RESUMEN
En un contexto de aumento de la conflictividad socioambiental, se propone profundizar sobre la potencialidad democratizadora de estos conflictos.
El artículo analiza dos conflictos chilenos recientes: el Mayo Chilote y el movimiento de oposición a la instalación de una planta de GNL en la bahía de Concepción, frente a la costa de Penco y Lirquén. Se presenta una revisión de las interpretaciones del significado político de los conflictos socioambientales en Chile, relacionándolo con la teoría en torno a la relación entre movimientos sociales y democracia. El análisis busca profundizar sobre la pregunta de las movilizaciones socioambientales como potenciales espacios de reinvención democrática, para lo cual se analizan también las definiciones de democracia de los actores movilizados y la manera en que interpretan su lucha en términos políticos. El análisis de discurso caracteriza varias posturas respecto de la democracia chilena, todas las cuales son críticas, pero distintas entre sí. Resultan particularmente interesantes aquellas que se refieren a la reinvención democrática bajo el discurso de la soberanía, lo que sugiere la articulación incipiente de un horizonte político común.
ABSTRACT
In a context of increasing socio-environmental conflict, it is proposed to delve into the democratizing potential of these conflicts.
The article analyzes two recent Chilean conflicts: the Mayo Chilote and the opposition movement to the installation of a GNL plant in the bay of Concepción, in front of the coast of Penco and Lirquén.
A review of the interpretations of the political meaning of socio-environmental conflicts in Chile is presented, relating it to the theory about the relationship between social movements and democracy.
The analysis seeks to go in depth into the question of socio-environmental mobilizations as potential spaces for democratic reinvention, for which the definitions of democracy of the mobilized actors and the way they interpret their struggle in political terms are also analyzed.
Discourse analysis characterizes several positions regarding Chilean democracy, all of which are critical, but different from each other. Particularly interesting are those that refer to the democratic reinvention under the sovereignty discourse, which suggests the incipient articulation of a common political horizon.
INTRODUCCIÓN
El aumento de conflictividad socioambiental en Chile ha abierto una agenda de investigación novedosa. Entre los temas de esta agenda, la pregunta por el significado político de los conflictos socioambientales ha cobrado relevancia. Aunque las investigaciones recientes han puesto énfasis en los efectos políticos de las movilizaciones, no existe todavía mucha investigación sobre lo que los actores movilizados nos dicen, la manera en que explican su lucha o sobre cómo construyen sus argumentos. En particular, la relación entre las movilizaciones socioambientales y la democracia chilena ha sido poco estudiada desde esta óptica.
El escenario de movilizaciones actuales parece propicio para la aparición de críticas y reinvenciones democráticas debido a que existe consenso en cuanto a la existencia de un momento en que la protesta se ha autonomizado, desplazando el papel preponderante que tradicionalmente jugaban los partidos políticos y la aparición de demandas de mayor amplitud, entre las que se encuentran demandas corporativas, de protección frente a la economía, identitarias y demandas de cambio de modelo, por lo que no puede comprenderse este escenario nuevo con arreglo a una sola demanda central que sea capaz de vertebrar toda la conflictividad (Barozet, 2016; Espinoza, 2013; Somma y Bargsted, 2015).
Por otro lado, los conflictos socioambientales surgen en medio de disputas estratégicas y discursivas sobre el origen del conflicto, su naturaleza, causas y salida, una disputa entre narrativas en la cual los argumentos en torno a la democracia son frecuentes (Baigorrotegui, 2016; Cabello, Torres y Mellado, 2018; Parker, Baigorrotegui y Estenssoro, 2015; Trom, 1999). Teóricamente, esto nos lleva a ubicar esta discusión en el marco de la relación entre movimiento y movilización, y sus eventuales efectos democratizadores.
1. CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL EN CHILE
Los conflictos socioambientales en Chile han aumentado en la última década. Los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos señalan que la cantidad conflictos ambientales pasaron de 97 casos en 2012 a 102 casos en 2015 y a 116 en 2018 (INDH, 2012, 2016, 2018).
El informe del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social (COES), que registra eventos de protesta, señala que en el período 2012-2017 se produjeron 1.113 eventos de protesta socioambiental, los que representan el 10,8% del total de protestas ocurridas. El número de protestas socioambientales está por debajo de las protestas laborales (42,2%) y las protestas de educación (16,2%) para el mismo período (Garretón, Joignant, Somma y Campos, 2018).
Aunque, en rigor, ambas mediciones utilizan criterios diferentes1, son datos que sirven para ilustrar la relevancia que ha adquirido este tipo de episodios en Chile, lo que concuerda con el panorama latinoamericano en el que la conflictividad socioambiental también ha aumentado (Martí y Delamaza, 2018).
La literatura sobre conflictos socioambientales en Chile ha destacado la capacidad que estas movilizaciones han tenido para lograr resultados que se interpretan como efectos de la movilización. Entre los resultados, se mencionan la modificación de proyectos de inversión, la incorporación de cambios en la legislación y otros tipos de modificaciones en la política pública (Cortez y Maillet, 2018; Delamaza, Maillet y Martínez, 2017; Garretón, Joignant, Somma y Campos, 2017).
Algunas investigaciones han examinado el significado político de estos conflictos, destacando aspectos como los cambios en la composición de las redes de actores movilizados durante la trayectoria del conflicto o la transformación que experimentan las demandas de la movilización.
Así, se muestra que existe inicialmente la capacidad de movilizar a residentes –organizados en coordinadoras locales o juntas de vecinos– para luego articularse con organizaciones de otros niveles en el ámbito nacional o internacional (Allain y Gordillo, 2018; Cortez y Maillet, 2018).
Lo que estas movilizaciones plantean como demandas abarca un espectro amplio que va desde disputas sobre el uso de recursos a los efectos negativos de un proyecto de inversión y la confrontación de modelos de desarrollo. Algunas investigaciones han planteado que se trata en realidad de demandas que apuntan a la transformación del sistema político en pos de una mayor autonomía territorial (Aguilera y Álvarez, 2015; Valenzuela, Penaglia y Basaure, 2016).
A partir del análisis de los datos del observatorio de conflictos del COES, Mathilde Allain (2019) sostiene que existen a lo menos dos lógicas en las movilizaciones socioambientales: una referida a enfrentar los resultados de la contaminación y otra que puede entenderse en un sentido amplio como demandas de desarrollo local. El argumento se fundamenta en que el objetivo de la protesta entrega información sobre el otorgamiento de responsabilidad respecto de la solución posible del problema, dado que “apuntar a la empresa significa buscar soluciones específicas para problemas específicos, como compensaciones a cambio de las externalidades de las inversiones. Apuntar a actores públicos implica acceder a otro tipo de soluciones que superen el ámbito de lo local […] Estas soluciones son a su vez replicables en otros territorios e implican cambios en la forma en que se distribuye el poder dentro de estos” (Allain, 2019, p. 97).
En un sentido similar, argumentan Delamaza, Maillet y Martínez (2017) cuando afirman que los conflictos tienen un carácter dual: territorial y politizado. El aspecto territorial del conflicto se refiere a la manera en que el problema afecta a los habitantes de un territorio específico. El aspecto politizado se refiere a la manera en que el reclamo original evoluciona y apunta a aspectos generales de las políticas públicas.
Estas investigaciones plantean la necesidad de profundizar en los aspectos políticos de las movilizaciones socioambientales, pues existiría aún un vacío teórico y empírico respecto de los resultados políticos de estos conflictos a nivel local (Cortez, 2019).
En nuestro caso, queremos profundizar en los discursos de los actores movilizados en torno a la democracia chilena. Proponemos así un desplazamiento desde el análisis de los efectos de las movilizaciones hacia el análisis de los sentidos de la movilización, que pueden reconstruirse a partir del discurso de los actores movilizados.
2. MOVILIZACIÓN SOCIAL Y DEMOCRACIA
La teoría de los movimientos sociales plantea que estos no tienen necesariamente un efecto democratizador, ya que algunos rechazan la democracia o tienen por efecto un retroceso en los derechos democráticos (della Porta y Diani, 2011), puesto que los movimientos sociales con frecuencia nacen “alrededor de un interés o de un agravio concreto que de las reivindicaciones democráticas como tales” (Tilly y Wood, 2014, p. 245).
En consecuencia, los movimientos sociales muchas veces no fueron considerados relevantes en la literatura sobre democratización, que asignaba un rol limitado a los movimientos sociales en la protesta, enfocándose más bien en las precondiciones económicas o el comportamiento de las élites (Rossi y della Porta, 2011).
Siguiendo a Charles Tilly, Rossi y della Porta, estos enfoques elitistas de la democratización se contrapondrían a los enfoques populistas, los cuales enfatizan la participación desde abajo. Desde esta perspectiva, se destaca que los movimientos sociales contribuyen a la creación de un espacio social donde ocurren deliberaciones trascendentales sobre temas públicos.
Se establece así una relación en la que muchos de los procesos que causan la democratización promueven los movimientos sociales. Posteriormente, la democratización empuja a la gente a formar movimientos sociales y luego, bajo ciertas condiciones, los movimientos sociales promueven la democratización.
Ahora bien, la correspondencia entre movimiento social y democratización es más o menos fuerte según la fase de democratización en que determinada sociedad se encuentre, jugando un rol específico en cada etapa del proceso de democratización. Ellos distinguen cinco etapas.
En la etapa de resistencia, los movimientos articulan redes clandestinas de colaboración entre activistas y campañas internacionales de denuncia y deslegitimación del régimen.
En la etapa de liberalización, los movimientos sociales son promotores de expandir la transición hacia la democracia procedimental, o bien hacia opositores a este proceso, y también ensayan nuevas prácticas democráticas.
En la etapa de transición, los movimientos sociales suelen movilizarse para reclamar por justicia o eliminar los obstáculos que limitan la emergente democracia.
Las últimas dos etapas son las más relevantes para nuestro caso.
En la etapa de consolidación, los movimientos establecen demandas por una consolidada e inclusiva democracia sustancial o reclamos por la recuperación del perdido orden por medio de una limitación de los derechos políticos o sociales. Los reclamos se enmarcan en el nombre de derechos. Esto tiene un impacto que no solo es institucional, sino también cultural. De hecho, las redes de los movimientos juegan un rol importante contra los legados autoritarios y de exclusión.
En la etapa de expansión, los movimientos juegan un rol por la democratización de las organizaciones intergubernamentales internacionales y también en cuanto a ensayos de democracia postrepresentativa a nivel local o nacional, por medio de experimentos de democracia participativa. Esta etapa aún no estaría suficientemente bien estudiada (Rossi y della Porta, 2011, p. 531).
Complementariamente, Tilly y Wood (2014, p. 274) señalan que por lo general las dinámicas internas de los movimientos sociales gatillan tres tipos de procesos de fomento de la democracia: procesos que democratizan la política pública, procesos que fomentan la participación política colectiva y procesos que reducen el aislamiento de las redes de confianza respecto de los otros actores políticos.
En los movimientos sociales surgidos en la última década se ha destacado la centralidad de las demandas por una democracia más profunda, cobrando importancia la relación entre las movilizaciones sociales y el sistema político (Cefaï, 2011; Della Porta, 2009; Glasius y Pleyers, 2013).
Esta centralidad de las demandas de expansión democrática se expresa con particular fuerza en el alter-activismo, es decir, aquellas movilizaciones que adoptan un planteamiento prefigurativo, considerando el cambio social como un proceso que empieza a través de prácticas cotidianas concretas. Para los alter-activistas, la democracia se entiende como una cultura y las movilizaciones son espacios de experiencia y resistencia cuya contribución principal es abrir perspectivas sobre lo que significa la democracia en el siglo (Pleyers, 2018).
De este modo, a nivel teórico, es posible señalar que, aunque los movimientos sociales no tienen necesariamente un efecto democratizador, cuando juegan este papel plantean habitualmente demandas de una mayor inclusividad y formas de participación más amplias. Además, este rol democratizador se sostiene en las dinámicas internas de los movimientos.
Habría una suerte de convergencia entre los movimientos sociales y las teorías democráticas sustanciales, es decir aquellas teorías de la democracia que se ubican en un plano prescriptivo (lo que debe ser la democracia) más que descriptivo (lo que es la democracia) en un terreno que facilita esas disputas respecto del rumbo y el significado de la democracia, por lo incompleto del propio concepto (Bringel, 2009; Bringel y Echart, 2008; Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006; Vázquez, 2015).
En Latinoamérica, la reflexión sobre este tema suele enfatizar de manera casi exclusiva el papel democratizador de los movimientos sociales, sindicándolos como actores centrales para poder democratizar la democracia mediante innovaciones de representación, deliberación y decisión colectiva que impugnan el marco democrático existente y abren espacios a ampliaciones democráticas (Santos, 2004; Santos, Mendes, Piña y Tarradellas, 2017; Wolff, 2012).
Si bien una parte de la literatura ha puntualizado la manera en que estas experiencias innovadoras pueden ser cooptadas o pervertidas de su intención original (Goldfrank, 2007; Lissidini, 2015; Paño, 2012; Santos, 2004), en general se atribuye a los movimientos sociales el sentido político de ser la encarnación de un proyecto contrahegemónico que funciona como dispositivo de construcción de soberanía, encuentro y acumulación de poder (Argento y Ciccone, 2015; Salazar, 2015).
De esta forma, las movilizaciones socioambientales expresarían el cruce de una matriz indígeno-comunitaria y un discurso ambientalista, opuesto a la visión desarrollista y que se identifica con conceptos como el de postdesarrollo, buen vivir, bienes comunes o soberanía alimentaria en lo que se ha llamado el “giro ecoterritorial” de la conflictividad social (Svampa, 2010).
Los movimientos responderían al resurgir de una identidad soberana históricamente silenciada que es capaz de dibujar un nuevo horizonte político en la medida en que en la experiencia de la movilización se re-crea el vínculo social (Zibechi, 2007). Es por eso que se pone especial atención en las prácticas deliberativas y de autorepresentación donde la forma asamblearia cobra especial relevancia (Mondaca, 2014; Salazar, 2012; Svampa, 2010).
Si bien algunas experiencias asamblearias eventualmente derivaron en procesos de transformación política del gobierno local, en general se trata de experiencias que plantean reconstruir lo político por fuera del sistema que defienden formas de vinculación horizontal y valoran la autogestión como forma de mantener su autonomía (Argento, 2015; Fernández, 2008).
Ahora bien, lo dicho hasta acá plantea la interrogante respecto de hasta qué punto ese sentido democratizador que se atribuye a las movilizaciones está presente efectivamente en la perspectiva con la que los actores movilizados explican sus acciones. Es justamente ese punto el que nos interesa abordar ahora.
3. POLITIZACIÓN DE LAS MOVILIZACIONES SOCIOAMBIENTALES
La pregunta respecto de si las movilizaciones socioambientales son espacios de reinvención democrática nos parece relevante dado que la idea de que los movimientos son espacios de innovación a través de prácticas de deliberación y decisión está presente tanto en la producción teórica del tema como en aquellos que privilegian el estudio de las prácticas.
En nuestro caso, considerando que este es un análisis de discurso, las posibilidades de los movimientos como reinvención democrática será abordado reconstruyendo lo que ellos proponen como soluciones, salidas u horizonte de transformación para la democracia chilena. Esta pregunta será abordada en articulación con dos preguntas que la complementan.
La primera pregunta es: ¿cuál es la definición de democracia de los actores movilizados? Ya que la teoría reconoce una convergencia entre movilización social y los enfoques sustanciales de la democracia, y dado que la literatura identifica a los movimientos como eventuales impulsores de procesos de democratización y destaca que las demandas democratizadoras son particularmente importantes en los movimientos actuales, parece importante conocer de qué manera se relacionan el discurso de los actores movilizados y la democracia chilena y, en particular, de qué forma se constituyen los argumentos críticos respecto de esta.
La segunda pregunta es: ¿de qué forma los actores interpretan su lucha en términos políticos?
Esta pregunta alude especialmente a la idea de que las movilizaciones sociales (y en particular las movilizaciones socioambientales) son portadoras de un sentido político particular y encarnan un proyecto político alternativo o contrahegemónico.
De esta manera, el análisis del discurso se ordena en torno a:
- a) las definiciones de democracia y el foco de la crítica que los actores movilizados realizan;
- b) el discurso de los actores en torno a la política en general, a la actividad política concreta, el papel de los movimientos como actores políticos y, en particular, el papel de la participación en este contexto; y
- c) las propuestas de reinvención democrática, entendidas como posibles soluciones a los aspectos críticos definidos anteriormente y los horizontes de transformación que plantean.
Así, el esquema de análisis es el siguiente:
De este modo, trabajamos por medio del análisis del discurso las representaciones de los actores movilizados en torno a la democracia como un camino para comprender hasta qué punto estos movimientos representan una posibilidad potencial de profundización democrática.
4. CASOS DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA
La selección de los casos sobre los cuales trabajar implicó una investigación preliminar para determinar qué casos específicos eran posibles de ser estudiados exitosamente. Además de la revisión de la literatura, se realizó una recopilación de información desde redes sociales (fundamentalmente Facebook y Twitter) para conocer el estado en que los conflictos se encontraban a la fecha de inicio de la investigación. Inicialmente, se recabó información de 42 grupos u organizaciones por esta vía, lo que permitió constatar que varios de estos conflictos estaban en latencia o sus organizaciones o asambleas no estaban activas, lo que dificultaría el trabajo de campo. Este fue un primer criterio para seleccionar los casos.
Un segundo criterio fue la relevancia del conflicto. Se trataba de incorporar casos que por su notoriedad pública o lo prolongado de su trayectoria permitieran suponer razonablemente que involucraban una variedad de actores, además de las organizaciones y grupos movilizados.
Un tercer criterio fue la posibilidad de acceso a los activistas o grupos movilizados. Es importante señalar que los activistas tienen fundadas razones para desconfiar de un contacto externo. Ellos reportan que habitualmente son objeto de seguimiento por parte de la policía o de las empresas a las cuales enfrentan y, adicionalmente, es habitual que la información que entregan a los investigadores de las diferentes universidades nunca sea devuelta, por lo que sienten que su colaboración no redunda en ningún beneficio tangible para ellos ni para su lucha.
Por eso, fue importante como criterio de selección contar con un listado, aunque fuese reducido, de contactos a través de redes de contacto personales que permitieran abrir el campo en torno al caso respectivo.
En función de estos tres criterios, se seleccionaron finalmente dos casos en Chile: el mayo chilote, en la Región de Los Lagos, y salvemos la bahía, en la región del Bío Bío, los que se describen brevemente a continuación.
4.1. Mayo chilote
En abril y mayo del 2016 se vivieron una serie de movilizaciones en Chiloé, en principio, por la aparición de marea roja, pero que en breve tiempo lograron expresar diferentes demandas históricas en el archipiélago. Manifestaciones sociales, asambleas locales, bloqueos de los accesos a la isla, barricadas, enfrentamientos con las Fuerzas especiales de Carabineros y un trabado proceso de negociación con el gobierno, son algunos de los elementos que dan cuenta de la intensidad y extensión del problema referido.
La controversia surgida abarca múltiples problemáticas: si el origen de la catástrofe ambiental fue la marea roja o se debió, directa o indirectamente, a las cerca de 5.000 toneladas de salmón muerto que fueron vertidas al mar apenas unas semanas antes del episodio; si la industria salmonera significa todavía la llave del desarrollo para la zona o, por el contrario, su presencia es nociva para Chiloé; si la negociación con el gobierno debía circunscribirse solo a la manera de paliar los efectos de la crisis ambiental o si debía ser aquel el momento de reformulación del modelo de desarrollo del territorio, entre otros temas, algunos de los cuales conectan directamente con movilizaciones anteriores.
4.2. Salvemos la bahía
El año 2013 la empresa Octopus, un consorcio de cuatro empresas (las norteamericanas Australis Power y Cheniere Energy y las chilenas Andes Minergy y Gasoducto Innergy), presen
ta un proyecto de instalación de una central de gas natural que funcionaría en la bahía de Penco y que, por medio de un ducto, abastecería a la Central Termoeléctrica El Campesino ubicada en la comuna de Bulnes.
Una parte de la comunidad se ha organizado para plantear su oposición al proyecto, especialmente en medio del proceso de evaluación ambiental. Una de estas organizaciones es la Coordinadora Penco-Lirquén que funciona de manera articulada con las Coordinadoras de la comuna Tomé y de Talcahuano, abarcando de esta manera la totalidad de la costa de la Bahía.
La Coordinadora ha logrado importantes de movilizaciones, desplegando una serie de acciones y movilizaciones como marchas, protestas, festivales, iniciativas legales, caminatas de reconocimiento, charlas informativas, asambleas de trabajo, talleres con diferentes grupos y un proceso continuo de información y propaganda dirigido a la comunidad, en un proceso que, con diferentes niveles de intensidad, dura hasta la actualidad.
5. METODOLOGÍA
La metodología utilizada es cualitativa y el método utilizado es el análisis del discurso. El discurso fue levantado mediante la técnica de entrevistas semiestructuradas a personas que participan o participaron de los casos de estudio (Cipriani, 2013; Creswell, 2009; Quivy y Campenhoudt, 2017).
Los participantes fueron contactados de diversas maneras: comunicándose directamente con las organizaciones, recabando datos de contacto de diferentes fuentes escritas o comunicados de las propias organizaciones, por contacto directo mediante la participación del investigador en algunas de las actividades abiertas y, por último, usando la técnica de bola de nieve para obtener referencias desde los mismo entrevistados (Red Cimas, 2015; Valles, 2000).
Por lo anterior, si bien se intentó siempre asegurar una adecuada variabilidad de entrevistados, no fue posible disponer de un muestreo estructural cualitativo en el sentido estricto del término (Montañés, 2013). De todas maneras, durante el despliegue del trabajo en terreno, y en la medida en que se contó con un número suficiente de contactos, se utilizaron como criterios de selección informales los siguientes criterios:
- sexo (entrevistar tanto a hombres como a mujeres).
- subgrupos (entrevistar a miembros de los diferentes subgrupos entrevistados).
- posicionamiento (entrevistas a actores que estén en diferentes grados de afinidad o distancia respecto de las demandas sostenidas).
Las entrevistas fueron transcritas de manera parcial y para el análisis de datos se utilizó el paquete de programa RQDA (Huang, 2018), el cual permite ordenar la información en categorías y facilita su codificación. Posteriormente, los datos se someten a análisis de contenido temático con el fin de caracterizar las diferentes posiciones discursivas frente a los temas principales.
La pauta de entrevista y la malla de análisis se ordenó en bloques temáticos que abarcaron la biografía del entrevistado, su historia en organizaciones y movilizaciones, un relato detallado del episodio de movilización en estudio, definiéndose las causas de la misma, los principales hitos y los resultados o consecuencias, y una evaluación sobre el significado del episodio y su relación con la democracia.
En total, fueron entrevistadas veintidós personas, doce hombres y diez mujeres, entre las cuales hay activistas, miembros de ONG, estudiantes, profesionales, dirigentes vecinales y dirigentes gremiales.
El procedimiento de análisis consistió en establecer comparaciones respecto de una serie de temas considerados en el modelo de análisis, esto con el fin de delimitar posiciones respecto de esos mismos temas y relacionarlos con categorías discursivas más complejas. Este primer análisis, de tipo temático, permitió un segundo análisis de tipo estructural en el que se reconstruyeron posiciones discursivas más generales, utilizándose como herramienta principal el tetralema (Denzin y Lincoln, 2018; Ortí, 1998; Villasante, 2014).
6. RESULTADOS: LOS DISCURSOS EN TORNO A LA DEMOCRACIA
Los resultados del análisis se presentan ordenados en torno las tres dimensiones y seis temas anteriormente comentados. A partir del análisis de la información recabada en las entrevistas, se advirtieron los siguientes sentidos.
6.1. Una democracia en crisis
Hay un sentido compartido respecto de las limitaciones de la democracia chilena: invariablemente, los entrevistados plantean que la democracia chilena está en crisis. La extensión y profundidad de esta crisis es vista de diferente manera.
Una primera posición es la que identifica un problema de legitimidad tal que pone en cuestión el status democrático del estado de manera total. En este caso, la democracia chilena correspondería a una especie de dictadura encubierta que opera en favor de los intereses de ciertos grupos cuya única respuesta a la movilización es la represión.
La democracia chilena está en una crisis de legitimidad, una crisis de representatividad y algo más profundo que tiene que ver con cómo las prioridades locales y/o territoriales no tienen mecanismos institucionales democráticos para incidir en el cambio de la decisión (…) el Estado no escucha. Tienes un Estado absolutamente dictatorial (participante movilizaciones, Chiloé).
Una segunda posición, probablemente la más extendida, es también crítica del funcionamiento de la democracia, sin embargo su cuestionamiento se centra en que existen una serie de decisiones importantes que son tomadas por autoridades designadas y no electas.
En esta segunda posición se reconoce una legitimidad diferente a las autoridades locales que han llegado por medio del voto a ocupar cargos de representación (alcaldes, concejales y dirigentes vecinales), mientras se cuestiona fuertemente a quienes ostentan cargos mediante la simple designación de la autoridad de turno (intendentes y seremis, por ejemplo).
En este segundo discurso, la crisis de la democracia significa que la gente no decide y que se toman decisiones en su nombre.
Vinculado con esa crítica emerge el tema del centralismo. El razonamiento es que, dado que las autoridades son designadas y no responden a un electorado local, sus intereses están y estarán marcados por los intereses centrales, los que son siempre antagónicos al interés del territorio.
Consecuentemente, la mayoría de los actores movilizados reivindica el carácter territorial de su movilización. Por esta vía, la defensa del territorio se convierte en un eje discursivo de enorme importancia en las diferentes controversias y el desarrollo del territorio de manera autónoma es la principal aspiración, terminando por constituirse en el horizonte que ordena y justifica su acción.
Este carácter territorial se presenta también como un elemento importante para sostener la legitimidad de su acción. Si bien se reconoce la legitimidad del voto en la democracia, reivindican la cercanía al territorio y sus intereses como constituyentes de una base legítima para la acción política.
En algunos casos, este énfasis da lugar a ciertos arreglos organizacionales dirigidos a asegurar este carácter territorial. Por ejemplo, que las organizaciones que participan tengan base territorial y que las personas que las componen residan en la comuna. También da origen a acciones que no parecen relacionadas directamente con la controversia, pero que tienen la finalidad de que los habitantes conozcan y aprecien su territorio, como por ejemplo caminatas de reconocimiento de lugares en peligro o diversas acciones de apoyo a las economías locales.
Una tercera posición, también crítica, pone su acento en el funcionamiento de la democracia. Es decir, no se trata de que la democracia chilena sea ilegítima por completo, sino solo que funciona mal.
Este tercer discurso, sostenido principalmente por actores sindicales y gremiales, plantea que este mal funcionamiento es producto de la baja capacidad técnica de las autoridades (muchas veces se señala que no entienden el problema) o por la corrupción que, en este tipo de discurso, tiene una particular importancia.
En esta posición, la crítica se estructura en torno a los procesos de negociación que se desarrollan en conjunto con el Estado, donde la imposibilidad de tener respuesta a la demanda particular es la que origina la crítica.
Los partidos políticos hoy día, sea del que sea, lo que les interesa hoy día es gobernar y sacar provecho lo más posible de lo que hoy día se produce en el país. Pensábamos que Chile no era un país tan corrupto como los vecinos de al lado, pero estábamos parece muy equivocados y estaban muy guardadas las cosas (dirigente, Chiloé).
De todas maneras, el cuestionamiento de la capacidad del sistema político para procesar las diferentes demandas sociales recorre las tres posiciones discursivas, aunque con énfasis distintos.
Este cuestionamiento común puede expresarse como postergación; es decir un reclamo por no ser escuchados o bien como duda acerca de la legitimidad de quienes toman decisiones respecto de los proyectos (deciden personas designadas que nadie eligió).
Lo que se reclama, en el fondo, es la ausencia de los directamente afectados en la toma de decisiones. Hay una doble ausencia: quienes deciden no representan ni son parte del territorio.
6.2. La política
Un segundo tema, relacionado con el anterior, es la relación con la política en general.
Dadas esas visiones de la democracia, ¿cómo se relacionan estos actores con la política? Como veíamos más arriba, el proceso de politización lo que hace es intentar redefinir el campo de lo político.
Una primera posición es la de rechazo de la política. El sistema político en su conjunto es considerado como parte de el sistema contra el cual se lucha o frente al cual se resiste. En este discurso, el adversario es un sistema (habitualmente mencionado como neoliberalismo o extractivismo) por lo que estamos en presencia de una disputa de modelos.
Se trata de un discurso bien articulado, que suele operar mediante lógicas binarias de oposición sin muchos matices y, por lo tanto, tiende al dualismo: el individualismo versus lo comunitario, la corrupción versus la honestidad, la depredación del medio ambiente versus la conservación son algunas de las oposiciones típicas.
Aunque entienden su lucha como una lucha política, en tanto la actividad política se identifica con el sistema, debe ser rechazada y resistida.
La segunda posición es la más extendida y es la que intenta una reinvención de la política. No se rechaza la política, pero sí esta política.
Lo típico de este discurso es que funciona como tensiones que intentan dar salidas a diferentes dilemas y, por lo tanto, aparecen como discursos menos cristalizados y más en formación.
Así, si bien se valora la actividad política, se rechaza la acción de los partidos. Mientras se intenta incidir en las decisiones locales, se rechaza la posibilidad de establecer alianzas con los actores políticos locales que vayan más allá de la contingencia. Mientras se suele reivindicar la autorrepresentación, se valoran de manera distinta las autoridades electas por votación popular. Mientras son refractarios a manifestar una opinión en tiempo de elecciones, se apoya de manera implícita (o, a lo menos, no se rechazan abiertamente) algunas alternativas políticas con las cuales se siente algún grado de cercanía.
Es un campo discursivo más complejo y matizado, en el cual se mezclan diferentes sensibilidades respecto de la legitimidad política, dependiendo del grado de importancia que se dé a diferentes componentes del discurso.
El primer elemento valorado es la autonomía. Su versión positiva se expresa como autorrepresentación y toma la forma de prácticas de deliberación conjunta y horizontalidad en las relaciones y toma de decisiones. Prácticas como la rotación de vocerías, el trabajo por comisiones o diferentes tipos de dinámicas asamblearias pueden entenderse como una manifestación de esta idea.
Empezamos a darnos cuenta de que están votando proyectos autoridades designadas del gobierno, pasan por servicio de evaluación ambiental que son también son entes del gobierno. Y estaban pero súper lejanos a la idea del desarrollo de un territorio en armonía con lo que quieren las comunidades […] y ahí empezamos a ver que era súper necesario empezar a darle una vuelta a la idea de soberanía, autonomía territorial, economía local sustentable […] (vocera de organización).
En su forma negativa, la idea de autonomía toma la forma de temor a la cooptación. En efecto, los límites de la acción política legítima están dados muchas veces precisamente por la necesidad de evitar la cooptación por parte de las autoridades.
Esta valoración de la autonomía coexiste con la necesidad de la incidencia. En efecto, existe un grado de autocrítica respecto de la efectividad de las acciones que se desarrollan, por así decirlo, desde fuera del sistema político. Esto es lo que ha motivado que algunos de los miembros del movimiento hayan tomado la decisión de implicarse en actividades políticas, por ejemplo, siendo candidatos a algún cargo. Quienes así lo hacen, recalcan la necesidad de involucrarse de manera directa en los espacios de toma de decisión, reivindicando este paso como otra forma de autonomía.
Lo que se dice respecto de este tránsito es ilustrativo de esta segunda posición. Por un lado, quienes deciden quedarse señalan que respetan esas decisiones y muchas veces expresan su disposición a votar y apoyarlos, pues finalmente son también compañeros. Por otro, quienes han decidido emprender ese camino, plantean su distancia de la posición puramente autonomista, recalcando que finalmente siempre se recurre, de una u otra manera, al sistema político, por lo que implicarse de manera directa en este es un camino efectivo para el logro de los objetivos de la movilización.
En esta punto, y en alguna medida también en el anterior, es pertinente un concepto de fuerte significado político: la idea de soberanía. Esta engloba el planteamiento de fondo que opera como horizonte final de la acción. Es un concepto complejo, que puede tomar varias versiones.
Una primera versión tiene que ver con reestructurar posiciones de poder. Soberanía tiene que ver son la capacidad de tomar de la manera más directa posible las decisiones que les afectan directamente. En este sentido, se relaciona con mecanismos de decisión más cercanos y de mayor participación.
En esta misma línea, la soberanía se entiende como el derecho de determinar la vocación y el tipo de desarrollo que tendrá un territorio determinado. Así, la existencia o implementación de proyectos energéticos, por ejemplo, se relacionan con el ejercicio de la soberanía.
Una segunda versión asume la soberanía como un tipo de autorrealización. Vivir soberanamente es tener la capacidad de orientar la propia existencia según valores de solidaridad y de equilibrio con el entorno. Muchas veces este sentido de la soberanía aparece como la búsqueda de una vida que sea libre de las imposiciones del sistema, por lo que vuelve a aparecer la idea de la oposición a un modelo, pero esta vez de manera individual: “Nuestra soberanía, que parte con nosotros mismos, es una lucha y una revolución súper difícil igual de dar. Porque todo te lleva a ser parte de este modelo” (participante de organización).
6.3. Salidas y horizontes: ¿reinvención democrática?
Si la democracia actual aparece en el discurso de los participantes de movimientos socioambientales como un problema, cabe preguntarse cuáles son las respuestas que se construyen en torno a esa interrogante, cuáles son los caminos de salida que plantean.
Hay que decir que, si bien uniformemente ellos entienden su lucha como una lucha política, esta no siempre se define como una lucha por más democracia.
Así, una primera posición discursiva es la que no se plantea el problema de la transformación de la democracia, ya sea porque entiende la política como una arena de negociación o porque desecha esa posibilidad por considerar que no se puede cambiar.
Entre estos dos polos, se encuentran quienes sí apuestan por una transformación democrática. Son posiciones que tienen más matices y muchas veces aparecen menos cristalizadas discursivamente o como posiciones en formación, sin muchas certezas.
Estas salidas son de dos tipos:
6.3.1. La implicación
Es una respuesta frente al dilema de participar o no participar de la actividad política. Quienes sostienen esta posición plantean que se debe participar de la política contingente, inclusive presentando candidaturas electorales o apoyando de manera explícita alguna de las alternativas existentes.
Es posible que el cambio del escenario político con el fin del binominal haya matizado las posiciones originales de rechazo radical a la política electoral. La conformación de alianzas con dirigentes más tradicionales (dirigentes vecinales con relaciones directas con alcaldes y concejales) y el papel que han jugado algunos actores políticos también puede haber contribuido a fundamentar esta posición.
6.3.2. La prefiguración
Enmarcado en la idea de soberanía, se aprecia una segunda respuesta que podemos denominar como de prefiguración, en tanto consiste en cómo el propio devenir del movimiento, su manera de organizarse, de decidir y de establecer relaciones entre los actores que participan de la movilización, constituye por sí mismo otra manera de practicar la democracia.
Así, por ejemplo, la toma de decisiones de manera horizontal, la discusión y deliberación conjunta, la puesta en valor del territorio, las prácticas individuales y colectivas que se despliegan, tienen un potencial de transformación en el largo plazo, en tanto el propio movimiento muestra una práctica diferente, alejada de los problemas que se critican al sistema político.
Se trata de prácticas cuyo valor es demostrar en la práctica lo que se sostiene como aspiración en el discurso. El mismo movimiento y su hacer puede leerse como una respuesta al problema político.
Creo que tengo un sueño y espero se convierta en realidad. Creo que esta democracia paralela a la democracia establecida que es la que en el fondo formamos los movimientos sociales […] creo que ahí late una democracia, pero con muchos miedos, que está en muchas verdades, pero a la vez está sigue estando sometida por los miedos. Pero es una forma democrática, de hacer las cosas como a nosotros nos gustaría que fueran las cosas. Esa es la forma. (activista, Chiloé).
Sin embargo, esta respuesta está con cierta frecuencia sometida a la interrogante de la consistencia: hasta qué punto se es capaz de sostener de manera constante la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Por otra parte, la respuesta prefigurativa es inevitablemente tentativa e incompleta. Se trata de una respuesta que se va construyendo, por así decirlo, sobre la marcha y respecto de la cual no existe mucha claridad, pues ha emergido durante el proceso de movilización una especie de transformación progresiva, al parecer, germinal.
Las prácticas tienen un importante papel en este proceso de transformación. Elementos como el estilo asambleario o el contacto con una serie de otras organizaciones del territorio parecen necesarios para abrir el marco de comprensión de su acción hacia este tipo de contenidos que desbordan la lucha propiamente tal en la que están inmersos.
De alguna manera, ambas respuestas aparecen imbricadas y coexisten en el discurso de los participantes. Puede entenderse que las salidas que se plantean pasan por politizar la lucha tanto por arriba (en las instituciones) como por abajo (en el propio movimiento y en el territorio).
Lo que articula estos dos procesos es la emergencia de un horizonte de desarrollo común y local. Ese horizonte es denominado de varias maneras (soberanía, desarrollo local, etc.), pero es lo que funciona a la vez como clivaje, aspiración y propuesta.
No se trata de respuestas definidas, sino que están en constante transformación y reconstrucción. Es un marco de comprensión que está en movimiento y cabe preguntarse hasta qué punto esos cambios se explican por los actores y saberes que se van incorporando en el proceso que la misma trayectoria del conflicto dibuja.
7. ESQUEMA DE INTERPRETACIÓN
Lo descrito anteriormente puede esquematizarse de la siguiente forma, en la que se observa la configuración de tres discursos distintos.
Este cuadro resume los principales sentidos delimitados en el análisis anterior, organizándolos en tres discursos que llamaremos de oposición, alternativa y ruptura.
En el caso del primer discurso, se reconoce la existencia de la democracia en Chile, pero es una democracia corrupta. La política se entiende como el espacio de la negociación. Por lo mismo, las movilizaciones son una demostración de fuerza en el proceso de negociar.
La participación tiene por fin lograr que se responda a las demandas del movimiento, pero el movimiento no debe salirse de control, pues finalmente se trata de integrarse al sistema, en la medida en que las demandas sean satisfechas.
El horizonte de transformación es de corto plazo queda explicado en la demanda del movimiento. Las razones son de corte técnico-político. Las autoridades necesitan saber que están equivocados en su lectura de la situación y que el movimiento tiene fuerza para poder conseguir lo que busca. Se opone, pero dentro del mismo sistema.
El segundo discurso es el que se plantea como alternativa a lo existente. En este caso se reconoce la existencia de democracia, pero una democracia incompleta y de baja intensidad que no logra representar los intereses del territorio.
La relación con la política es de intentar su reinvención. No se sienten representados por la alternativa política existente y por lo tanto buscan su transformación profunda. Las ideas de autonomía y soberanía son importantes como orientación en la acción. Desde esos principios se busca la implicación que transforme la política y la democracia.
Se busca la participación que en el mediano y largo plazo tiene la forma de prefiguración, es decir practicar otra democracia al interior del propio movimiento.
El tercer discurso es el de la ruptura. En este, la democracia chilena es en realidad una dictadura, un sistema que está puesto al servicio de los poderosos. En la arena electoral, por lo tanto, no se juega nada, pues la política está dominada por el interés de quienes tienen el poder. Esto explica que el rechazo a la política institucional sea radical.
Los miembros de los colectivos movilizados deben resistir de diferentes maneras al modelo y no se concibe una salida en el sistema, sino el cambio de este en el largo plazo.
Estas tres posiciones nos hablan de diferentes imágenes de la democracia. Todas operan en relación con una posición que aparece solo como referencia y a la cual ellos se enfrentan de diversas maneras. Esta posición referencial se denota de diferentes maneras, pero en general aparece denominada como el sistema.
La democracia del sistema se define por el ejercicio electoral y se caracteriza por la poca capacidad de representar efectivamente a los ciudadanos.
Al incorporarse esa posición las diferentes visiones en torno a la democracia chilena pueden ordenarse como un tetralema, es decir, cuatro posiciones distribuidas en dos ejes y articuladas por relaciones de contradicción y complementariedad.
El tetralema es una representación esquemática de posiciones que deriva del cuadrado semiótico y que ordena los diferentes sentidos en torno a un eje principal y a un eje secundario.
La utilidad de este esquema es permitir complejizar dicotomías simples (por ejemplo: sí/no) que pueden abrirse hacia posiciones emergentes (por ejemplo: sí, pero no/ni sí, ni no) y hacia campos más amplios, operando con las contradicciones del discurso (Villasante, 2014).
En este caso, se proponen dos ejes:
a) un eje principal, donde se encuentra dos discursos que se reconocen mutuamente como legítimos;
b) un eje emergente, donde se encuentran discursos menos cristalizados o en formación.
En este caso, los tres discursos que sostienen los activistas son críticos de la democracia del sistema, pero el discurso de oposición es el único que reconoce la legitimidad de la democracia del sistema, aunque duda de su eficacia. La relación entre ellos es de negociación.
Los discursos alternativo y rupturista se encuentran en el eje emergente. En ambos casos, la carga de crítica a la democracia chilena es más alta y se entiende fuera del sistema, pero mientras el discurso reversivo apuesta a la participación, el discurso rupturista señala la exclusión y la resistencia como la manera de relacionarse con la democracia del sistema.
La participación planteada por el discurso alternativo no significa necesariamente integración. Por el contrario, se dan una serie de relaciones paradójicas con el sistema político, desde el rechazo hasta la implicación o el levantamiento de candidaturas que, desde fuera, buscan cambiar la democracia.
En este eje, y en ambas posiciones, se plantean la necesidad de transformar la democracia. En esa transformación las ideas de soberanía, autonomía y prefiguración aparecen como aspiración y como mecanismo de transformación. Son ideas de una profundidad que probablemente merezcan un análisis posterior para ser profundizadas.
En ese campo de transformación ambas posiciones suelen actuar en conjunto, aunque sus diferentes miradas respecto de la democracia del sistema los tensiona con cierta periodicidad.
También existe distancia respecto de quienes ven las movilizaciones como un proceso de mera negociación. En el caso de quienes están en un discurso reversivo, existe desconfianza hacia esos actores, pero admiten la posibilidad de establecer alianzas tácticas temporales. Quienes están en una postura rupturista, asumen que la cooptación es inevitable.
Aunque esquemático, este ordenamiento permite acercarse de manera comprensiva al proceso de politización del movimiento socioambiental chileno.
Lo que estos resultados sugieren es que el sentido de transformación democrática de los movimientos no está predefinido, sino que responde más bien a la manera en que el conflicto se desenvuelve.
Existe una diversidad de posturas que comparten la crítica al orden democrático chileno, pero no todas esas críticas conllevan a un intento de reinvención. Tanto las posturas que enfatizan la negociación como las que postulan una idea rupturista no parecen desarrollar un intento de reinvención. Estos intentos se encuentran con mayor claridad en las posturas que hemos caracterizado como alternativa.
Se trata, en todo caso, de un discurso en elaboración que conecta con las posturas más rupturistas en la idea de soberanía y de prefiguración, pero que difiere de estos en su disposición a reconectar con el espacio de la política institucional.
Esta rearticulación, aunque incipiente, significa un giro en la autonomización de la protesta y parece ser un fenómeno nuevo, que merecería un estudio más profundo.
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