RESUMEN
El presente artículo de reflexión recorre la gestación de la Promoción Popular como principal política social del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) hacia los sectores urbano-populares, analizando su génesis política e intelectual, así como su proceso de planificación y gestión, desde la perspectiva de la historia social. Enmarcado en un contexto histórico donde emergían en la escena sociopolítica nuevos actores, especialmente el movimiento de pobladoras y pobladores, este escrito aborda los intentos de las Ciencias Sociales por generar una mirada comprensiva de ese fenómeno, profundizando en la Teoría de la Marginalidad de Roger Vekemans. Se describe y analiza, además, su adopción por el gobierno de Frei, su implementación como política pública y las transformaciones que experimentó en su desarrollo, caracterizadas por el choque entre la concepción corporatista integradora de Vekemans y la concepción clasista liberadora de Paulo Freire.
ABSTRACT
This article covers the growth of Popular Promotion as the central social policy of Frei Montalva’s government towards the popular urban sectors, analyzing its political and intellectual genesis, as well as its planning and management process from the perspective of social history. Framed in a historical context, where new actors emerged in the socio-political scene, especially the movement of pobladoras and pobladores, this writing addresses the attempts of the social sciences to generate a comprehensive view of this phenomenon, delving into Roger Vekemans’ Marginality Theory. This text also describes and analyzes the adoption of Popular Promotion by Frei’s government, its implementation as public policy and the changes during its development, characterized by the clash between the integrative corporatist conception of Vekemans and the liberating class conception of Paulo Freire.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo de reflexión tiene por objetivo describir y analizar la propuesta teórica elaborada por el jesuita Roger Vekemans –la teoría de la marginalidad– que buscó comprender el surgimiento y el rol sociopolítico de los sectores urbano-populares que transformaron la fisonomía de las grandes ciudades latinoamericanas de forma sostenida desde la década de 1930 hasta los años cincuenta, a través de la migración campo-ciudad. Para ello reconstruimos la llegada del sacerdote belga a nuestro país y el proceso que dio origen al Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (Desal), institución desde la que se fraguó y difundió por Chile y el continente esta propuesta teórica/práctica. Luego, analizamos las principales obras de Vekemans para describir y explicar los pilares de la propuesta, la que definimos como una tesis corporatista integradora que, sustentada en elementos del humanismo cristiano, buscó ofrecer una lectura alternativa al enfoque marxista.
Finalmente, analizamos la forma en que esta doctrina fue recepcionada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva e implementada como política pública bajo el rótulo de Promoción Popular, analizando el devenir de su desarrollo. Nuestro análisis sostiene como hipótesis principal que se produjo un viraje en el desarrollo de esta política desde una concepción corporatista integradora, planteada por Vekemans, hacia una concepción clasista liberadora, sobre la base de los planteamientos del pedagogo brasileño Paulo Freire, quien arribó al país a inicios del gobierno democratacristiano.
Para entender la necesidad de esta nueva reflexión en torno a la propuesta de Vekemans, es importante revisitar el contexto intelectual de nuestro continente desde los años sesenta en adelante. Una revisión de los debates de las Ciencias Sociales latinoamericanas durante esta etapa nos presenta un escenario dinámico y altamente productivo, destacando los estudios que analizaron el fenómeno de crecimiento urbano de las ciudades latinoamericanas y la consiguiente aparición de un nuevo fenómeno histórico: la “marginalidad” (Garcés, 2016, pp. 162-172). Dichos esfuerzos intelectuales fueron reactivos, en tanto eran las acciones de estos sectores marginales las que precisamente aceitaban los engranajes de una maquinaria teórica que intentaba hacer inteligible un fenómeno de proporciones en rápido crecimiento –y hasta ese momento– mínimamente estudiado: el proceso de ocupación del suelo urbano que ocurría en las grandes urbes del continente liderado por estos sectores de pobres urbanos (Garcés, 2002, p. 240).
En ese sentido, desde el bautismo público del movimiento de pobladores en Chile con la toma de terrenos que dio origen a la población La Victoria en 1957, en la zona suroeste de Santiago, eclosionó un intenso debate académico que, como característica propia de la época, se volcó directamente y de forma rápida en políticas públicas, gracias a los vasos comunicantes existentes entre los centros productores de teoría y los partidos políticos, sumado a la necesidad de estos por planificar macropolíticas –con sentido mesiánico o vanguardista–, que propiciaran reformas estructurales para superar el estancamiento del modelo de desarrollo al iniciar la década de 1950 (Corvalán, 2002). Así, en esta etapa surgieron y se consolidaron diversos tanques pensantes (think tanks) –intra-partidos o como asesores externos– que sirvieron como generadores de políticas públicas y de sus fundamentos filosóficos y políticos, tanto en el gobierno de la Democracia Cristiana (DC) como en la futura Unidad Popular (UP)1.
Sostenemos en este escrito, a manera de hipótesis secundaria, que esta explosión teórica en torno a los pobres urbanos no se refirió a un fenómeno inédito, en tanto el actor poblacional como parte del mundo popular poseía una dilatada presencia desde los orígenes mismos de la ciudad. Por lo tanto, las teorías que surgieron –en particular la Teoría de la Marginalidad, eje de este trabajo– adolecieron de una miopía al catalogar a los sectores urbano-populares como una novedad histórica, sin comprender que no asistían a su nacimiento como sujeto histórico, sino a su maduración, donde lo que se modificaba y amplificaba eran sus repertorios de acción, en medio de marcos generales donde las sociedades latinoamericanas buscaban iniciar o profundizar proyectos de modernización capitalista.
SOBRE LOS PUENTES ENTRE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA POLÍTICA
Para entender y valorar el surgimiento y evolución de la Teoría de la Marginalidad es importante recalcar que, en el contexto de su surgimiento, las propuestas de desarrollo se construyeron en la confianza de poseer un respaldo científico. El criterio dominante en las Ciencias Sociales y la política indicaba que ningún Estado tercermundista en su aventura modernizadora podría prescindir de la ciencia y de asumir un papel planificador de dicha modernización cientificista. Es así como conceptos como el de desarrollo y progreso, aparecieron íntimamente ligados con los de planificación e integración (c. f. Donoso, 2018, pp. 43-59).
Para el caso chileno, el Estado Benefactor de carácter nacional-desarrollista que se constituyó desde 1938, evidenciaba en los años cincuenta una clara crisis en su trayectoria económica producto de la estagnación del modelo sustitutivo de importaciones (ISI), lo que evidenció la necesidad de introducir reformas radicales al modelo de desarrollo hacia dentro. En ese escenario surgirá en Chile la Democracia Cristiana (DC), nuevo centro político que rápidamente se integrará a este debate ofreciendo caminos de solución y reforma que se apoyaban, por un lado, en la tradición filosófica del humanismo cristiano y, por otro lado, en las propuestas de política económica planteadas por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y por un influyente Jorge Ahumada –sobre todo a partir de su reconocida obra En vez de la miseria (1958)–. En ese escenario de lecturas de centro-izquierda (no marxistas), la Teoría de la Marginalidad vino a ser un complemento sociológico ideal para configurar una propuesta de activación del proceso de modernización económica y social, gracias a su lógica integradora de los sectores populares al proyecto desarrollista.
Así, la particularidad del período histórico que se abre tras la fundación de la DC –hasta fines de los años sesenta– estuvo en dos hechos concomitantes. En primer lugar, la emergencia de nuevos repertorios de acción por parte de los sectores urbano-populares que llegaban a las grandes ciudades tras la migración campo-ciudad (donde destacaba la ocupación de terrenos y el ensayo de formas de autogobierno local) y, en segundo lugar, en procesos estatales de modernización que, estancados, ideaban su nuevo take off. En ese contexto, esta dinámica dual instaló en las Ciencias Sociales el desafío de pensar a fondo la naturaleza de este sujeto histórico –los sectores urbano-populares–, mientras que en la clase política civil, compelió la búsqueda de una fórmula de regulación institucional de la participación sociopolítica de este sujeto.
Fue en ese tránsito histórico que Vekemans propondría el concepto de marginalidad en el debate público, categoría que le permitió a la DC otorgarle un papel a estos sectores dentro de la gran obra corporativista que planificaba el programa del futuro gobierno freísta.
EL FENÓMENO VEKEMANS
“Es una locura o una inconsistencia criminal o un infantilismo revolucionario pretender instalar un orden justo sin investigación, ni planificación, ni desarrollo, sin doctrina, ciencia y técnica y sin las instituciones que permitan usar estos medios para la gran causa de la salvación de América Latina”
(Ramón Venegas, 1963, p. 632)2.
La década de 1960 fue prolífica en la producción de centros académicos privados, la mayoría bajo el alero “[…] de la cultura católica y varios de ellos ligados a la corriente democratacristiana” (Brunner, 1985, p. 3). Dentro de ese influjo, la Compañía de Jesús fue la más descollante con sus centros de “primera generación” –como señala Brunner–: el Centro Latinoamericano de Población y Familia (Celap) y el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (Desal). Ambas iniciativas creadas por el mismo hombre: el sacerdote belga Roger Vekemans.
Roger Vekemans Van Cauwelaert, nacido en Bruselas en 1921, llega a Chile en febrero de 1957 traído por la Compañía de Jesús. Su perfil –políglota, con estudios en Teología, Filosofía y Sociología–, fue atractivo para la Compañía que buscaba darle continuidad al trabajo de difusión del cristianismo social que había encabezado Alberto Hurtado SJ hasta su fallecimiento en 1952. Además, al ser hijo de un comerciante ateo y marxista, tenía el plus de conocer desde muy temprano al enemigo que debía enfrentar. Así, Vekemans tenía, ni más ni menos, que ser el líder de la “Misión Santiago” –tal como la definió el General de la Compañía de Jesús J.B. Janssens SJ, quien ordenó a Vekemans su traslado a Chile–, un “gran servicio” para salir en ayuda de un país donde “la situación social es fuertemente precaria y la penuria de los hombres formados para la Acción Social es extrema” (Beigel, 2011, p. 78).
Una vez arribado a Chile y antes de la fundación de Desal, Vekemans funda, junto con los jesuitas Ignacio Grez y Renato Poblete, el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), “un espacio que debía consolidar intelectualmente las tendencias renovadoras dentro de la diócesis y formar un equipo de expertos para formular diagnósticos y elaborar proyectos sociales” (Beigel, 2011, p. 79). Una vez consolidado el CIAS, agrupa esta iniciativa en un organismo mayor, fundando en 1959 en Centro Bellarmino, que quedaría a cargo de este centro y de la edición de la revista Mensaje, principal órgano de difusión de la Compañía y que fue fundado por Hurtado en 1951. Como si ello fuera poco, ese mismo año (1959) da el puntapié inicial a la Escuela de Sociología de la Universidad Católica de Chile, siendo su primer director hasta 1964 (Magasich, 2017, p. 36).
Figura polémica, el autor intelectual de la principal política pública democratacristiana no restringió su campo de acción únicamente al debate académico sobre los pobres urbanos, sino que también se enfrascó en extensas polémicas con la izquierda política, en su reconocido afán por liberar al país del marxismo. De igual forma, se le considera un personaje clave en la transferencia de fondos externos que financiaron la campaña de Eduardo Frei (Forni, 1985, p. 14). Según las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile –entre 1967 y 1971– Edward Kerry, Vekemans mantuvo contactos para conseguir recursos con los democratacristianos italianos, con el rey Balduino de Bélgica, con el embajador estadounidense Ralph Dungan y con la CIA (Magasich, 2017, p. 36).
Sin embargo, más allá de sus aspectos controversiales, Vekemans elaboró una significativa obra –aunque no extensa–, que logró constituir una propuesta alternativa de desarrollo para todo el subcontinente. En palabras de Forni (1985, pp.14-15), una verdadera teología de la modernización, que trazaba una clara estrategia de desarrollo para Latinoamérica por integración a las naciones desarrolladas capitalistas del hemisferio norte.
HACIA UNA DEFINICIÓN DE LA MARGINALIDAD
A partir de la creación del Centro Bellarmino, Vekemans planificó la creación de un nuevo centro de producción intelectual desde las Ciencias Sociales. Así, en 1960 consigue recursos desde la agencia de cooperación para el desarrollo de la Iglesia Católica alemana Misereor, y funda Desal, quedando Vekemans al frente de uno de los dos departamentos de trabajo del centro, específicamente del Departamento de Elaboración de Modelos, mientras que Ramón Venegas dirigiría el Departamento de Promoción y Desarrollo.
Desal se trasformará en el principal centro desde el cual se difunde por Chile y la región la Teoría de la Marginalidad. Esta teoría, en sintonía con otras lecturas de la época como los diagnósticos elaborados por la Cepal y la Teoría de la Dependencia, parten de la base del análisis de la relación de dependencia en que se encuentra la economía latinoamericana en el sistema económico mundial, constituyendo nuestra región la periferia en relación con el centro constituido por las naciones industrializadas, en correspondencia con la etapa de desarrollo hacia afuera, caracterizada por el esquema de la división internacional del trabajo (Vekemans y Silva, 1970, p. 16).
Asumiendo esta condición periférica es que se hacía comprensible el avance a una fase de industrialización que revirtiera el proceso segregador, fomentando un desarrollo hacia adentro que permitiera a los países latinoamericanos, según Vekemans y Silva, “superar una debilidad congénita, captando una parte del fruto del progreso técnico y elevando progresivamente el nivel de vida de las masas” (1970, p. 17).
Este proceso, que implicó fortalecer al Estado en el plano económico, a través de darle protagonismo en la planificación, gestión y regulación de los intentos industrializadores –el modelo ISI–, trajo una serie de consecuencias sociales y urbanas, siendo la más característica el progresivo aumento de la migración campo-ciudad con la consiguiente explosión urbana desregulada. Este fenómeno, que es el que nos interesa analizar, fue el fermento sobre el que se construyó la Teoría de la Marginalidad de Desal.
En palabras simples, la marginalidad define la particular condición latinoamericana de subdesarrollo, que aleja a la región del modelo de sociedad moderna, manifestando profundo desequilibrios en la distribución de recursos, la ausencia de estructuras de participación, falta de dinamismo y movilidad interna en el cuerpo social lo que, en el fondo, lleva a diversos grados de desintegración de dicho cuerpo.
En el entendido de que esta teoría se inscribe dentro de la tradición de lecturas corporatistas de la sociedad, su lectura se centrará en el binomio marginalidad-integración, buscando las causas del primer fenómeno y ofreciendo pautas de acción para el segundo.
Por ello, destaca en esta teoría una lectura de la marginalidad entendida como un clivaje entre un grupo separado del cuerpo social y un Estado normativo de la sociedad no preparado para integrarlos, donde se daría una falta de pertenencia al conjunto del cuerpo social por parte de los sectores marginados acrecentado por la falta de receptividad por parte de los grupos que sí están integrados al cuerpo social (Acosta y Vilas, 1968, pp. 1-2). En ese sentido, la marginalidad definiría a aquellos “grupos sociales que, no obstante ser miembros de una sociedad de un país, se encuentran al borde de la incorporación objetiva, no llegando a penetrar en la intimidad de sus estructuras” (Vekemans, 1970, p. 52).
Esta imposibilidad de “penetrar en la intimidad de sus estructuras” se manifestaría, por ejemplo, en la escasa participación de los sectores marginales en responsabilidades o tareas que son emprendidas para solucionar los problemas sociales que los aquejan. Así, los sectores marginales se encontrarían desprovistos de organizaciones que los vinculen con la sociedad y les den representatividad frente a las instituciones de la sociedad establecida y, en el caso de contar con dichas organizaciones, estas eran efímeras o propensas a la instrumentalización política (Vekemans y Silva, 1970, pp. 69-71).
Frente a ello, para Vekemans y su Teoría de la Marginalidad, cualquier posibilidad de idear una dinámica que permitiera revertir esta condición implicaba asumir, tanto internamente –desde los marginales– como externamente –desde la política nacional–, a las dos condiciones básicas de aceptación y de acción.
Por una parte, aceptar la radicalidad del problema interno; es decir, la incapacidad de los sectores marginales para superar por sí mismos esta situación, lo que implica la intervención externa que los ayude. En palabras de Vekemans y Silva, comprometer a sectores externos a los grupos marginales para llevarlos a un estado de integración en tanto “como se ha visto, no son capaces de progresar por sí solos” (1970, p. 73).
Y, por otra parte, pensar el actuar desde la condición básica del principio de subsidiariedad, lo que suponía, como se dijo, asumir que se requería de agentes externos para conducir la integración –en particular, el Estado– pero que este debía reconocer y respetar la iniciativa y orientación de las expresiones organizativas del pueblo, colaborar con ellas, y solo cuando esas organizaciones son impotentes para solucionar los problemas con que se enfrentan, o cuando su acción no se condice plenamente con la prioridad del bien común, el Estado debe proceder a una acción directa (Acosta y Vilas, 1968, p. 2). De no ser así –planteaba Vekemans y Venegas (1966, p. 79)– “se incurriría en la contradicción radical de un paternalismo que, en vez de emancipar, serviliza, o peor aún, en el autoritarismo estatal que en vez de levantar, aplasta, enajena”.
La propuesta vekemansniana causó gran atractivo debido a dos características. La primera fue la lectura que identificaba a un actor social como nuevo sujeto, buscando desmarcarlo de su posible incorporación a las categorías usadas por la izquierda para denominar a los sectores urbano-populares (en particular, al concepto de clase), introduciendo la categoría de miseria como ente diferenciador. Como señala Espinoza (1986, p. 331):
[…] esta dimensión en el análisis de la miseria permitía a los autores diferenciar a este sector de la “clase baja” o de otras conceptualizaciones de la pobreza. La novedad de esta formulación residía precisamente en ese intento de construir teóricamente a un sector social, al cual se intentaba diferenciar de otros grupos sociales. En particular, es notable el intento de proponer tal planteamiento como alternativa a la conceptualización marxista de las clases sociales.
Lo segundo fue establecer un paradigma comprensivo del fenómeno que facilitaba y legitimaba las concepciones políticas afines a su autor, así como, a las tendencias corporativas y funcionalistas en auge en las Ciencias Sociales de la época.
Del mismo modo, la aplicación de la noción de marginalidad para fenómenos similares fuera de Chile realzó su potencial altura teórica, en tanto la lectura era común al intentar explicar el surgimiento de las barriadas del Perú, las favelas brasileñas, las villas miserias argentinas, los jacales mexicanos, los ranchos venezolanos, los cantegriles uruguayos (Garcés, 2002, p. 264).
Así se pretendió distanciar a los pobres urbanos del resto de los sectores populares, fundamentando su novedad histórica y delimitando sus cualidades específicas. Desal no solo patentó al nuevo sujeto como marginal, sino que introdujo en esa terminología a todos los pobres urbanos, bajo una caracterización que incluía:
- Aspectos socioeconómicos: aquel que habitando la periferia de la ciudad, sin ser propietario, vivía en precariedad, condiciones que influían en su vida familiar y sus costumbres, dando lugar a diversas alteraciones morales y psicológicas. Eso sin contar su precariedad en el trabajo y los bajos salarios, debido al escaso desarrollo industrial.
- Aspectos socioculturales: bajo nivel cultural expresado en el analfabetismo, baja escolaridad y escaso acceso a medios de comunicación (excepto radio).
- Aspectos sociogremiales: con sus propias organizaciones como comités y juntas de vecinos pero sin horizonte más allá de ellos (Garcés, 2002, p. 265).
No obstante, como señalábamos, el trasfondo de esta definición se encontraba en su proyección ideológica corporatista hacia los sectores urbano-populares. Ella abría una sugerente posibilidad de integración basada en una política dirigida de organización, funcional a los intereses democratacristianos, quienes al no obtener igual resonancia entre los sectores obreros (al menos no mayoritariamente), intensificaron su búsqueda de actores secundarios a la clientela izquierdista: el campesinado y los mentados marginales.
En ese plano, es importante recordar que Vekemans fue traído a nuestro país con el objetivo evidente de cerrar el paso al marxismo, elaborando teorías alternativas que permitieran entender la realidad latinoamericana desde un enfoque humanista cristiano y que ofrecieran cauces de acción que frenaran el avance concreto de los partidos de izquierda en el seno de los sectores urbano-populares. Eso explicaría el especial énfasis de Vekemans de desmontar la idea de la existencia de las clases sociales y, desde una mirada corporativa proponer una estrategia de conciliación de clases. Por ello, no dudará en catalogar de “artificial” la lucha de clases y de criticar los procesos de construcción de conciencia de clase como un problema “psicofuncional” (Vekemans, 1966).
Como señalan Vekemans y Venegas (1966), las expresiones de violencia política popular no serían reflejo de determinado grado de desarrollo de la conciencia política popular vinculada con el ejercicio de determinado repertorio de acción sino una especie de disfunción psicosocial que se genera en la conciencia de los sectores marginales cuando se procesa la experiencia del hambre. Así: “Lo que era pobreza inconsciente se ha convertido en consciente miseria, y la experiencia del hambre va dando lugar al sentimiento del fracaso. Se implantan así los gérmenes de la violencia” (Vekemans y Venegas, 1966, p. 218).
La estrategia de Vekemans fue la de concebir así a un nuevo sujeto histórico, creciente en número y desconocido en su trayectoria, y alejarlo de la posibilidad de integrarlo dentro de la concepción de clase que la izquierda manejaba la que, por su centralidad en la clase obrera industrial, no lograba ponderar el peso de estos sectores, subordinándolos a un papel secundario por concebirse desde una contradicción secundaria (la del hábitat, no la del capital/trabajo). Así, para Vekemans, los sectores marginales no solo no pertenecerían a ninguna configuración de clase, sino que estarían en el filo mismo del ser:
Puede decirse que no están social y económicamente integrados a una sociedad, a un sistema de clases, ya que no pertenecen al sistema económico. Están, en el límite matemático, ‘sin ser’, pues no se encuentran en el campo que los expulsa, ni en la ciudad, que no los acoge: no pertenecen al sector primario, ni al secundario, no son nadie, no hacen más que estar, poblar un pequeño pedazo de tierra, que es tierra de nadie (Vekemans, 1970, p. 54).
Con todo, la teoría vekemansniana terminó por configurar un otro distinto, desconocido y, por sobre todo, impotente. Como señalaran Vekemans y Venegas, el marginal sería “otro hombre, con valores y actitudes distintas, con aspiraciones sí, pero operando sobre la base de mecanismos completamente ineficaces para concretizarlas; es un hombre disminuido, no por cierto en lo tocante a sus valores morales, a menudo heroicos, sino en lo que concierne a su iniciativa y capacidad de actuar individual y solidariamente” (Vekemans y Venegas, 1966, p. 255).
En consecuencia, había llegado la hora de dar una solución a una marginalidad que había nacido como subproducto del desarrollo de los grupos efectivamente integrados, y que demostraba un creciente deseo por formar parte de las bondades de una sociedad que no había sido ideada para ellos: “Las masas marginales están por primera vez frente a las vitrinas de la modernidad, pero sin acceso a ella” (Vekemans, 1970, pp. 72-73).
Para dicha integración, el sacerdote belga propuso el desarrollo de una política de Promoción Popular. Este plan de acción se basó en desarrollar los dos tipos de participación que se les habría negado a los sectores marginales:
- Participación pasiva o receptiva: “La primera forma de marginalidad –la más corriente y visible– se refiere al sentido pasivo de la participación; en el sentido de no participar de la finalidad, de las normas, de los valores, de los medios ni de la división del trabajo en la base social” (Vekemans, 1970, p. 63). Lo que implicaba que los marginales no participaban siquiera en la calidad de beneficiarios de los planes y programas gubernamentales existentes para los más pobres.
- Participación activa o contributiva: “Este segundo aspecto de la falta de participación es el que más propiamente tipifica a la marginalidad, diferenciándola del resto de los sectores sociales. Los grupos marginales no contribuyen con sus decisiones y responsabilidad a la solución de sus propios problemas en particular, ni para la solución de los problemas sociales en general” (Vekemans, 1970, p. 64).
Por lo tanto, la llave de su integración estaba en un nuevo modelo de participación receptivo y contributivo donde, con un énfasis en el segundo punto, se lograría un trabajo mancomunado que podría constituirse en referente latinoamericano.
DE PROBLEMA POLÍTICO A POLÍTICO-PEDAGÓGICO: CONTEXTO DE UNA TRANSICIÓN
La trayectoria de la Teoría de la Marginalidad vivió un salto cualitativo tras la victoria presidencial de la DC. Esto porque las inspiraciones desalianas eran compartidas no solo por la Iglesia Católica y por intelectuales e instituciones vinculadas con ella, sino que también por importantes sectores de la Democracia Cristiana y por el equipo de personas más cercanas al presidente Frei. Por ello, no extrañó que el gobierno democratacristiano, orientado por personas vinculadas a Desal, incluyera los postulados de Vekemans en su programa de gobierno –en particular, la propuesta de Promoción Popular– y luego los implementaran una vez conseguido el triunfo electoral (Garcés, 2002, pp. 318-320). Sin embargo, dicha implementación sufrió de profundas transformaciones políticas que iremos detallando en este apartado.
A modo general, cabe señalar que si bien se ha considerado a la labor de Promoción Popular implementado por el gobierno de Frei como el experimento político-pedagógico de mayor envergadura del siglo XX –en clave estatal– (Fauré, 2011), este hubiese sido inviable de no existir un nexo previo entre los sectores urbano-populares y el partido democratacristiano. Este acercamiento ya era reconocible a fines de los años cincuenta, en paralelo al proceso de aggiornamento de la Iglesia Católica, con el que tenían como denominador común un discurso a favor de las reformas, el cambio de estructuras y el anticomunismo (Garcés, 2002, p. 291).
La estrategia inicial del gobierno para implementar este plan de acción consistió en generar una doble tarea institucional y de base, que, a su vez, permitía trazar un completo plan de integración social de los sectores marginales, desde una dimensión estructural y cultural.
En el plano cultural, planteó la necesidad de desplegar una pedagogía política que se construyó desde la experiencia acumulada por las asociaciones católicas en su proceso de acercamiento a los sectores urbano-populares desde inicios de siglo (Landsberger y Canitrot, 1967; Salazar, 2003), lo que sirvió de base para la conformación de la llamada Educación para la Participación que implementó el plan de Promoción Popular del gobierno. En esa línea, el trabajo de la llamada Misión General –viraje progresista de la Iglesia Católica chilena implementado desde 1963, donde se realizó una nueva acción pastoral en 22 pueblos rurales del país con énfasis en lo educativo (Garcés, 2002, p. 247)– proveyó elementos que poco más tarde se reconocieron como política del gobierno.
Lo anterior se explica porque la puesta en práctica de la Promoción Popular terminó difuminando los límites entre la educación formal y los nuevos planes promocionales, lo que se vio reforzado al diagnosticar que la educación de adultos era un terreno fértil para nutrir un plan nacional de formación comunitaria, con un discurso técnico e integrador, pero no por ello menos político. A fin de cuentas, trabajar en esta área implicaba poder ofrecer una vía de ingreso a la modernidad a un volumen de población adulta analfabeta que, solo en el gran Santiago, superaba el 27,8% de la población (Garcés, 2002, p. 244).
Así, en el ámbito de la educación formal, el gobierno se enfocó en encarar la crisis de crecimiento que vivía el sistema educativo chileno, desencadenada por la tensión entre la excesiva centralización del sistema y el alto incremento de la población educacional (Reyes, 2005). Para ello, gestionó la expansión de la educación primaria a partir de la Reforma de la enseñanza de 1965, que implicó una fuerte inversión pública aumentando el gasto público en educación de un 15% a un 20%, construyendo cerca de tres mil nuevos colegios y logrando, en 1970, que la educación primaria cubriera al 95% de los niños y niñas en edad escolar (Collier y Sater, 1998, p. 270).
En paralelo, en el ámbito de la educación no-formal, el gobierno de Frei planificó y gestionó un complejo plan de educación política, que buscaba paliar los déficits formales de educación, y sobretodo, cimentar una ruta sostenida de integración de los grupos marginales a la sociedad moderna y su cooptación política hacia la vertiente ideológica oficialista. Este compleja apuesta se proponía superar la fase de educación tradicional –que los teóricos de Desal denominaron educación fundamental– para generar una educación popular dirigida hacia la participación. Así lo explicaba Ramón Venegas (1963, p. 631) en revista Mensaje:
Se trata, por consiguiente, de proporcionar a las organizaciones de base Escuelas de Capacitación para los dirigentes y militantes de sus movimientos económicos, sociales, culturales, etc.; también es necesario instalar sistemas de educación fundamental y medios de comunicación de masas que permitan a gran parte de la población de América Latina, actualmente pasiva y abandonada, adquirir la cultura humana y cívica mínima necesaria para incorporarse en forma activa a las tareas del desarrollo.
Esta empresa educativa no-formal fue sin duda la política más interesante de la implementada por la Democracia Cristiana y será el centro de nuestro análisis.
LA CREACIÓN DE LA CONSEJERÍA NACIONAL DE PROMOCIÓN POPULAR Y EL DESPLIEGUE AGRARISTA DE LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
La Promoción Popular como eje central de la política social del gobierno de Frei Montalva, no debe entenderse como pieza separada, sino como engranaje conectado a una estrategia mayor de integración tutelada y de cooptación de los sectores urbano-populares. Desde el Estado se entregaban las directrices políticas centrales a partir de la acción educativa que, desde abajo, debían cristalizarse en una nueva institucionalidad funcional a los planes del régimen corporativo planteado por la DC. Por ello, no es casual que la discusión en torno a cómo materializar y legalizar el aparato que desplegaría tal empresa, se diera en paralelo a la discusión parlamentaria que dio origen a la Ley 16880 sobre Organizaciones Comunitarias y Juntas de Vecinos (aprobada finalmente en agosto de 1968).
En esa perspectiva, la comunidad debía agruparse en torno a fuerzas vivas (centros de madres, centros juveniles, clubes deportivos, centros culturales, etc.) que aseguraran la participación activa en las temáticas de interés inmediato, siendo agrupadas luego en microgobiernos locales, aglutinadores microestructurales de estas fuerzas vivas y facilitadores de los procesos de integración social. Para ello, las Juntas de Vecinos fueron pensadas con la finalidad de desarrollar a las comunidades urbanas en el ámbito familiar, social y cultural, representando las necesidades de los vecinos ante los poderes públicos y con una estructura que partiera desde las unidades vecinales de barrios y ciudades hasta constituir un organismo de carácter nacional, dependiente del Ministerio del Interior, reforzando el carácter corporatista del gobierno.
Sumado a ello, y asumiendo el carácter de radicalidad y subsidiariedad de Vekemans hacia los que en lo más profundo de su marginalidad, “no son nadie”, se requería la presencia de la mano estatal para apoyar, dirigir, impulsar y controlar este proceso de organización comunitaria. Siguiendo a Venegas (1963, pp. 630-631), este apoyo debía enfocarse en, primero, crear una serie de servicios de apoyo técnico y de asesoría gerencial, financiera y crediticia para estas organizaciones de base, con una doble finalidad: prestar los servicios técnicos señalados y servir de puente entre estas organizaciones de base y las grandes instituciones de crédito y fomento; y segundo, levantar institutos de desarrollo económico y social, cuya función sería realizar investigaciones, estudios, y asesorías a los diversos proyectos de desarrollo que levantaran los sectores marginales.
Sobre ese principio nacería la Consejería Nacional de Promoción Popular (en adelante CNPP). Ahora, el derrotero que siguió esta novedosa institución ejecutora de la Promoción Popular fue accidentado. Junto a la ley que regulaba la integración política de las juntas de vecinos, ambos lineamientos programáticos del oficialismo tuvieron que transitar un pedregoso sendero de negociación en el Congreso, obteniendo resultados dispares: si bien la legislación sobre juntas de vecinos fue aprobada, la CNPP no pudo alcanzar el mismo estatus legal. Acusada de promoción ideológica desde la izquierda y la derecha, solo pudo operar en la ambivalencia jurídica. De hecho, su existencia fue legalizada recién en 1966 a través de un Decreto Supremo del Ministerio del Interior que estableció a la CNPP como un órgano asesor de la Presidencia de la República. Posteriormente, la DC presentó una indicación al Proyecto de Ley sobre Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias, que buscaba darle a la CNPP un estatuto jurídico como ente estatal autónomo, pero fue rechazado, lo que la obligó a continuar solo como un apéndice legal de la presidencia (Riquelme, 1987, p. 6).
A pesar de ello, esta máquina de integración política de inspiración vekemansniana logró implementar un plan inédito de capacitación política enfocado en los marginales como cuerpos de base e intermedios, así como fomentar la participación bajo los parámetros de la Revolución en Libertad. Su intención fue atacar el problema de la marginalidad desde su dimensión cultural, fomentado la capacitación de dirigentes y miembros activos de las organizaciones populares para desempeñarse, como tales, con autonomía y en labores de difusión, motivación y concientización del conjunto de los marginados organizados o en vías de organización (Riquelme, 1987, p. 8). En términos concretos, permitió la conformación, hacia 1969, de 3.487 juntas de vecinos, 6.072 centros de madres, 1.246 centros juveniles, 6.145 centros deportivos y 1.978 centros de padres y apoderados, alcanzando la extraordinaria cantidad de más de un millón de beneficiarios:
Tabla 1. Beneficiarios de capacitaciones gubernamentales (1965-1969)
Fuente: Riquelme (1987, p. 21).
Ahora, la tarea de Promoción Popular no se limita solo a lo realizado por la CNPP. Es importante recordar que el proceso fue concebido integralmente por lo que otros organismos estatales se vieron imbuidos por sus objetivos e implementaron políticas similares. Así, en paralelo al trabajo de la CNPP –y con crecientes grados de cooperación entre ellos– hay que sumar a este esfuerzo de integración social los programas de educación de adultos que encabeza el Ministerio de Educación y el amplio entramado de organizaciones de apoyo al proceso de Reforma Agraria quienes, por mandato presidencial, no debían limitarse a la repartición de tierras sino que debían acompañar este proceso con un acompañamiento y capacitación en el plano jurídico, organizacional, financiero y cultural. En este plano, destacan los planes de capacitación, extensión y formación realizados por la Corporación de Reforma Agraria (CORA), en conjunto con otras oficinas gubernamentales como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (Icira) (Fauré, 2011).
Sin embargo, algo diferenciaba a estos otros planes educativos de los desarrollados por la CNPP: si bien todos nacieron con el mismo objetivo de integración social –recogiendo los postulados de la Teoría de la Marginalidad–, los planes y programas desarrollados en paralelo al trabajo de la CNPP se basaron en una propuesta político-pedagógica a primera vista complementaria pero que, a la larga, resultó ser contrapuesta a los intereses políticos de Vekemans (y de la misma DC): el método psicosocial de Paulo Freire.
Para entender este proceso, es importante señalar que estos planes tenían un alto componente educativo que implicaban, a su vez, el desarrollo de espacios formales y no formales de educación, los que debían darse en sintonía y colaboración. Como señalaba el mismo Ministerio de Educación en uno de sus informes publicado en 1969:
[…] la finalidad de obtener esta participación de todos los adultos rebasa actualmente las posibilidades del sistema educacional regular. Las deficiencias económicas por un lado, y los efectos de una estructura social de trabajo no conformada para esta finalidad por otro, impiden la consecución de un sistema de educación de adultos que garantice a todos los ciudadanos estas mismas posibilidades. Obviamente, el modus operandi debe ser dado por una acción coordinada, integrada y racional del Ministerio de Educación en estrecha interrelación con los diversos servicios e instituciones que participan en esta voluntad de cambio (Ministerio de Educación, 1969, pp. 3-4).
Sumado a esto, es importante señalar que, tempranamente, la Jefatura de Planes extraordinarios de educación de adultos dirigida por el DC Waldemar Cortés tomó una decisión pedagógica clave: decidió que los programas de alfabetización de adultos, que constituían la punta de lanza del avance estatal en los sectores marginales, se realizarían utilizando el método psico-social, que postulaba como eje central el proceso de concientización. Dicho método era obra del educador brasileño Paulo Freire (1921-1997), quien arribó a Chile en noviembre de 1964 –tras escapar de la dictadura erigida en su país meses antes–, invitado por el vicepresidente de Indap (y futuro ministro de Agricultura del gobierno de Allende), Jacques Chonchol, accediendo a incorporarse al equipo de Icira. Desde esta última institución, y gracias al rápido apoyo que encontró Freire en Cortés, el brasileño ejerció una enorme influencia en todos estos planes y programas educativos que se realizaban en paralelo al trabajo de la CNPP. Así, su método guió los procesos de alfabetización liderados por el Ministerio al mismo tiempo que a través de sus publicaciones, de asesorías y de procesos de formación de capacitadores y extensionistas guiados por él, logró torcer el rumbo de la Promoción Popular democratacristiana introduciendo una nueva finalidad política al proceso educativo, más alineado con la Teología de la Liberación que emergía en el continente que con la Teoría de la Marginalidad: como es sabido, el método psicosocial buscaba implementar procesos de alfabetización que surgieran como resultado de procesos significativos de lectura del mundo, donde la reflexión pedagógica se centra en que las y los participantes reconozcan su condición estructural de opresión y explotación y, con base en una toma de conciencia de su rol de creadores de cultura, comenzaran un proceso colectivo de liberación social, cultural, político y económico (Freire, 1967; Freire, 1970).
Como consecuencia, la adopción del método psicosocial freireano fue larvando una metamorfosis en las formas de entender la educación y su función concientizadora: un salto desde la concientización vekemansniana –integradora, para la superación del conflicto–, a la concientización freireana:
De este modo, el sujeto de la alfabetización es el propio analfabeto. En vez de ser el objeto de la acción del educador, es el propio sujeto de su transformación personal. La contribución del educador consiste en poseer una técnica adecuada para proporcionar los elementos del lenguaje escrito, pero, en forma tal que estos representan la misma realidad del alfabetizado y sean reconocidos por él como tales. […] El primer paso para la constitución de la autoconciencia crítica del trabajador está en hacerlo tornarse espectador de su realidad, para reflexionar sobre ella […] El analfabeto con frecuencia tiene conciencia mágica y actúa mágicamente, atribuyendo a causas falsas los hechos de la vida diaria. Si reemplaza esta conciencia mágica por una conciencia crítica, puede comprender el rol del sujeto que a él le corresponde como a todo ser humano y realizar una acción también crítica (Ministerio de Educación, 1969, pp. 16-17).
Lo anterior fue quedando de manifiesto también en el papel diferente que cumplían los educadores y educandos en estos últimos programas a diferencia de lo que ocurría en cursos, charlas y seminarios realizados por la CNPP. En la acción de la Consejería, como señala Riquelme (1987), se buscaba explícitamente la transmisión de contenidos doctrinarios desde la perspectiva humanista cristiana que tenía la DC, con el fin explícito de ir identificando a “la mejor gente, los más inteligentes, los más capaces” para que se instalaran como dirigentes de sus comunidades (pp. 9-10). En cambio, en los planes educativos desarrollados por el Ministerio de Educación o los aparatos educativos de CORA, se fue materializando una desbordante visión comunitaria, horizontal e inclusive revolucionaria, tal como reconoció el Ministerio de Educación al referirse al rol concientizador del educador:
El coordinador, como tal, renuncia a la actitud autoritaria y adopta una actitud dialogal, de participación horizontal. Como coordinador del debate, no presenta soluciones ni impone sus convicciones ni creencias. Como orientador del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, ayuda a aprender. Renuncia también al paternalismo propio del que quiere guiar y proteger. Comprende que cada participante en el centro de educación, en cuanto ser humano, tiene derecho a elaborar, con elementos de juicio propio o recibidos de otros, su propia verdad y sus propias convicciones (Riquelme, 1987, p. 20).
De esta manera, la estrategia freísta sufría el boicot radical no desde fuera de sus filas, en la oposición política, sino en la evolución inesperada de sus planes y programas, los que, además, al obrar de forma coordinada, difundieron el método psicosocial de Freire más allá de los programas de educación de adultos del Ministerio para ser la propuesta metodológica de todos los planes de capacitación desarrollados por las instituciones vinculadas a la reforma agraria (CORA, Indap, SAG, Icira). El testimonio de Cortés resulta taxativo:
Hubo una enorme campaña de capacitación de gente para que se pudiese aplicar el método social, y eso fue masivo. Ahora, con Paulo Freire, fuimos a sectores rurales; reuníamos a los maestros y Paulo motivaba a los maestros. Nuestra labor fue una labor centralizada y descentralizada al mismo tiempo. De aquí surgía, del Ministerio de Educación, las posibilidades de llegar a la comuna más lejana y de trabajar en combinación con agencias de desarrollo, factor importante que se ha olvidado después […] Como nosotros pensamos trabajar en los campos, nos asociamos con agentes del otro sector agrícola, con la CORA. Además, nos asociamos con el fondo de capacitación sindical, especialmente en el sector agrícola, con la sindicalización campesina (Austin, 2004, p. 6).
Armando de Ramón, a la sazón director de la división de estudios de la CNPP, da cuenta de los intentos oficialistas por contrarrestar esta inesperada concientización:
[…] la labor de la Consejería Nacional de Promoción Popular proporcionaba una orientación paternalista–derechista, que tendía a contrapesar la acción más izquierdista que se estaba implementando en el sector agrario a través de la labor de la Corporación de la Reforma Agraria y del Instituto de Desarrollo Agropecuario (De Ramón, 2000, p. 244).
Sin embargo, la DC llegaba tarde: la concientización como herramienta y las prácticas educativas populares continuaron una radicalidad creciente que a su vez formaba parte de un proceso general de agitación que inundó al país. Parecía como si la sociedad en su conjunto buscara superar la conciencia mágica vekemansniana para alcanzar la conciencia crítica freireana (Fauré, 2017).
CONCLUSIONES
El seguimiento a la evolución de la Teoría de la Marginalidad durante los años sesenta nos demostró que su transformación en política pública y masiva implementación, no fueron suficientes para crear las bases sociales y el fundamento político de la Revolución en Libertad. El carácter reactivo de su propuesta teórica sobre el papel creciente que estaban tomando los sectores urbano-populares en el contexto político nacional produjo una contradicción fundamental, puesto que al mismo tiempo que la Promoción Popular se concebía como una política necesaria por la incapacidad de los sectores marginales para organizarse autónomamente, dejaba entrever que dicha organización ya existía, canalizando sus fuerzas hacia la concreción de un pacto social subordinado al interés oficialista.
Esta tensión constante entre entender a los marginales como pasivos o activos se tradujo en una reformulación de los espacios educativos, amplificando el sistema formal de educación y constituyendo laboratorios de ensayo marcados por la freirización de las prácticas educativas, desbordando los planes de la DC y prefigurando nuevas alternativas de liberación. Con todo, y contrario a los intereses originales tanto del gobierno democratacristiano como del mismo Roger Vekemans, la implementación de la Promoción Popular como política pública y su rápido giro de la concepción corporatista integradora a la clasista liberadora de Paulo Freire, puso en tela de juicio precisamente la base de la propuesta teórica del sacerdote belga, que se sostenía sobre la idea de que los sectores urbano-populares no serían capaces de desplegar sus iniciativas –su proyecto histórico popular– de manera autónoma. En ese sentido –y asumiendo que esto trasciende los objetivos de este escrito, pero puede constituirse en una hipótesis de trabajo futura–, dicho viraje puede ser leído como una maduración política de los sectores urbano-populares, que explicaría su izquierdización, materializada en el apoyo creciente que logra la Unidad Popular en la elección presidencial de 1970 y en la creciente recepción que comienza a tener el discurso de la izquierda extraparlamentaria en estos sectores (en particular, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR).
Con todo, el naufragio sufrido por el proyecto corporatista democratacristiano quedó retratado, de forma muy simbólica, en la petición que hace Vekemans al embajador de EE. UU. en Chile pocos días después de la victoria de Allende para que lo saquen del país, quien le consigue visas para irse a Colombia (Magasich, 2017, p. 36). La Misión Santiago había fallado. El belga se retiraba del país convencido de no haber podido salvar a Chile del comunismo.
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- Cabe destacar el vínculo directo que estableció el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (Desal) con el gobierno de Frei como muestra de una práctica que tomaría mayor relevancia durante la UP, tras el arribo de diversos intelectuales y asesores políticos de los partidos de izquierda: Armand Mattelart, Vania Bambirra, Celso Furtado, Theotonio Dos Santos, James Petras, entre otras/os, y la constitución de centros de estudios y publicaciones que mostrarían una marcada sintonía con la administración de Allende o con iniciativas generales de desarrollo y cambio social: Centro de Estudio de la Realidad Nacional (Ceren), Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO) y Estudios Urbano Regionales (EURE).
- Ramón Venegas Carrasco fue un arquitecto chileno ligado al mundo jesuita. En 1945 participa de la creación de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, la que se hará cargo de este centro fundado por Alberto Hurtado S.J. un año antes. Así, Venegas asumió el cargo de presidente –laico– de su primer Consejo (Caiceo, 2008, p. 204). En el plano intelectual, fue profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Pontifica Universidad Católica, director del Instituto de Investigaciones Económico-Sociales de esa casa de estudios y, posteriormente, director del Departamento de Promoción y Desarrollo del Centro para el Desarrollo Económico y Social para América Latina (Desal).