenazas extranjeras, como el contagio de enfermedades, por ejemplo, pero especialmente de riesgos ligados a la delincuencia y el narcotráfico. De ahí que, de forma bastante extendida en los discursos, se plantee que se debe negar el ingreso a personas que cuenten con antecedentes penales. Por otro lado, se espera que la política que regule la frontera brinde capacidades a las autoridades para modificar los criterios de admisibilidad en función de eventuales cambios en los objetivos y prioridades de desarrollo de Chile. Concretamente, uno de los entrevistados plantea que el poder Ejecutivo debiera tener el derecho de imponer cuotas migratorias que pueden variar ante crisis económicas, políticas u otras contingencias, definiendo, por lo tanto, el tipo y magnitud de migración que se espera recibir:
“Nuestro proyecto de ley sí consideraba cuotas, consideraba la posibilidad de que el Ejecutivo, o sea, consideraba la potestad del Ejecutivo de imponer cuotas, cuestión que a mí me parece que es deseable que exista una legislación como solución de emergencia, esa es mi respuesta. Cuando Chile está en estado normal, con tasas de desempleo normales, yo no las impondría, pero si inventaran el salitre sintético o el invento del cobre sintético, en cinco años el desempleo sube el 28%, […] Por ejemplo, una crisis política, hay setecientas mil personas que quieren ingresar a Chile en calidad de migrantes, yo creo que en situaciones de emergencia el Estado tiene que tener una herramienta de ese tipo” (C6-RN).
Respecto de la incorporación en el largo plazo, se plantea que el Estado debe mantener un rol activo en el asentamiento, proponiendo medidas como la distribución territorial de la población migrante para evitar fenómenos de concentración y sobrecarga de los sistemas de asistencia social que ofrecen los gobiernos locales, dejando los intereses y proyectos de los inmigrantes en segundo plano. Así lo indica una de las entrevistadas:
“Yo, en ese sentido, creo que la mirada tiene que ir en otra dirección, vuelvo a repetir, no tengo la receta única, pero sí creo que a lo menos debiese haber un criterio de distribución territorial, o sea, que si van a llegar migrantes a Chile, que haya una regulación de que no todos se concentren en una misma comuna, que haya una distribución territorial, que haya ciertas seguridades mínimas respecto de los recursos con los que va a poder contar. ¿Para qué? Para evitar que haya delincuencia, que haya cierta seguridad respecto del trabajo, que haya normativas laborales que también corran para ellos, que haya adaptación en los servicios públicos para poder comunicarse…” (L2-PC).
De ahí que el acceso que los inmigrantes tengan a los derechos se encuentra supeditado al aporte económico que estos puedan traer al país o a su “buena conducta”, como se aprecia en el siguiente extracto:
“Si a una persona que tiene mala conducta, digamos, le dificultamos el acceso a la residencia definitiva y viceversa. Y a mí eso me parece que es mi sentir” (C6-RN).
Figura N°1. Resumen Estado Planificador
Una segunda tipología identificada recibe el nombre de Estado Regulador, de acuerdo con la cual se espera que el Estado realice acciones concretas para atraer y facilitar el ingreso de migrantes que signifiquen un aporte u ofrezcan una solución a un problema por el que atraviese el país, esto sin imponer trabas ni dificultades en el ingreso por otros motivos migratorios. De esta forma, se opone explícitamente a la idea de fronteras selectivas, pues se considera que estas pasan a llevar derechos humanos fundamentales, como la libertad de circulación y residencia y el derecho a reunificación familiar. Así lo destaca uno de nuestros entrevistados:
“Planificación, no la selección, o sea, no esta idea de que vengan los buenos inmigrantes y los malos no vengan. Eso no existe porque hoy día, si aceptas ese principio, vas a tener a la mamá que es buena y el hijo que es malo, la mamá sí y el hijo no, pero el núcleo familiar no lo puedes dividir, entonces, no creo en la selección, creo en la planificación […] tú produces incentivos positivos, lo que quiere decir fronteras abiertas, no seleccionas, hay fronteras abiertas, pero, si no tienes recursos tuyos, fomentas y haces esta cosa” (L5-PRO).
Desde esta perspectiva, se entiende que los flujos migratorios funcionan bajo sus propias lógicas, las que operan de forma independiente de los objetivos migratorios que el país se proponga desde su institucionalidad estatal.
Por otro lado, propone que el acceso a derechos que los inmigrantes tengan debiese estar dado por la implementación de medidas focalizadas para esta población en busca de resolver los problemas específicos que este grupo enfrenta para incorporarse a las diferentes aristas del mundo social, como puede observarse en la siguiente cita:
“Debería haber políticas sociales específicas, ¿te fijas? En todas las particiones, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de Vivienda, a pesar de que parece que pueden postular a casa, en el Ministerio de…. En fin, en los distintos ministerios tiene que haber, en el Ministerio de Educación ¿Te fijas?, el Ministerio de Educación debería asumir la diversidad, debería hacer esos planes especiales” (L8-PPD).
Figura N°2. Resumen Estado Regulador
Una tercera tipología ha sido llamada Estado Garantista, de acuerdo con la cual se entiende la migración como un principio natural del ser humano (Thayer et al., 2016). Desde esta postura, se cree que los flujos deben ser regulados por las voluntades de las personas que emprenden un proyecto migratorio, pues el desplazamiento y asentamiento de personas por el mundo es visto como un derecho; es decir, el acceso que los inmigrantes deben tener a derechos no puede depender del aporte económico, social ni cultural que puedan traer a la sociedad de acogida. De este modo, se espera que la ley migratoria se fundamente en el respeto de los derechos humanos por sobre los intereses del Estado o de la planificación que realice. En concordancia con lo anterior, se cree que las fronteras deben facilitar el ingreso de inmigrantes en vez de restringirlo, y así lo indica uno de los entrevistados: “Esa es mi mirada. Yo soy de lógica de fronteras abiertas. No puedes, no tienes el derecho como Estado de prohibir o de restringir el derecho legítimo, el derecho de una persona que tiene un motivo legítimo para migrar. Esa es mi mirada” (C3-IND).
En términos de la incorporación, se busca el acceso igualitario a derechos entre inmigrantes y nacionales, siendo la única condición el tiempo de residencia, sin que esto signifique una negación de acceso a servicios básicos ante una situación de irregularidad, como indica un entrevistado: “incluso el migrante irregular tiene también que ser garantizado en sus derechos mínimos” (L4-DC). Es importante señalar que este tipo de discursos no se identifica de forma pura en las entrevistas, más bien se utiliza para matizar el discurso utilitarista, poniéndole un límite, en palabras de uno de los entrevistados, a las acciones y medidas que los diferentes gobiernos pueden implementar a la hora de gestionar la migración;
“Pero, en ese artículo primero hay que hacer… resolver cómo eso conversa con el derecho a migrar, que para mí es un derecho más y, por tanto, yo creo que uno tiene que reconocer en esa declaración que el Estado de Chile promueve una determinada migración para sus objetivos nacionales y que eso tiene como límites el derecho, que son las que finalmente toman la decisión migratoria” (C3-IND).
Figura Nº3. Resumen Estado Garantista
Finalmente, el Estado Inhibido se opone radicalmente a las tres tipologías recién presentadas pues, a diferencia de aquellas, en este discurso se reclama un rol pasivo del Estado en la gestión de la migración. Su argumento gira en torno al derecho individual, fundado en ideales liberales que defienden una serie de garantías inalienables que las personas poseen como individuos, que no pueden ser coartados por el gobierno u otra institución política o social. Como su nombre lo indica, no solo se espera un Estado con facultades reducidas en la regulación de la frontera, sino que más bien se cree que los flujos migratorios deben organizarse en función de los ciclos del mercado laboral. De este modo, la selectividad se produciría de forma espontánea conforme a la competencia de agentes económicos y al libre juego de oferta y demanda de capital humano:
“Mira yo soy lo más abierto que hay a la inmigración, creo además, en términos laborales, creo en la competencia; así como creo que los chilenos pueden ir a buscar oportunidades afuera en igualdad de condiciones, creo lo mismo respecto de los extranjeros en Chile. Los requisitos, los límites, creo que son demasiado básicos, que es el respeto a la comunidad a la cual uno va a ser parte, a las instituciones y reglas chilenas, y eso” (L6-UDI).
En relación con el acceso a derechos en el largo plazo, hay una crítica a políticas focalizadas, pues se considera que la responsabilidad de la incorporación recae, por un lado, en el inmigrante como actor individual que, en palabras de uno de los entrevistados, “aquí el Estado no los invitó” (L3-PPD) y, por otro, en el mercado y la sociedad de acogida:
“Yo vuelvo a mi respuesta anterior, es decir, primero que hay tener la discusión, hay que generar una mirada sobre esto. Después de eso se definen roles, algunos roles, para el sector privado, otros para el Estado, otros… Yo no soy de los que cree que el Estado resuelva todos los temas, creo que la sociedad tiene que tener una discusión sobre esto y construir una mirada” (L6-UDI).
La condición fundamental para el acceso a derechos se encuentra dada por el estatus migratorio de los individuos; es decir, solo podrán hacer ejercicio de sus derechos aquellos inmigrantes que se encuentren regularizados en el territorio.
Figura Nº4. Resumen Estado Inhibido
5. CONCLUSIONES
Las tipologías presentadas (Thayer et al., 2016), demostraron ser útiles para ilustrar y resumir la diversidad de argumentos y posiciones sobre el rol que debería asumir el Estado respecto de la migración, presentes en los discursos analizados. Sin embargo, no debe olvidarse que, al tratarse tipos ideales, se presentan como categorías más coherentes y ordenadas que las que pueden observarse en el mundo empírico. De hecho, como se plantea en la versión extensa de esta investigación, el campo político respecto del tema migratorio se encuentra en pleno proceso de estructuración, por lo que sus divisiones y fronteras aún no terminan de definirse. Esto puede apreciar en el análisis presentado, pues al tratar de ubicar a los entrevistados en alguna de las tipologías, ocurre que por ejemplo un mismo actor propone argumentos coherentes con dos o tres tipos distintos de Estado o que actores de posiciones antagónicas comparten una misma tipología.
De lo anterior se deriva que, aunque parte del campo se configura a partir de divisiones tradicionales de la política chilena, estas no operan en todas las dimensiones, de ahí que las opiniones y perspectivas que los políticos chilenos poseen sobre la migración no necesariamente responden de acuerdo con la pertenencia a un partido político; por el contrario, muchas de las configuraciones discursivas se presentan de forma transversal en los/as entrevistados/as.
Sobre los elementos transversales identificados, el análisis muestra que entre los/as políticos/as chilenos/as predomina una visión cercana al Estado Planificador, de acuerdo con el cual se entiende el fenómeno migratorio y sus aspectos positivos o negativos en términos económicos, por lo que se espera que el inmigrante contribuya al desarrollo de la economía nacional, como se mencionó anteriormente. Si bien se trata de un posicionamiento explícito por parte de la derecha, se mostró que personas de izquierda y centro-izquierda también recurren a dichas argumentaciones.
Como se planteó en esta investigación, los posicionamientos y discursos identificados a lo largo de la investigación tienen implicancia en cómo se gestiona y gestionará la migración en Chile. De esta forma, un discurso generalizado que instrumentaliza la migración, muy común entre los actores políticos, tiene como efecto el establecimiento de “derechos volátiles” que muchas veces dependen de la voluntad de actores políticos. De esta forma, el reconocimiento y acceso que los inmigrantes tienen a ciertos derechos y servicios se encuentra supeditado a los vaivenes de la economía nacional u otro tipo de eventualidades, en tanto no se reconoce a los sujetos migrantes como ciudadanos, sino que únicamente como capital humano necesario para el desarrollo.
Finalmente, es posible decir que los discursos políticos abren un amplio campo en los estudios migratológicos pues, como se ha argumentado, son centrales para comprender las condiciones para la recepción de inmigrantes. Además, en el contexto nacional, la migración se presenta como un fenómeno emergente y en continuo proceso de transformación, que no solo impone desafíos a los actores políticos sino que tensiona los límites de nuestra democracia, por lo que resultaría especialmente relevante incluir en el análisis a otros actores que forman parte del campo político, como organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, sindicatos, entre otros.
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- Esta tesis se enmarcó en el proyecto Fondecyt N°1140679, “Estado chileno e inmigrantes latinoamericanos frente a frente: reconocimiento, expectativas y proyecciones de incorporación”, a cargo de Eduardo Thayer y Carlos Durán.
- SJM: http://www.sjmchile.org/los-pendientes-del-actual-proyecto-de-ley-de-migraciones/
- Recuperado de: https://www.latercera.com/noticia/pinera-muchas-las-bandas-delincuentes-chile-extranjeros/
- Recuperado en: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/alejandro-guillier-chile-necesita-una-politica-migratoria-mas/2016-12-12/225518.html
- Tesis para optar al grado de magíster en métodos de la investigación social en el marco del proyecto FONDECYT N°1140679 “Estado chileno e inmigrantes latinoamericanos frente a frente: reconocimiento, expectativas y proyecciones de incorporación”
- Recuperado en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-203717-2012-09-19.html