Autor
Cruz Elena Rivas Valdés.1
Resumen
La Trata de personas, entendida como fenómeno social que vulnera gravemente los derechos humanos, ha mantenido su curso histórico violentando de manera discriminada a segmentos poblacionales que estructural, social y culturalmente se encuentran en situaciones de mayor desprotección; particularmente mujeres, niños, niñas y adolescentes.
En el caso de las mujeres, el impacto que ha tenido la trata de personas en sus vidas encuentra explicación en la posición que han ocupado éstas, a partir de su diferenciación sexual con el hombre y la construcción de representaciones sociales de género en condiciones de desigualdad política, social y económica (Velázquez, 2006).
Los primeros antecedentes que se manejan datan de la época de la colonia, y dan cuenta de mujeres y niñas, esencialmente africanas e indígenas, sustraídas de sus lugares de origen para ser explotadas como mano de obra, servidumbre y objetos sexuales. Posteriormente, hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, se habla de “trata de blancas”, asociando el término a la vulneración de derechos experimentada por mujeres europeas principalmente, las cuales eran sustraídas de su países de origen para ser trasladadas a otras localidades del mismo continente o de otros, como el asiático o africano, con fines de explotación sexual mediante el ejercicio de la prostitución o su utilización como concubinas.
En la actualidad, si bien se ha avanzado en visibilizar el fenómeno de la trata de personas al interior de los países (trata interna) y vinculado al cruce de fronteras (trata externa), aún se continúa identificando a las mujeres, a los niños/niñas y adolescentes como grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad ante el fenómeno.
Abstract
Trafficking in persons as a social phenomenon that seriously violates human rights , has kept its historical course of violating discriminately populations structural segments , socially and culturally in situations of greater vulnerability ; particularly women, children and adolescents.
For women , the impact it has had human trafficking in their lives is explained by the position they have taken , from its man sexual differentiation and the construction of social representations of gender inequality condition political , social and economic ( Velazquez , 2006).
The first records are handled during colonial times; realize women and girls, essentially African and indigenous, stolen from their home to be exploited as laborers, servants and sex objects. Subsequently, in the late nineteenth century and early twentieth century, speaks of “ white slavery”, associating the term to the violation of experienced picture by European women mainly which were stolen from their countries of origin, to be transferred to other locations of the same continent or others, such as Asian or African, for sexual exploitation through prostitution or use as concubines.
At present, although progress has been visible the phenomenon of trafficking within countries (internal trafficking) and linked to cross border (is external), still continues to identify women, children / girls and adolescents as a group in a position of greater vulnerability to the phenomenon.
Antecedentes
Algunos elementos comprensivos del fenómeno trata de personas
La trata de personas entendida como fenómeno social que surge de las interacciones entre personas y que propicia diferentes tipos de intercambios (acciones, compromisos, acuerdos, transacciones), cuenta con múltiples definiciones o aproximaciones que van desde explicaciones criminológicas, vinculadas a la seguridad humana, postulados feministas, perspectivas que relevan los derechos humanos, análisis ligados al modelo globalizador de desarrollo, hasta las brindadas por estudios desde las particularidades culturales (Rivas, 2013).
En su generalidad, todas estas concepciones dan cuenta o reconocen como común denominador la existencia de vulneración, daño o trauma en las personas tratadas, tanto en el ámbito privado como público, de su desarrollo socioemocional. También relevan la existencia de condicionantes estructurales que favorecerían el nivel de afectación del fenómeno sobre las personas. Dichas condicionantes se relacionarían directamente con las inequidades sociales y de oportunidades existentes, además de las desigualdades económicas, culturales y de desarrollo que son vivenciadas por las personas de manera discriminada.
En el contexto internacional, existe acuerdo entre naciones en el reconocimiento de la presencia e impacto del fenómeno de la trata de personas al interior de un mundo globalizado, donde la movilidad humana es un suceso regular, cotidiano que posiciona y clasifica a los países en territorios de origen, tránsito y destino de población que se traslada internamente de una localidad a otra, como también cruza fronteras en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. Uno de estos acuerdos entre naciones es el llamado Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres, niños, niñas y/o adolescentes, donde se identifica al fenómeno como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (OIM , 2008).
Según la Organización de Naciones Unidas ONU (2009), para que se configure el fenómeno de la trata de personas se deben presentar los siguientes elementos:
La acción, entendida como el acto o hecho de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a personas y/o niños y niñas para su posterior explotación. A través de una serie de movimientos se promueve la ubicación de personas proclives a aceptar una propuesta laboral con miras a la mejora de sus condiciones de vida. Una vez aceptada la oferta laboral, las personas son dirigidas a contextos desconocidos, donde inevitablemente se sentirán aisladas física, cultural, social y hasta en algunos casos lingüísticamente. Junto a este aislamiento o desarraigo, se les niega su identidad legal, por tanto el acceso a los servicios sociales.
Para lograr concretar este enganche de personas se requiere de determinadas estrategias o medios, que pueden ser coercitivos a nivel físico (amenazas, uso de la fuerza, rapto, abuso de poder) o psicológico, mediante el fraude, engaño, utilización o manipulación de alguna situación de vulnerabilidad en la que se encuentren las personas.
Toda acción que se emprenda requiere el alcance de una meta asociada, por tanto un elemento constitutivo de la trata de personas, y que le otorga sentido al fenómeno, son sus fines, ligados a la explotación de las personas (mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes) en cualquiera de sus manifestaciones: laboral, sexual, trabajos o servicios forzados, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos, para generar utilidades económicas que llevan a configurar al fenómeno como una de las actividades delictivas más lucrativas en el actual contexto mundial, luego del tráfico de drogas y de armas.
Sujetos/as involucrados/as en la configuración del fenómeno de trata de personas.
Cuando se analiza el fenómeno de la trata de personas se pueden distinguir a lo menos dos actores claves; los tratantes o victimarios y las personas tratadas.
Respecto de los primeros, se estaría en presencia de organizaciones criminales transnacionales, o también agrupaciones reducidas de sujetos/as no estructuradas como agrupación que se dedican a esta actividad.
Cuando se trata de organizaciones criminales, éstas pueden estar compuestas por personas naturales de la misma o distinta nacionalidad, sexo, edad, raza, etnia, nivel socioeconómico y cultural. Según antecedentes aportados por la INTERPOL y Naciones Unidas, dentro de estas organizaciones existirían roles y funciones asignadas, como por ejemplo financistas, reclutadores, intermediarios y proxenetas.
Los financistas son aquellas personas de la organización que proveen los recursos económicos para sostener la operación de captación y las fases posteriores de traslado, acogida, ubicación, trámites migratorios, entre otros. Los/as reclutadores/as son el eslabón de la organización, encargados/as de captar a las posibles personas a incorporar en la explotación. Los intermediarios/as se constituyen como el nexo entre los reclutadores y los proxenetas o propietario del local o establecimiento donde se ubica a las personas reclutadas para la explotación. Por último, el proxeneta es el último operador vinculado con la red y tiene la tarea o misión de someter a la persona a la explotación, accediendo a los beneficios económicos que ella reporta.
Cuando los tratantes participan de agrupaciones reducidas no estructuradas bajo la lógica de crimen organizado, generalmente los mismos victimarios asumen el rol de financistas, intermediarios y hasta proxenetas en la explotación.
En lo referente a las personas tratadas, adquirirían esta condición en razón de su grado de vulnerabilidad frente a determinados factores estructurales, socioeconómicos y culturales. Los factores estructurales dicen relación con elementos socio-demográficos tales como el sexo, la edad, el nivel educacional, la ciudad y país de origen; el oficio, la profesión, entre otras. Los factores socioeconómicos, por su parte, se encuentran vinculados a la posición que adquieren las personas en la sociedad respecto de su nivel de acceso a riquezas/ingresos, como también al tipo y dinámica relacional familiar de procedencia, elementos que se entrecruzan con algunos indicadores sociodemográficos como nivel educacional y empleo al que puede acceder. En lo que respecta a lo cultural, la condición de vulnerabilidad se encontraría asociada a la devaluada existencia de recursos y habilidades personales para afrontar situaciones nuevas desafiantes, ligado también al manejo y conocimiento de información respecto de tejidos sociales particulares que favorezcan en los/as sujetos/as la capacidad de reflexión sobre sí mismos/as y por tanto el discernimiento valórico y la re significación permanente de las vivencias cotidianas (UNESCO, 1982).
Considerando dichas condicionantes es que investigaciones existentes sobre la materia indican que el grupo poblacional más afectado por el fenómeno de la trata de personas son las mujeres, argumentado dicha situación en los desequilibrios de género aún existentes en muchas sociedades, donde se mantiene la imagen y prototipo de éstas como grupo vulnerable, subordinado y disponible a diversos servicios (Rivas, 2013). En el plano socioeconómico, aún se observa la tendencia a la desigual distribución de los ingresos entre el hombre y la mujer respecto del desempeño laboral, pese a los procesos de liberación económica, flexibilidad laboral, mayor productividad e intercambio comercial en un contexto globalizador. Esta situación social se observa con mayor presencia en el contexto latinoamericano.
La trata de personas como manifestación de violencia de género
Partiendo del entendimiento y reconocimiento que todas las personas pueden ser “posibles candidatos, candidatas” a ser perjudicados/as por diferentes tipos de acciones o sucesos que dañen elementos u objetos de su propiedad, derechos e intereses personales y que, además, el grado de afectación que puede generar la concreción de dichos eventos dependerá del sujeto particular que se encuentre vivenciando el daño, como también del nivel de violencia asociado al acto experimentado; existen otras condicionantes necesarias de relevar y que no se pueden obviar en esta reflexión, relativa a visibilizar a las personas afectadas por la violencia en sus diferentes manifestaciones y los niveles de daño generados. Ejemplo concreto de ello lo constituyen los contextos estructurales y coyunturales que han propiciado la subordinación social histórica de la mujer y que han marcado la tendencia a que este grupo poblacional se transforme, con mayor frecuencia, en el destinatario regular de la violencia, a partir de la normalización de prácticas sociales y culturales diferenciadas entre hombres y mujeres, en las que se legitiman y justifican conductas y comportamientos arbitrarios como formas habituales de relación entre los géneros, al interior de un contexto en el que también “la violencia, entonces, es inseparable de la noción de género porque se basa y ejerce en y por la diferencia social y subjetiva entre los sexos” (Velázquez, 2006).
En este sentido hablar de violencia de género, de manera vinculada a las prácticas y comportamientos sociales habituales, permite visibilizar y describir todos aquellos actos a través de los cuales se discrimina, somete o subordina a un otro en diferentes aspectos de su existencia y que en el caso de las mujeres, se han constituido en violaciones recurrentes a sus derechos humanos, expresados en ataques materiales o simbólicos contra su libertad, seguridad, dignidad, intimidad e integridad moral y/o física.
El plantear la violencia de género como una vulneración de derechos humanos que se manifiesta a través de ataques materiales y simbólicos, permite reflexionar y visualizar en perspectiva cómo el daño ocasionado, que si bien se extrapola en primera instancia a las relaciones establecidas entre hombres y mujeres, trasciende estas para dar cuenta de las vinculaciones asimétricas entre personas inclusive del mismo sexo, como por ejemplo jefe/a-empleado/a, docente-alumno/a, adulto/a-niño/a, entre otros, constituyéndose en violencias cotidianas y habituales presentes en los ámbitos o espacios en los cuales las personas se mueven a diario y cuyos efectos se expresan en sufrimientos físicos y psicológicos.
Una de las manifestaciones extremas y actuales de violencia de género la constituye la trata de personas, en cuanto expresión fehaciente de ataque material y simbólico contra los derechos fundamentales de mujeres y niñas prioritariamente, tales como respeto por sus libertades individuales, seguridad básica, desarrollo y autonomía progresiva; acceso a oportunidades reales mediadas por garantías básicas (alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, entre otros). Como fenómeno social, genera en lo inmediato terror e indefensión ante la eminente exposición al peligro contra su integridad física y psicológica, además de impacto o trauma emocional que incapacita a las mujeres afectadas para enfrentarlo con sus recursos psicológicos habituales.
Al respecto, resulta necesario señalar que cualquier trauma supone un quiebre en el sentimiento de seguridad básico de una persona y de rebote, también con el entorno significativo próximo. En el caso de las mujeres afectadas por la trata, cualquiera sea su manifestación, el impacto o trauma asociado a la violencia experimentada viene dado primeramente con la toma de conciencia o con el darse cuenta de la situación de engaño de la que fueron víctimas, unido al sentido de responsabilidad/culpa por haber confiado en una propuesta engañosa.
La experiencia traumática también genera otro sinnúmero de síntomas que conectan a las mujeres con las situaciones de violencia vividas (trastornos adaptativos, afectivo/ansiosos, estrés post-traumático, entre otros). Se transita a nivel psicológico y emocional por sensaciones de indefensión, desconfianza, desarraigo y quiebre vital, manteniéndose latente y permanente en sus vivencias la realidad experimentada, que la mayoría de las veces no es verbalizada, estableciéndose una forma cotidiana y rutinaria de funcionamiento que cuestiona momento a momento lo sucedido (Echeburúa y Corral, 1995).
Desde ahí, resulta fundamental generar espacios de conocimiento que permitan visibilizar las habilidades que tiene cada mujer para hacer frente al estrés que provoca un hecho vital traumático (Echeburúa, Corral y Amor, s/f), las que dependen de diversos factores como el nivel intelectual, el grado de autoestima, nivel cognitivo, disposición personal (optimismo-pesimismo), el tipo de experiencias vividas previamente y el apoyo socio familiar (Echeburúa, 2004).
Trata de personas en el contexto nacional: estado del arte a nivel legislativo e investigativo
En sus orígenes, el Estado chileno enmarca su accionar relativo a la trata de personas respondiendo al imperativo existente desde instancias internacionales preocupadas por la materia. Es así como en diciembre de 2004, Chile ratifica el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños/as, conocido como Protocolo de Palermo, contando con un año de diferencia respecto de la entrada en vigencia de este ordenamiento internacional ( 25 de diciembre de 2003).
Al momento de ratificar dicho Protocolo, nuestro país asume el compromiso de cumplir con todas las disposiciones que de él emanan, entre las cuales se incluye la obligación de actuar con la premura necesaria para prevenir la presencia de este fenómeno social en el contexto nacional, además de investigar y procesar a quienes cometan dicho delito, sin olvidar el resguardo, asistencia y entrega de apoyo a las personas víctimas vulneradas en sus derechos.
Es en este contexto que se adoptan medidas legislativas como la establecida el 08 de abril de 2011 mediante la Ley 20.507, que realiza modificaciones al Código Penal tipificando como delito la facilitación y promoción de la entrada ilegal de extranjeros a la nación, como también el ingreso al territorio con el propósito de favorecer el comercio sexual en condiciones de explotación, además del tráfico de órganos. Esta norma jurídica se constituye en un avance respecto de las obligaciones contraídas por el Estado, en la medida que sanciona a todas las personas que tengan la intención de organizarse o asociarse con el objeto de cometer estos delitos. No obstante, presenta insuficiencias en su diseño e implementación.
Respecto del diseño, es necesario reconocer que si bien existe un avance por visibilizar a nivel nacional una temática de vulneración de derechos humanos, se está en presencia de una Ley que carece de un enfoque integral que incorpore, además de la sanción, medidas eficaces en torno a la prevención, protección y asistencia a las personas víctimas; respondiendo de esta manera a elementos ligados más bien a una visión centrada en la seguridad pública, más que a una apuesta por garantizar la reparación del daño ocasionado a las personas afectadas.
En relación a la implementación, la Ley 20.507 no cuenta con recursos presupuestarios asociados al desarrollo de las diversas tareas o acciones vinculadas con la persecución del delito, la prevención de su ocurrencia, la asistencia y protección a las personas víctimas vulneradas en sus derechos, situación que implica, en términos concretos, seguir tensionando los mismos recursos públicos destinados a la política social, para asumir e incorporar una nueva temática ante la cual existe escaso conocimiento y sensibilidad, inclusive por parte de los mismos funcionarios encargados de ejecutar la política pública.
Paralelamente al curso legislativo que ha seguido el tratamiento del fenómeno social a nivel nacional, se han llevado a cabo incipientes estudios respecto de la trata de personas, los cuales favorecieron en su momento la sensibilización de las autoridades encargadas de legislar en el país respecto de la temática. Los estudios realizados a la fecha han convocado a instituciones internacionales interesadas en la temática, como la Organización Internacional de Migraciones OIM, como también ligadas al ámbito de la investigación del delito, exponente de ello la Policía de Investigaciones de Chile PDI y otras vinculadas a la sociedad civil, instancias que se han visto interpeladas desde el desafío del trabajo y atención directa a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, como lo sucedido con la Corporación para el desarrollo ONG Raíces, en relación a los niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas del delito.
La OIM es la organización con mayor trayectoria a nivel internacional respecto de las investigaciones desarrolladas en el tema. Durante los meses de marzo a diciembre de 2006, realizan su primer estudio exploratorio con fines diagnósticos respecto de la Trata de personas con fines de explotación sexual, considerando la realidad de mujeres y niñas en tres países latinoamericanos: Argentina, Uruguay y Chile.
En el caso de la realidad chilena, la investigación se focalizó en las ciudades de Santiago, Arica e Iquique, Antofagasta y Calama, Viña del Mar y Valparaíso, Coyhaique, Puerto Aisén y Puerto Natales, obteniendo resultados que muestran la identificación de nuestro país con una mayor cantidad de población en trata internacional y por tanto como nación primordialmente de destino respecto de la población de mujeres adultas. La investigación también aportó información respecto de la modalidad de reclutamiento de las mujeres, determinando la utilización del engaño por sobre el rapto o secuestro, mientras que en lo relativo a los medios para mantener la explotación y subordinación de las mismas se encontraban la amenaza, la retención de los documentos y el encierro.
Respecto de la forma de ingreso de la población tratada al país, el estudio indicó en la generalidad de los casos la entrada por vía terrestre y con visa de turista, retornando a sus países de origen antes del vencimiento de las mismas, para posteriormente reingresar nuevamente al territorio nacional en la misma condición de ciudadano turista. Otro número considerable de mujeres lograron mantenerse en el país, sin regresar a los de origen, obteniendo visas sujetas a contrato al acreditar encontrarse vinculados a empleos como meseras en lugares de comida.
El año 2007, específicamente en el mes de mayo, la Policía de Investigaciones de Chile publica de su autoría un texto relativo a la trata de personas, caracterizado por la presentación de elementos teóricos que permiten identificar el fenómeno y comprenderlo. Entrega además información respecto de estadísticas en el mundo y en Chile.
Respecto de la situación del país, el texto entrega datos de casos detectados el año 2006:
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MEDIO DE RECLUTAMIENTO |
TIPO DE EXPLOTACIÓN |
NÚMERO DE MUJERES VULNERADAS |
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Engaño, ofrecimiento de trabajo como garzona, mediante avisos en periódicos |
Comercio sexual en la ciudad de Antofagasta |
11 mujeres argentinas |
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Engaño, ofrecimiento laboral mediante avisos en periódicos |
Comercio sexual en la ciudad de Iquique |
2 mujeres peruanas |
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Engaño, ofrecimiento laboral, captación directa |
Comercio sexual en el continente europeo |
13 mujeres chilenas |
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Engaño, oferta laboral en local nocturno, captación directa |
Explotación laboral en Puerto Aysén |
1 mujer colombiana |
Tabla N° 1. Casos de Trata de personas detectados durante el año 2006 en Estudio realizado por la Policía de Investigaciones de Chile, PDI.
De los datos relevados en la tabla, se indican 27 casos detectados, todas mujeres reclutadas bajo engaño por ofrecimientos laborales en el área de servicios, particularmente en la línea de atención al cliente. De la totalidad de los casos indicados, 13 mujeres accedieron a la oferta laboral a través de un medio de comunicación escrito (periódico) y 14 mujeres, fueron abordadas de manera directa. Sólo en una de los casos se identifica como fin la explotación laboral, mientras que en los otros 26 se favorece la explotación sexual.
Este estudio entrega información importante respecto de los países de origen de las mujeres víctimas de trata. Del total de 27 casos, 14 son traídas a Chile para ser sujetas de explotación sexual o laboral, constituyéndose en país de destino de la trata. No obstante, se indican 14 casos donde las víctimas directas son mujeres chilenas trasladadas al continente europeo y que por lo tanto refieren a nuestro país como de origen.
Cabe relevar además que en este estudio, si bien data del año 2007, los casos son pesquisados el año 2006, fecha en la que también se realiza la investigación de OIM, donde se revisa situación de tres países latinoamericanos: Argentina, Uruguay y Chile y se refiere a nuestro país, a diferencia de la presente investigación, sólo como lugar de destino de mujeres para ser explotadas en contexto de trata.
En noviembre de 2007 la OIM vuelve a realizar un nuevo estudio exploratorio-descriptivo, pero ahora en alianza con la Corporación para el desarrollo ONG Raíces, focalizando la mirada en la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual, en las regiones Primera, Quinta y Metropolitana.
Dicho estudio detectó 52 casos de trata en la población focalizada, de las cuales un 94% correspondieron a niñas, siendo las más afectadas por el delito, con un promedio de 16 años de edad. El estudio permitió además identificar los factores de riesgo asociados a la presencia de trata de personas, relevando como condiciones principales la pobreza, las situaciones de abandono, la desvinculación de las figuras parentales y la desprotección desde el sistema social.
El año 2008 la OIM vuelve a realizar un estudio descriptivo respecto de la trata de personas, pero esta vez focalizado solamente en Chile. La metodología de dicho estudio estuvo centrada en obtener información cualitativa y cuantitativa respecto del fenómeno, utilizando para ello técnicas de recolección como la observación directa y fuentes secundarias.
A nivel de dato duro, el estudio detectó 147 personas vulneradas por la trata, de las cuales el 59,86% correspondieron a mujeres de nacionalidades diversas (chinas, paraguayas, chilenas y peruanas) todas mayores de edad. En lo que respecta al tipo de explotación pesquisada, este correspondió en su mayoría a la sexual y los medios de captación más utilizados fueron las ofertas de empleo publicadas en la prensa y el contacto directo con el captador en sus países de origen. Otra información que se obtuvo en dicho estudio fue identificar la región de Valparaíso como la de mayor concentración de personas vulneradas por la trata, seguida por la Metropolitana, la de Magallanes y la Antártica Chilena.
Desde el Estado Chileno existe una deuda pendiente en este ámbito, relativo a la inexistencia de estudios e investigaciones como las propiciadas por organismos internacionales y desde la sociedad civil hasta el año 2008. Dicha situación incide directamente en el levantamiento de diagnósticos relativos a la configuración del fenómeno en nuestro país, como también en lo referente al seguimiento de acciones desarrolladas en distintas esferas como las judiciales, respecto de los resultados obtenidos en los juicios desarrollados a la fecha, teniendo como marco regulatorio la actual ley. Lo anterior podría encontrar explicación en la ausencia de recursos propios para la implementación de la ley de trata chilena, como también a la escasa prioridad o relevancia brindada a la temática dentro de la agenda política de las administraciones de gobierno respectivas. Se pueden sumar además a esta reflexión los antecedentes aportados en el artículo respecto de los orígenes de la instalación y abordaje del fenómeno a nivel nacional, que pasan más bien por responder al imperativo del contexto internacional, más que por una prioridad genuina.
Desde otro ámbito de la esfera nacional vinculada a lo académico, existen iniciativas de aproximación al fenómeno desde diferentes perspectivas a partir de tesis de pregrado y postgrado. No obstante, se requieren investigadores con dedicación a esta línea de trabajo y recursos asociados que permitan profundizar en elementos de campo para dar cuenta de la complejidad del fenómeno y dentro de ellas las condiciones de vulnerabilidad presentes en las personas afectadas por el delito, previas a la consecución de la explotación, como las propias vinculadas al daño originado el haber sido víctima de trata de personas en el contexto nacional. Dichos estudios e investigaciones deberían incluir, además, la consideración de la variable género de manera transversal a los mismos, bajo el entendimiento de que se está frente a otra forma de vulneración grave a los derechos humanos de las personas, que afecta en un porcentaje considerable a mujeres y niñas, de acuerdo a la información aportada por los estudios previos realizados hasta el año 2008.
Discusión y conclusiones
La trata de personas puede ser entendida como una manifestación más del fenómeno violencia de género en la medida que se observan en la constitución de la acción de captar, seducir, engañar, el ejercicio de la fuerza o la amenaza, la intención de usar y utilizar a personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad y desigualdad, sostenidas en el tiempo por las diferencias estructurales, culturales, psicológicas y sociales.
Las diferencias estructurales de las personas determinadas por su sexo, junto a las vivencias subjetivas y sociales propias de la construcción social de pertenencia a un género particular, femenino o masculino, configuran relaciones de poder desiguales, sostenidas y reforzadas culturalmente en lo cotidiano, naturalizándose día tras día las vulneraciones de derechos hacia las mujeres en los espacios laborales, económicos, sanitarios, educativos, sociales, domésticos y afectivos.
La violencia de género, en su concreción en la trata de personas, encuentra un nicho fecundo para socavar aún más la construcción de lo femenino, poniendo a disposición de este nuevo mundo globalizado el cuerpo de la mujer al servicio de la explotación sexual o laboral, pero ahora sin distinción de raza, color de piel o nacionalidad, más bien mediada por otras condiciones de vulnerabilidad y daño existentes en grupos determinados de personas, que dados los modelos de desarrollo implementados por sus naciones son expulsadas o forzadas a emigrar en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, que mientras tanto permanecen en sus países de origen, a la espera de la ayuda económica tan requerida •
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- Magister en Ciencias de la Familia Universidad BOLIVARIANA Licenciada en Trabajo Social UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA. Se ha desempeñado como Directora de proyectos sociales vinculados a la implementación de Políticas Sociales de Infancia, Mujer y además como profesional de atención directa en temáticas de Salud Mental y Adicciones. En la actualidad cumple labores en la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ONG RAICES, además de ejercer la Docencia como profesora guía de Tesis en la Escuela de Trabajo Social de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA y relatora en el Diploma Mediación Familiar y en Salud, dictado por la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y POSTITULOS DIRECAP y el CENTRO FAMILIA Y COMUNIDAD CEFACOM de la misma Casa de Estudios.