RESUMEN
Este artículo corresponde a una sistematización que registra y analiza críticamente la experiencia de intervención del Voluntariado Popular El pueblo ayuda al pueblo, iniciativa impulsada por estudiantes y titulados de la Universidad Arturo Prat bajo el patrocinio de la Mesa Interina. Los voluntarios se organizan con el objetivo de prestar apoyo asistencial a jóvenes estudiantes de esta casa de estudios en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19; sin embargo, el impacto económico y social de la pandemia los motiva a ampliar sus objetivos. Situados en barrios vulnerables de la comuna de Alto Hospicio, contribuyen a la gestión de comedores solidarios que van proliferando, a través de campañas para la entrega de raciones alimentarias, además de campañas educativas y socio-recreativas.
La implementación de este voluntariado universitario está enmarcada en la metodología comunitaria con enfoque asistencial. Interpela el rol de la universidad pública frente a las crisis que afectan a los territorios donde se emplazan; así, desde la responsabilidad social universitaria se tiene el deber de contribuir con pertinencia a las necesidades del entorno, reconociendo la función del voluntariado universitario como un mecanismo de vinculación que se articula con el desarrollo de competencias profesionales, transversales, los valores institucionales y la generación de conocimiento.
ABSTRACT
This article corresponds to a systematization that records and critically analyzes the intervention experience of the Popular Volunteer “The people help the people”, an initiative promoted by students and graduates of the Arturo Prat University, under the patronage of the Interim Board. The volunteers are organized with the aim of providing care support to young students of this house of studies in the context of the health crisis caused by COVID-19; however, the economic and social impact of the pandemic motivates them to expand their objectives. Located in vulnerable neighborhoods of the Alto Hospicio Commune, they contribute to the management of community dining rooms that are proliferating, through campaigns for the delivery of food rations, as well as educational and socio-recreational campaigns.
The implementation of this university volunteering is framed in the community methodology with a care approach. It questions the role of the public university in the face of the crises that affect the territories where they are located; Thus, from its university social responsibility, it has the duty to contribute with relevance to the needs of its environment, recognizing the function of university volunteering as a linkage mechanism that is articulated with the development of professional, transversal skills, institutional values and the generation of knowledge.
INTRODUCCIÓN
Nuevamente el mundo ha debido enfrentar una crisis sanitaria de gran envergadura. El virus que la origina, cuya denominación científica es SARS-Cov-2, comenzó a propagarse en China en enero de 2020, extendiéndose los contagios masivos de manera exponencial por todos los continentes. Esta situación conlleva la determinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de declarar el estado de pandemia global el 11 de marzo del mismo año.
Desde el primer caso de COVID-19 presentado en Chile, el 3 de marzo de 2020 en el Hospital Regional de Talca, al 14 de enero de 2021 la cifra de casos confirmados a nivel nacional asciende a 754.398 (Ministerio de Salud [Minsal], 2021). Según el primer reporte epidemiológico entregado por el Minsal (2020), en la región de Tarapacá, la ciudad de Iquique concentró los primeros contagios y actualmente es la segunda región con mayor tasa de incidencia acumulada (Minsal, 2021). Las cifras son relevantes si consideramos que el 13 de mayo las autoridades ya habían decretado el estado de cuarentena obligatoria1, siendo esta una de las regiones que ha vivido la medida de confinamiento más larga.
La pandemia ha develado y agudizado importantes problemas estructurales que afectan a la sociedad, es así que observamos, de acuerdo con los datos que proporciona el Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (SIIS-T, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), s. f.), que el escenario tarapaqueño ha sufrido importantes alzas sobre el porcentaje de hogares ubicados en el tramo 0-40%, considerado de mayor vulnerabilidad socioeconómica entre los años 2016 y 2020 (47,8% y 52,5%, respectivamente), observándose un incremento de 5 puntos y una marcada concentración en pueblos rurales del interior. Cabe destacar que en zonas urbanas la tendencia ha ido también al alza: en la comuna de Alto Hospicio, de un 52,7% (2016) a un 56,1% (2020) y en la comuna de Iquique, de un 43,1% (2016) a un 49% (2020).
De acuerdo con la Encuesta Social COVID-19, aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2020), el 59,4% de los hogares chilenos percibe que sus ingresos disminuyeron durante la pandemia. Respecto de la suficiencia de los mismos, la encuesta arroja que el 48,4% de los hogares percibe que sus ingresos no alcanza a cubrir todas sus necesidades, para lo que han debido generar estrategias como la reducción de activos (53,7%), endeudamiento (40%) o nuevas fuentes de ingresos (23%), situaciones que han afectado con mayor incidencia a familias de los tres primeros quintiles.
Ilustrar cifras situadas de pobreza permite reconocer que existen otras dimensiones en la vida de estas familias que se ven impactadas por el nivel de ingresos y las características de una zona extrema y transfronteriza, que en su conjunto segregan y excluyen. No es un dato menos relevante que en medio de una crisis sanitaria Tarapacá solo cuente con un hospital de alta complejidad para todos los habitantes de la región y que el 92% de las personas más pobres estén adscritas al Fondo Nacional de Salud (Mideso, s. f.).
Uno de los impactos más mediáticos de esta crisis ha sido la depresión económica y el consecuente aumento del desempleo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2020), en su informe trimestral al 30 de septiembre, la tasa de desocupación regional junio-agosto alcanzó un 15,5%, superando el promedio nacional (12,9%). Este mismo reporte da cuenta de que la categoría ocupacional con mayor decrecimiento corresponde a trabajadores por cuenta propia (-52,8%) y que la tasa de ocupación informal llegó a un 20,9%, siendo la más baja que se habría registrado desde 2017.
Las condiciones de habitabilidad adquieren también una posición relevante en el análisis de variables de riesgo, sobre todo cuando nos enfrentamos a la precariedad e improvisación de construcciones, al hacinamiento y la ausencia de servicios básicos, lo que indudablemente no contribuye a las medidas de prevención del contagio. Las cifras que presenta el Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu, 2019) dan cuenta de un crecimiento descontrolado de campamentos en Tarapacá (567%), registrando un total de 40 asentamientos irregulares que acogen a más de 4.000 familias, la mayoría de ellos a cargo de una jefa de hogar (55%) cuyas principales motivaciones radican en los altos costos de los arriendos, la necesidad de dejar de ser allegados y los bajos ingresos.
Sin duda entonces es posible afirmar que los efectos de esta pandemia han sido más crudos para los sectores más pobres que, frente al aislamiento obligatorio, han precarizado aún más su participación en el mercado laboral y, por ende, la capacidad de acceder a recursos satisfactores de orden básico. Las profundas desigualdades sociales y económicas en este contexto no logran verse abordadas con eficiencia y eficacia desde las políticas públicas neoliberales.
El modelo que promueve los esfuerzos y el capital individual se pone en tensión frente a la necesidad de revitalizar los tejidos comunitarios, en tanto la solidaridad se convierte en el motor esencial para la sobrevivencia de muchos. Son las comunidades las que comienzan a organizarse, pues la respuesta del gobierno fue tardía e insuficiente para cubrir las necesidades emergentes de la población, y lo hacen desde la sociedad civil, a través de la constitución de grupos voluntariados que pusieron en marcha comedores solidarios.
En el espacio local los comedores fueron proliferando rápidamente y se concentraron en las unidades vecinales más segregadas, ubicadas principalmente en la comuna de Alto Hospicio. Este tipo de organización ha demandado un importante trabajo de autogestión y desgaste con el fin de mantener su funcionamiento por el prolongado tiempo en que se extiende la cuarentena.
Desde otra arista, observamos que los efectos derivados de esta crisis sanitaria no solo son reflejo de las inequidades económicas de la población, también se han revelado problemáticas que se tornan agudizadas, difíciles de abordar y que serán desafíos para la intervención post pandemia, tales como: el aumento preocupante de las denuncias por violencia de género, la situación de abandono de las personas mayores, la importante mochila que cargan las mujeres sobre las invisibilizadas tareas domésticas y de cuidado, las dificultades para la conciliación familiar y laboral, las brechas digitales que afectan el nuevo mundo de conexión virtual en los espacios de teletrabajo y tele clases, entre otras.
El nuevo contexto social interpela a la institucionalidad, en tanto cuestiona sus soportes y orientaciones metodológicas. El sujeto actual es más complejo que aquel que es definido como participante de una política sectorial y esto demanda una transformación del Estado y todo su aparataje.
La universidad pública no está ajena a esta demanda de transformación, pues desde hace varias décadas ha existido un llamado explícito por retomar su rol social y desarrollar de manera integral sus funciones académicas: la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. En crisis y desastres, aparece la necesidad de que la universidad se vincule con su comunidad de manera ética y comprometida, optimizando las herramientas y el capital que tiene a la mano; de este modo evidencia su pertinencia social, no solo desde la formación integral, crítica y participativa, sino también desde la consolidación de los lazos con la sociedad con el fin de participar en la solución de sus problemas, aportar al logro de la justicia social, la paz, la convivencia y la legitimidad de la democracia (Miralles, 2015).
Ejercer responsabilidad social y generar impactos en el entorno implica integrar un sistema de gobernanza que permita diseñar acciones colectivas desde una política institucionalizada, capaz de articular esfuerzos interinstitucionales entre los que tienen especial valor los voluntariados universitarios, pues los y las estudiantes contribuyen desde la aplicación de sus aprendizajes académicos e inspiran mayor confianza frente a la debilitada imagen de la autoridad (Márquez, 2020).
Es aquí donde se concentra el interés particular de este artículo, específicamente en la oportunidad de sistematizar la experiencia de intervención social del voluntariado popular El Pueblo Ayuda al Pueblo, constituido principalmente por jóvenes egresados y estudiantes de la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile, todos/as ellos/as pertenecientes a grupos activos en la política y organización estudiantil, adscritos a las carreras de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, Trabajo Social, Derecho y Pedagogía en Educación Básica.
Sus inicios tienen estrecha relación con el abordaje de las consecuencias de la crisis desde la mesa interina de la Federación de Estudiantes, respecto de las problemáticas que afectan al estamento estudiantil. Cabe señalar que la Universidad Arturo Prat, en su casa central, acoge una matrícula de 6.702 estudiantes, de estos un 76% provienen de las comunas de Iquique y Alto Hospicio; por otra parte, un 28% pertenece a hogares cuyo ingreso bruto no supera los $288.000 y un 32% declara ingresos brutos entre $288.001 y hasta $576.000 mensuales (Santos et al., 2020, p. 93). Desde esta realidad y su relación con un contexto más complejo, en que los pares viven su cotidianidad, los horizontes del voluntariado se amplían hacia los espacios donde habitan.
La finalidad y motivación de esta organización estudiantil es abordar la articulación territorial desde su desempeño autónomo, horizontal y autogestionado para desde allí, generar una respuesta política y social respecto de la crisis sanitaria que afecta el entorno, en correlato con las perspectivas metodológicas de la disciplina del Trabajo Social. Entre sus principales funciones, se definieron: la gestión de alimentos e insumos de protección para los actores que conforman ollas comunes, el fortalecimiento de redes sociales de apoyo de estos comedores, la instalación de un centro de acopio y la promoción de campañas solidarias, educativas y socio recreativas para la comunidad. La estrategia de acción que caracterizó el proceso corresponde a la metodología comunitaria con enfoque asistencial, que en prospectiva busca que los y las pobladoras logren coordinación, y posean capacidad de respuesta en situaciones de alta complejidad, permitiendo conocer y activar redes de apoyo entre campamentos, instituciones y organizaciones sociales.
1. REFERENTES TEÓRICO-CONCEPTUALES DE LA SISTEMATIZACIÓN
La crisis sanitaria devela y agudiza la vulnerabilidad social de los territorios, esos espacios donde nuestra comunidad universitaria habita y se relaciona. Las necesidades de desarrollo y las que emergen con la pandemia se convierten en una oportunidad de vinculación efectiva que moviliza desde la convicción ética y política a sus estudiantes.
Conceptualizar territorios vulnerables desde las dimensiones de crisis, responsabilidad social universitaria y voluntariado, no es una decisión azarosa, sino una forma de representar aspectos del contexto en una relación directa con sus mecanismos de abordaje.
1.1. Territorios vulnerables en crisis
Como se mencionó, la pandemia provocó efectos devastadores en la economía mundial y develó las profundas desigualdades perpetuadas en territorios marginales, esos espacios y grupos sociales que ya sufrían la precarización y estancamiento en su desarrollo, donde la política pública no ha logrado garantizar el acceso a derechos humanos fundamentales.
En nuestro país coexisten diversos mecanismos de medición y focalización de la pobreza que han ido evolucionando de acuerdo con una concepción cada vez más compleja de este fenómeno, entre los que podemos mencionar aquellos que estarían basados en metodologías de medición tradicional por ingresos y aquellos que se refieren a la medición de pobreza multidimensional. El Ministerio de Desarrollo Social y Familiar conceptualiza en su Informe de Desarrollo Social (2019) que la medición de pobreza por insuficiencia de ingresos resulta de la comparación entre el ingreso del hogar y los valores de las líneas de pobreza y de pobreza extrema, los que se determinan en razón de un estándar mínimo de ingreso necesario para satisfacer necesidades básicas que responden a patrones de consumo habitual en la población. La medida de la pobreza multidimensional, en cambio, permite determinar de manera directa las condiciones de vida de la población, abordando el análisis de la situación de las personas y los hogares en relación con cinco dimensiones de bienestar: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Cada una de ellas tiene indicadores que se consideran socialmente relevantes.
Observamos entonces cómo la pobreza va condicionando todos los ámbitos de la vida de las personas y los espacios físicos donde habitan y se relacionan, esta suerte de desventaja merma sus capacidades y oportunidades y los sitúa en condición de vulnerabilidad.
Para Busso (2005, p.16), la vulnerabilidad se concibe como un proceso multidimensional y multicausal, donde convergen simultáneamente la exposición a riesgos, la incapacidad de respuesta y adaptación de los sujetos, quienes pueden ver afectados sus niveles de bienestar y el ejercicio de sus derechos.
La noción de vulnerabilidad social contribuye a identificar individuos, hogares y comunidades que por su menor dotación de activos y diversificación de estrategias tienen menor capacidad de respuesta y resiliencia; por lo tanto, por su situación de desventaja social están expuestos a mayores niveles de riesgo por alteraciones significativas en los planos sociales, políticos y económicos que afectan sus condiciones de vida y la capacidad de habilitarse por sus propios medios o por ayuda externa (Busso, 2005, p. 16).
Al analizar la evolución del enfoque de vulnerabilidad social, Ramos (2019) expone que hay puntos de encuentro en la discusión teórica, en tanto es recurrente la idea de lo multidimensional, además de advertir que la ausencia de ciertas capacidades en los individuos para gestionar riesgos genera incertidumbre y, a su vez, impacta en la implementación de inadecuadas estrategias para salir de esta condición.
Respecto de la multicausalidad de factores existentes en la vida de las personas y comunidades, el riesgo pone en tensión la integración social y afecta distintas dimensiones del bienestar, presentándose como situaciones estables o coyunturales, tal como ha sido el caso de la crisis sanitaria: “Las nociones comunes acerca de crisis coinciden en asociarla a la idea de momento de ruptura y bifurcaciones, puntos de quiebre, que se experimentan siempre como repentinos, nunca se advierten” (Boitano, 2020, p. 17).
Entenderemos estas inflexiones como episodios que van agudizando y visibilizando problemas estructurales, arrastrados desde una crisis política, social y económica que ha afectado fuertemente a Latinoamérica. Como lo describe Echeverría (2000, p. 174), se trata de “una crisis civilizatoria en ese momento de la historia de la humanidad en que los seres humanos se vieron enfrentados a una profunda ambivalencia ontológica”, que adquiere un carácter cíclico en la medida que sigamos atrapados y esquematizados en la estructura del capitalismo, un modelo inestable y destructor, basado en la reproducción y acumulación del capital (Costa, 2010).
Para Boitano (2020, p. 25), “la crisis puede ser un punto de acolchado que nos permita analizar una serie de fenómenos fragmentarios como elementos que se anudan” y que han contribuido en la permanencia de la desigualdad, la injusticia y la vulnerabilidad social, todas ellas incrementadas con la crisis sanitaria. En consistencia con este planteamiento, Riechman (2020) señala que “el problema no son los virus: el problema es un sistema socio-económico expansivo” (p. 12).
La pandemia viene a denunciar la fragilidad y vulnerabilidad de los sistemas sociales, ha puesto en jaque a la institucionalidad responsable de la contención y resolución de amenazas, revelando la desigualdad del sistema. Como bien dice Carreras (2020), probablemente conduzca a una gran depresión, con consecuencias en el plano social cada vez más alarmantes.
La lucha contra la pandemia ha conducido, además, a la proclamación del estado de alarma por parte de la mayoría de los gobiernos, acompañado de un discurso bélico que ha buscado cerrar filas en las poblaciones respectivas mediante la puesta en pie de planes de confinamiento, con distintas variantes entre ellos, con el propósito común de salvar vidas. Sin embargo, muy pronto hemos podido comprobar las tensiones entre ese objetivo y el de salvar la economía a medida que se ha prolongado esa situación de emergencia (Pastor, 2020).
Boitano (2020), citando a Butler, sostiene “el sujeto de la crisis surge cuando su cuerpo ha sido tocado, afectado, amenazado”. Esta crisis global trajo restricciones para la libertad de las personas a través de cuarentenas extensas, toques de queda, cordones sanitarios, entre otras medidas de distanciamiento que han afectado emocional y socialmente a la comunidad en general. Contrariamente, se generaron también instancias solidarias para enfrentar la desestabilización económica y desamparo institucional, como otras de promoción del cuidado y protección ante el inminente riesgo de contagio y muerte.
1.2. El voluntariado como mecanismo de responsabilidad social universitaria ante la crisis
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) “como valor, actitud o conducta es hoy reconocida como un eje fundamental de gestión que toda organización debe incorporar de manera transversal en su planificación estratégica” (Rubio, 2020, p. 442). Vallaeys y Álvarez, a través de un estudio que recoge la visión de diversos actores universitarios de América Latina, proponen conceptualizarla de la siguiente manera:
[…] es la responsabilidad de la universidad por los impactos sociales y ambientales que genera, a través de una gestión ética y eficiente de sus procesos administrativos y funciones académicas sustantivas, a fin de participar junto con los demás actores de su territorio de influencia en la promoción de un desarrollo humano justo y sostenible (2018, p. 113).
Los propósitos y objetivos de vinculación de las universidades se han visto enriquecidos por la integración de la RSU en su quehacer, así también estos debieran tener una relación directa con las necesidades e intereses de la comunidad para contribuir desde la democratización del conocimiento, de sus espacios y recursos.
La institución debiese ser impulsora de iniciativas de RSU dentro de la comunidad universitaria y garante de facilidades para la conciliación de vida académica/extraacadémica; de esta forma, la acción sistemática en el territorio y el reconocimiento del aprendizaje disciplinar en la implementación de estas iniciativas son elementos claves que permitirán distinguir entre las acciones aisladas y filantrópicas, con valoración marginal extracurricular (Vallaeys y Álvarez, 2018).
Es evidente que la participación extraacadémica requiere de esfuerzos adicionales y que debe compaginarse con las obligaciones académicas; en este sentido, se observan algunos avances en cuanto a la incorporación del Aprendizaje Servicio (ApS) como una herramienta educativa que combina objetivos de aprendizaje curricular con los de servicio a la comunidad, promoviendo de esta forma altos niveles de participación estudiantil desde metodologías activas participativas que contribuyen al desarrollo de habilidades y actitudes sociales (Martínez et al., 2019).
Según este planteamiento cada vez más instalado en las universidades, existiría la pretensión de marcar un sello en la formación profesional: el compromiso social, considerando que esta condición también implica instalar pensamiento crítico. Lo anterior invita a la comunidad educativa a repensar la política pública, que evidentemente no está siendo consistente y eficiente frente a las necesidades de las personas y de la comunidad; de allí que la labor de los y las estudiantes al levantar iniciativas comunitarias y barriales entregue una respuesta político-social a los territorios abandonados por el Estado y entreteje redes de apoyo frente a la crisis.
Desde el estallido social el trabajo colectivo ha sido fundamental y se desarrolla a través de diversos mecanismos, entre ellos el voluntariado universitario. Este “se entiende como una estrategia de participación social que redunda en un beneficio para la comunidad” que, desde una dimensión subjetiva, es posible identificar con una conducta prosocial que, a nivel local y desde su planificación, puede afectar la resiliencia comunitaria y la construcción de capital social (Alvarado et al., 2019, p. 260).
Hernández y Valverde (2018) advierten también el componente de participación social como respuesta de acción del voluntariado frente a las injusticias sociales. Señalan, además, cómo se instala en los jóvenes el enfoque de derechos, “a través de acciones de tipo humanitario, así como de incidencia social o impulsando políticas e investigación, a fin de visibilizar lo que hasta hace poco tiempo era invisible” (p. 82).
Así, entonces, “en una sociedad marcada por los grandes retos sociales, el voluntariado surge como una respuesta ciudadana en la búsqueda de la transformación social y el bienestar global” (Millares, 2015, p. 700), siendo necesario lograr conciencia de los efectos que sus acciones producen, no solo por parte de la sociedad a la que van dirigidas, sino también por parte de los mismos voluntarios (Rodríguez y Gutiérrez, 2010). Lo anterior, para Gaete (2015) significa fortalecer la sensibilidad social y ciudadana de los estudiantes respecto de las problemáticas y necesidades de los habitantes más vulnerables.
2. MARCO METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN
Estrategia metodológica
La experiencia de intervención tuvo como objetivo “contribuir a la gestión de iniciativas territoriales de economía colectiva que emergen en Alto Hospicio en el contexto de pandemia, a través de campañas solidarias, educativas y socio recreativas”. La propuesta se enmarca en la metodología de intervención comunitaria con enfoque asistencial. Para Marchioni et al. (2013), la intervención comunitaria se reconoce como un proceso dialéctico y dinámico, que evoluciona en el tiempo y en el espacio territorial donde se produce, en su condición dinámica alude a las particularidades de cada comunidad que hacen que cada experiencia sea única e indefinida.
En su implementación, esta metodología desarrolla coaliciones comunitarias que representan la unión entre distintas organizaciones, instituciones y agentes que buscan mejorar las condiciones de vida de la comunidad a partir del trabajo cooperativo que releva la participación, el empoderamiento, el cambio social y la justicia social. Por otra parte, y desde un enfoque de análisis de costo-beneficio, posiciona a nivel central la participación, pues representa el principal capital para el logro de metas colectivas muchas veces sostenidas desde la implicancia y contribución ciudadana desinteresada (personas asociadas, voluntarias, etc.), produciendo, desde el intercambio, beneficios materiales, solidarios e intencionales (Marchioni et al., 2013).
En cuanto al enfoque asistencial, este tiene directa relación con las necesidades emergentes en contexto de crisis. La precarización económica y los efectos psicosociales del confinamiento exigían una respuesta rápida, subsidiaria y concreta para cubrir necesidades prioritarias. Molina (2001, p. 58) señala que este enfoque “consiste en proveer un subsidio financiero y/o material, u ofrecer información a un sujeto individual o colectivo que plantea carencias en la satisfacción de sus necesidades vitales y contingentes, y que para su satisfacción se demanda de una acción institucional inmediata”.
De esta manera los principales hitos que orientan la intervención apuntan a la implementación de campañas focalizadas territorialmente, a partir de decisiones estratégicas que surgen desde la observación participante y el mapeo colaborativo.
2.1. Marco metodológico de la sistematización
El trazado metodológico del proceso tiene como principal directriz el “sistematizar la experiencia de implementación del voluntariado popular UNAP en el contexto de pandemia, con el fin de registrar y analizar críticamente sus resultados y aportes”.
Dicha sistematización es de tipo retrospectiva con enfoque hermenéutico, pues en su construcción, a nivel descriptivo, pretende dar cuenta de una parte de la experiencia que ha sido seleccionada como objeto; luego, a nivel reflexivo, se pretende profundizar en torno a la discusión de sus ejes desde la percepción de sus actores relevantes. Se estructura sobre la base de un ordenamiento lógico y racional de la experiencia, dando cuenta de su contextualización, el desarrollo de componentes teórico conceptuales, sus principales hitos de intervención, resultados y aprendizajes.
La metodología seleccionada recoge la propuesta en cinco tiempos de Óscar Jara (2018). De esta manera, es posible determinar que durante el proceso participan activamente actores sociales que han sido parte del equipo del voluntariado, quienes han cumplido roles protagónicos en su conformación y gestión. Es este grupo de interés el que aporta registros y relatos experienciales que contribuyen a la sistematización.
Todos los antecedentes necesarios para su reconstrucción narrativa corresponden a registros audiovisuales asociados a las distintas iniciativas de acción impulsadas por el voluntariado, actas de reunión de coordinación y actas de reunión de los avances del documento de sistematización, relevando en esta etapa los procesos dialógicos que permiten ir nutriendo la información, dadas las particularidades de una experiencia implementada en un contexto de urgencia que tiene su origen en la articulación espontánea de jóvenes con fines solidarios, cuya labor persiste más allá de la decisión de acotar el objeto en función del tiempo.
Si bien la reflexión es una condición constante para reconocer obstáculos y tomar decisiones estratégicas que brindaran mayor efectividad a la propuesta, fue necesario intencionar un espacio dirigido en que participase el equipo de voluntarios en extenso. La fase reflexiva ha implicado la definición previa de ejes de análisis, que en este caso profundizan tanto en aprendizajes situados en el equipo del voluntariado como en nudos críticos del proceso; para ello se selecciona la metodología cualitativa, aplicándose un focus group y análisis de contenido.
La última fase da cuenta de la comunicación de la experiencia. Este trabajo en particular se ha definido desde la motivación por ponerla a disposición de otras organizaciones que tengan intereses u orientaciones similares, así como también del mismo espacio universitario, en tanto aporte al desarrollo de la docencia con componente de vinculación con el medio; de esta manera, se ha determinado concluir con el informe donde confluyen aspectos teóricos, metodológicos y reflexivos.
3. LA EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL VOLUNTARIADO POPULAR UNAP EL PUEBLO AYUDA AL PUEBLO EN ALTO HOSPICIO
“Existen jóvenes revolucionarios, relacionados con los obreros y en constante búsqueda de cambios sociales; y otra juventud burguesa y despreocupada, que solo busca divertirse en virtud de las ventajas que su posición económica le entrega” (Muñoz, 2004). Esta reflexión plasma atributos en los que muchos jóvenes universitarios se ven reflejados, que están detrás de sus convicciones y motivaciones de servicio, representatividad política y acción contestataria en contra de todo tipo de situación que atente contra los derechos de la ciudadanía y el propio derecho a la educación.
El movimiento estudiantil de la Universidad Arturo Prat ha sido participe de múltiples e históricos espacios organizativos, tanto en instancias formales como otras no convencionales; es así que ha sido posible identificar distintas iniciativas que al alero de la Federación de Estudiantes impulsan la asociatividad: la Brigada de Defensa Animal, Escuelas Populares, la biblioteca Colorina, la Secretaría de Género, entre otras, precedieron la conformación del voluntariado popular El Pueblo Ayuda al Pueblo. Participar y contribuir en este voluntariado es una decisión que surge al observar cómo, desde las autoridades universitarias y el Estado, no se generaba ningún plan de acción oportuno y efectivo que contribuyera a las problemáticas que la pandemia desató y que afectaban a toda la comunidad universitaria, especialmente estudiantes sujetos de beneficios:
Las y los miembros del grupo, en algún momento, habíamos trabajado en conjunto o nos conocíamos por la política y articulación estudiantil, por lo que sabíamos las convicciones de cada uno, confiando en que el trabajo se iba a realizar de forma seria y horizontal, sin fines de reconocimiento o campaña política (estudiante de Trabajo Social).
Visualizar la condición de los pares hace ineludible el hecho de ampliar la mirada hacia los espacios territoriales donde se habita, sectores que no son ajenos, que ya se conocen desde sus prácticas formativas y organizaciones estudiantiles. La necesidad de focalizar esfuerzos promueve el uso de metodologías de diagnóstico comunitario, en este caso la observación participante y el mapeo colaborativo son las técnicas que en mayor magnitud aportan a la recopilación de datos para la formulación de una estrategia.
Se logró identificar y georreferenciar comedores solidarios en funcionamiento, tanto en la comuna de Iquique como en la comuna de Alto Hospicio, extensión territorial abordable para un grupo de estudiantes equipados solo con sus conocimientos y ganas de aportar. Este proceso va mostrando las importantes diferencias entre ambas comunas: en el caso de Iquique se registraron 8 comedores solidarios y un centro de acopio ubicados en el sector norte y centro sur de la ciudad (Figura 1).
Figura 1. Mapa Georreferenciado. Comedores Solidarios en Iquique, año 2020
Fuente: elaboración propia a partir de imagen satelital de Google Earth.
Los territorios donde se articulan comedores solidarios se ubican en sectores reconocidos de la ciudad, como el barrio El Colorado (en el sector norte), la toma Laguna Verde y la denominada Zona Cero (en el sector centro sur). Estos lugares destacan por su historia y organización en momentos emblemáticos y cruciales, como han sido el estallido social y la crisis sanitaria. Desde el vínculo presencial con actores comunitarios clave se buscaba identificar: el radio de acción de cada punto, las plazas que abarca y las redes de apoyo que habían construido.
En Alto Hospicio (Figura 2) se localizan 24 comedores solidarios, cinco de ellos corresponden a la gestión de la iglesia católica y se emplazan en sectores de grandes campamentos, estos son: La Pampa y Ex Vertedero.
Figura 2. Mapa Georreferenciado. Comedores Solidarios en Alto Hospicio, año 2020
Fuente: elaboración propia a partir de imagen satelital de Google Earth.
Son las mujeres quienes de manera predominante lideran estas organizaciones de base (83%), siendo una condición cíclica a lo largo de la historia. Tal como Palacios (s. f.) cita a Di Liscia, se produce un fenómeno que transita desde la “maternidad moral a una maternidad social”, donde la preocupación “por la población”, por el bien de “otros” se identifica como una motivación preferentemente femenina.
Otro aspecto para destacar es que, a pesar de la proximidad física de los comedores, los esfuerzos no logran abordar todas las necesidades de un amplio grupo de personas afectadas. Este antecedente sumado a los datos recabados para la contextualización y las aproximaciones continuas al territorio y sus actores clave, permitieron delimitar un polígono de intervención. Es en la comuna de Alto Hospicio entonces donde se define desarrollar la experiencia, específicamente en los comedores: Las Luchadoras, La unión hace la fuerza, Juntos, Esfuerzo y Jorge Soria.
3.1. Campaña solidaria
Ante la extensa cuarenta que afectó a la región, las plataformas virtuales y redes sociales tuvieron un importante protagonismo en la gestión; aun así, no reemplazan la necesaria presencialidad, el contacto cara a cara con los sujetos. Las campañas buscaban lograr recursos monetarios, en alimentos y barreras de protección para los voluntarios.
Se lograron desarrollar 4 campañas de recolección de alimentos utilizados habitualmente en los comedores, entre ellos: legumbres, cereales, aceites y enlatados. Los fondos recaudados permitieron acceder a alimentos con proteína animal, vegetales y embutidos, aportando de esta forma a una mayor variedad en la minuta alimenticia de las personas, dieta que fue elaborada con la asesoría de una profesional nutricionista.
3.2. Campaña educativa
El alto grado de desconocimiento sobre el virus, además, de la información a veces discrepante que surgía a partir de diversas fuentes, genera la necesidad de buscar vías para la educación de la comunidad. Se crearon videos educativos e infografías para su difusión por redes sociales, además de charlas en línea abiertas a todo público dictadas por profesionales de la salud: una matrona y un médico cirujano. Ambos profesionales profundizan en la prevención del contagio, los riesgos y consecuencias del mismo.
3.3. Campaña de ruta
Campaña de ruta se denominó a la campaña destinada a recolectar frutas y verduras para los comedores. La ruta comenzaba por la mañana en el Terminal Agropecuario de Iquique, allí los voluntarios debidamente identificados solicitaban aportes voluntarios a los locatarios.
La ruta se fue instalando como parte de la rutina de voluntarios y feriantes, como resultado del vínculo que genera el compartir relatos sobre la realidad de otros, sobre el esfuerzo detrás de los comedores.
Las donaciones se fueron ampliando, lo que hace necesario organizar dos centros de acopio. Son los mismos espacios familiares de los estudiantes universitarios los que se destinaron a la recepción, organización y entrega de ropa y alimentos, debiendo trasladar aprendizajes y protocolos de prevención hacia el espacio privado.
3.4. Campaña socio-recreativa
Una vez que las necesidades de orden básico logran cubrirse en alguna medida, se hacen visibles las secuelas de un prolongado confinamiento, permeado por el desempleo y las condiciones inhóspitas para hacer frente a un virus que exigía, por ejemplo, el lavado de manos frecuente donde el agua potable y el alcantarillado no son recursos disponibles.
Las comunidades son resilientes, y este es un componente valioso que se debe potenciar para mantener la articulación del tejido social, para su resistencia ante el desgaste físico y moral. Se organizaron dos grandes eventos de manera colaborativa con vecinos y vecinas del sector, además de la gestión de donaciones de pequeños empresarios para el día del niño y la navidad, logrando llegar a más de 1.000 niños y niñas.
En general, se puede destacar que las campañas solidaria y de ruta demandaron los mayores esfuerzos, en tanto establecer alianzas de colaboración con ollas comunes fue el objetivo central de la experiencia. Así también, se requería de tareas exigentes de coordinación, difusión, recopilación, saneamiento, organización y distribución de alimentos en tiempos acotados, todo esto durante el período más crítico de la pandemia. El despliegue de todas estas acciones pasó del activismo al reconocimiento de un marco metodológico, que contempló el uso del Modelo Canvas de Planificación Estratégica, además de herramientas de registro y control.
Este repertorio metodológico, si bien facilita la gestión de la propuesta, tiene un componente de participación significativo. En efecto, se reconoce que gran parte de las orientaciones de las iniciativas han sido transmitidas desde los saberes instalados en las bases, desde el conocimiento de la dinámica territorial, sus necesidades y sus propias experiencias de resistencia social. Asimismo, los resultados se deben a que justamente la integración oportuna de los sujetos tiene incidencia en el interés y compromiso de los mismos frente a las intervenciones externas.
En lo que respecta a las principales dificultades que los voluntarios debieron sortear, se mencionan la exposición al riesgo de contagio, el desgaste físico y emocional, y las restricciones de la alerta sanitaria, principalmente el confinamiento; frente a estas dificultades se movilizaron recursos personales y externos para generar alternativas de solución. Al respecto, la creación de espacios de comunicación a través de plataformas virtuales, la gestión de redes sociales para promover la colaboración de recursos económicos y materiales, para lograr información e instalar una minuta de alimentación saludable, para generar protocolos de autocuidado y acceder al pase colectivo de movilidad, ilustran parte los procesos que se fueron incorporando como aprendizajes replicables en cuanto a la puesta en marcha de un voluntariado.
4. PRINCIPALES APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA
Un aspecto por relevar es que las características de esta propuesta hacen necesario que la evaluación de sus procesos y efectividad sea constante y simultánea a la acción; ha sido a partir de este ejercicio que se logró constituir y estructurar cada una de las campañas, pues esta crisis tiene una connotación distinta a otras experiencias. En tal sentido, se desata en condiciones de alto riesgo para la vida y medidas extremas de confinamiento y distanciamiento social, lo que permite comprender las orientaciones de las iniciativas que se promueven en razón de las necesidades que emergen.
El voluntariado popular logró establecer un sistema de apoyo solidario que a diciembre del año 2020 aportó 156.100 raciones alimenticias. Articuló redes sociales esporádicas y permanentes, con múltiples fines, de modo que lo que Marchioni (2013) denomina “coaliciones comunitarias” cobró sentido en medio de la desesperanza y reivindicó el asistencialismo como un derecho.
Trabajar en territorios con enfoque crítico y comunitario, en un contexto de crisis, demanda versatilidad y capacidad de adaptación a las condiciones dinámicas que afectan el desarrollo de la intervención, competencias para implementar metodologías no convencionales y una convicción ético-política que sustente las decisiones estratégicas en cada proceso.
Un aprendizaje significativo para el equipo voluntario es justamente que las condiciones adversas permitieron valorar saberes y capacidades heterogéneas, reconocer que somos personas en constante evolución y aprendizaje y que estas competencias se fortalecen cuando el equipo identifica sus debilidades y oportunidades de mejora:
Al ser un grupo donde existen diversas carreras, el traspaso de información y enseñanza, aportó en el crecimiento personal y profesional (estudiante de Trabajo Social).
El contexto también afecta de manera inevitable a quienes están en la vereda de la acción solidaria, por lo que es necesario que el equipo sea capaz de generar instancias de autocuidado y contención, tal como se refleja en el siguiente relato:
En los momentos de problemas o complicaciones se sintió el apoyo de parte de todo el equipo, como una familia (Estudiante de Lengua Castellana y Comunicaciones).
La administración del voluntariado en pandemia fue planteando desafíos importantes, como el dominio de TIC, además de la aplicación de contenidos y herramientas de gestión social. Lo más interesante es que se recogen importantes aprendizajes horizontales en estos ámbitos desde los mismos actores comunitarios.
La crisis global en los espacios más segregados demandó el accionar de un ámbito del Trabajo Social desvalorizado: la labor asistencial. Podemos señalar que el asistencialismo se reposiciona como una forma de acción con estructura metodológica, con sustento y con importantes impactos en la calidad de vida y dignidad de las personas. Como ya se ha mencionado, la capacidad de identificar nudos críticos, alternativas de acción, ejecutar acciones y evaluar, se dan de manera casi simultánea, pues las necesidades requerían de respuestas inmediatas, lo que no resta racionalidad ni rigor metodológico a estos procesos de ayuda.
5. REFLEXIONES FINALES
Es importante precisar que, al momento de sistematizarse esta experiencia aún no había finalizado, por cuanto el voluntariado está determinado por la demanda y necesidad del contexto, es decir, ante la inminente llegada del rebrote de COVID-19 los esfuerzos colaborativos deberían prolongarse para aportar a la comunidad y generar procesos más concretos, profundos y reflexivos.
En relación con el abordaje desde los marcos institucionales, la pandemia permitió visualizar las deficiencias del sistema, la tardía reacción del Estado y sus políticas focalizadas y excluyentes, todos estos aspectos que impulsan la respuesta organizada de las bases para la sobrevivencia. Los efectos de la crisis sanitaria son exorbitantes y repercuten no solo en los sectores más empobrecidos; no obstante, son estos sectores más vulnerables en los que predominan espacios de articulación barrial con marcado protagonismo de las mujeres en estas iniciativas, siendo ellas el soporte de trabajo en apuestas solidarias y de cuidado en estos tiempos críticos.
La participación de las mujeres en ollas comunes ha sido una constante en la historia, los contextos críticos se cruzan con historias de vida adversas y un sentido de justicia social. El derecho a la vida y el derecho a alimentarse como ejes de acción promueven capacidades de organización que reactivan la economía a escala (Minaya, 2015).
Como conceptos emergentes en el proceso reflexivo se van instalando la resiliencia comunitaria y la economía solidaria. La resiliencia comunitaria se expresa a través de la creación de espacios colectivos y sus formas de afrontamiento comunitario ante la adversidad, principalmente asociados a condiciones de marginación, violencia y exclusión (Alzugaray et al., 2021). En tanto, la economía solidaria se concibe como otro mecanismo de supervivencia históricamente utilizado en las situaciones de crisis, lo que para Razeto (2010) permite “proyectar procesos transformadores eficaces y profundos, en condiciones de concitar la conciencia y la voluntad de los más vastos sectores que anhelan una vida mejor y una sociedad más humana basada en la convivencia”, lo que en esta experiencia se materializa en la activación de voluntariados y comedores solidarios como instrumento apaciguador basado en la organización y solidaridad de clase.
Ha sido posible identificar contribuciones importantes de esta organización estudiantil desde la intencionalidad directa de sus acciones, como son la cuantificación del número de campañas ejecutadas y la cobertura de las mismas. Así también se logran valorar impactos desde una dimensión subjetiva, reconociendo su contribución al posicionamiento institucional en los territorios y los importantes aprendizajes asociados al desarrollo de competencias transversales y específicas disciplinares que dan cuenta de la apropiación de la metodología comunitaria.
La implementación del voluntariado universitario se ha desarrollado en un escenario de alta complejidad, y es en esta misma complejidad que se reconocen las potencialidades y capacidades instaladas en la formación de Trabajo Social para desarrollar acciones docentes, integrando componentes de vinculación con el medio. Acciones que “aportan oportunidades para resignificar el valor de la construcción participativa del conocimiento, posicionando al estamento estudiantil como agente activo de su propio aprendizaje y al territorio como un referente prioritario en la actualización de los repertorios teóricos, conceptuales y metodológicos” (Castañeda y Castillo, 2020).
Desde este punto de vista, para instalar de manera efectiva la perspectiva de Responsabilidad Social Universitaria, la universidad de la región debe incorporar políticas y mecanismos que contribuyan efectivamente al desarrollo del entorno con criterio de pertinencia, poniendo a disposición todo su capital, con miras a la democratización del conocimiento y la formación de futuros profesionales con sello social. Ciertamente, es un desafío pendiente valorar las iniciativas estudiantiles como instancias formativas de articulación de las funciones esenciales de la universidad: la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.
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